Frustrante fue el nivel de abstencionismo que arrojó la contienda electoral. Un país donde vota sólo la mitad del electorado está enfermo de una falta de civismo grave. Colocar fin al binominalismo, con todas las injusticias que conlleva, se ha convertido en la punta del iceberg en las demandas de esa ciudadanía que se aleja de los partidos políticos y que se reflejó potencialmente en ese tercio del total de votos que consiguieron los candidatos alternativos a la Nueva Mayoría y la Alianza. 

Pero para inducir a un cambio en la correlación de fuerzas, que terminase de hecho con el binominalismo, se requería concurrencia masiva a las urnas y eso no ocurrió. Lo cual ha jugado a favor de la permanencia del orden establecido, que favorece solamente a las dos grandes coaliciones.

Durante la campaña, desde las candidaturas alternativas se formularon grandes ideas fuerza, como sustentabilidad, más regionalismo, desconcentración del poder y la riqueza, matrimonio igualitario, mayor fiscalización, reforma tributaria, educación pública gratuita, AFP estatal, recupero de un Estado conductor del desarrollo, expectativas todas que buscan cambiar de raíz las bases institucionales de Chile, partiendo por una nueva Constitución. La coincidencia transversal en un camino ciudadano, político y social de una Asamblea Constituyente ha dejado en la agenda una realidad: el nuevo gobierno, probablemente a cargo de Michelle Bachelet, deberá enfrentar esa gran demanda, pese a que la candidata trató de rehuirlo en sus escasas declaraciones pre-electorales. Por otra parte, la convocatoria a marcar el voto como AC, logró un estimado del 8% de los votos válidamente emitidos y no tuvo el éxito de instalar el hito que se pretendía, porque para ello deberían haber votado masivamente los jóvenes que pudieron debutar en estas elecciones pero se negaron a hacerlo.

Queda instalada la incógnita de esa mitad del electorado que vive en Chile, pero que no se involucra ni compromete en la vida cívica. ¿Adherirán el día de mañana a un plebiscito que quiera cambiar la Constitución? ¿Seguirá esa desidia por los temas comunitarios, colectivos, de sociedad?

En medio de la traumante realidad de un país que no abre espacios para entusiasmar a las nuevas generaciones a cumplir sus deberes cívicos, con la mitad más joven del país caminando las rutas del hedonismo, del individualismo y del consumismo; o bien en los límites de la legalidad, ligados al narcotráfico o al vandalismo nihilista, la sociedad chilena se descompone y se hace más violenta y discriminatoria, con estratos marcados que conducen en el mediano y largo plazo a una convulsión social de gran peligro.

Son demasiada las expectativas de mayor libertad en el ámbito de las personas, una mejor distribución del ingreso y las oportunidades, el término de política de secretismo y tráfico de influencias, derechos que se consagren en la carta magna del Estado, que el futuro gobierno, así lo pretendiere, no podrá contener en un dique de dilaciones o evasivas. Estará compelido a cumplir lo prometido y ello lo podrá lograr si la voluntad política y los intereses involucrados, atienden la presión social, que será mucho mayor y propositiva, pero menos manipulable porque de engaños ya está curtida.

En el mes que falta para la segunda vuelta los grupos alternativos bien podrían suscribir un acta ciudadana de compromisos sustantivos que se exigirá al nuevo gobierno como condición de apoyo, imponiendo un estilo directo de participación de la ciudadanía en la agenda política. Una herramienta a poner en práctica sería una ley que implemente la Iniciativa Legal Ciudadana, como forma de canalizar al Legislativo demandas de manera propositiva e institucional.

Periodismo Independiente, @hnarbona en Twitter.