No hay
dudas de que Chile es un país centralizado. Los recientes movimientos
ciudadanos de Aysén, Calama o Magallanes no son otra cosa que una manifestación
de ello: han acusado la absoluta supremacía que tiene Santiago para decidir
sobre sus presupuestos y recursos naturales, entre otros aspectos, versus la
casi nula posibilidad que tienen sus comunas y regiones para poder tomar decisiones
importantes sobre asuntos que afectan directamente en la calidad de vida de sus
habitantes.
Pero, ¿qué
tan centralizado estamos? Para medirlo usualmente tendemos a compararnos con
países europeos, del norte de América, con casos altamente descentralizados en
América Latina (Argentina, Brasil y México) y, últimamente, con la OCDE. Todos
ellos son aportes valiosos (de paso, Chile siempre utiliza las posiciones más
centralizadas). Sin embargo, ¿qué tan comparable es nuestro país con otros que
pertenecen a otros continentes, con trayectorias políticas, culturales y
sociales absolutamente distintas, o que tienen modelos federales?
Una
comparación algo más acorde con la historia política y características
socio-culturales de Chile puede ser con países como Colombia, Bolivia, Ecuador
y Perú. Pese a que son altamente diversos, todos ellos son estados
constitucionalmente unitarios con administraciones públicas descentralizadas
(al igual que Chile), y pertenecen a una misma subregión continental con
procesos políticos recientes que se han desarrollado en relativa simultaneidad:
todos vivieron dictaduras hasta los años 80 (excepto Colombia), recuperaron sus
democracias y comenzaron rápidamente un proceso descentralización con la
redemocratización de sus gobiernos locales (al igual que Chile).
Al hacer
esta observación, nuevamente Chile queda como el país más centralizado. A nivel
político es el único de los cinco países cuyas autoridades regionales aún no
son electas mediante votación directa por sus ciudadanos. También, es el único
caso donde el gobierno central puede remover a la máxima autoridad regional sin
justificación alguna. A diferencia de nuestro país, en Perú, Colombia y Bolivia
existen procesos de revocación popular hacia las autoridades subnacionales electas
democráticamente. Además, como parte del reconocimiento de la diversidad étnica
en Bolivia, Colombia y Ecuador, se pueden constituir unidades de administración
especiales para sus pueblos originarios con relativos grados de autonomía.
En el
ámbito fiscal, Chile es después de Ecuador el que tiene los presupuestos
subnacionales más reducidos como proporción del presupuesto del gobierno
general. Los GORE (Gobiernos Regionales) dependen casi en su totalidad de transferencias del gobierno
central ya que (01) no recaudan impuestos ni patentes (como sí sucede en
Colombia, y en menor medida Perú y Ecuador), y (02) salvo mínimas excepciones,
no les corresponden por ley impuestos relativos a la extracción de recursos
naturales e industrias en sus zonas, como sí ocurre notoriamente en Bolivia y
Perú. La escasez de ingresos propios y la alta dependencia de transferencias
desde la capital limitan tremendamente la autonomía presupuestaria de los GORE.
El modelo
centralizado en Chile quedó obsoleto. Ese es un diagnóstico altamente
compartido, tanto en esferas políticas, como académicas y ciudadanas. En
determinado momento tuvo sus justificaciones para constituirse como tal,
también sus réditos. Sin embargo, hoy no parece razonable (ni saludable)
mantenerlo. Necesita reestructurarse y parte de ello pasa por profundizar un
proceso de descentralización que de un tiempo a esta parte ha quedado,
simplemente, dormido.
Ahora bien,
¿por qué descentralizar? Porque la cesión de responsabilidad, recursos y
autoridad desde el gobierno central a las municipalidades y GORE acercaría las
decisiones políticas a las heterogéneas necesidades de la población. Ello
además incentivaría procesos de accountability y participación ciudadana, entre
otros. Sin embargo, la instauración de un modelo más descentralizado que el
actual no garantiza por sí mismo que esto se alcance. El qué y cómo se
descentraliza importa, y mucho. Por lo mismo, vuelve a ser relevante observar
otras experiencias, en especial la de los países citados. Ellos nos llevan años
de ventaja. Sus dificultades, fracasos y éxitos pueden ser más que útiles a la
hora de iluminar un camino que tarde o temprano nuestro país recorrerá. Cuando,
idealmente, Santiago deje de ser Chile.
Esta columna fue
publicada originalmente en www.cooperativa.cl
Leer versión extendida
de este estudio en:
Comentarios
Respecto a la regionalización, existen en cada capital regionallos representantes de cada Ministerio denominados Secretarios Ministeriales que son sus representantes y el Intendente que representa la figura del Presidente de la República.
Estoy de acuerdo. El centralismo es parte de nuestro ADN republicano, trascendiendo las barreras del mundo propiamente político y transformándose en una característica más bien cultural. Por lo mismo, el centralismo tampoco se puede cambiar por decreto, sino que será un proceso largo y lleno de obstáculos.
Sin embargo, a modo personal, creo que una vez que los Consejeros Regionales sean escogidos democráticamente, se desencadenará un proceso de profundización de la descentralización a nivel regional. Asumo que tal como pasó con las municipalidades (que al poco tiempo de volver a la democracia, se unieron en la Asociación Chilena de Municipales y juntas presionaron con relativo éxito al poder central), las regiones podrán trabajar más unidas, generar más lazos, capacidades y seguramente alcanzar mayores grados de descentralización. Creo que si bien esa reforma no es para nada suficiente, sí implicará un punto de partida desde donde se desarrollaría de manera más exponencial este proceso.
Por si es de tu interés te dejo un artículo que habla sobre las barreras que hoy existen en el mundo político contra la descentralización en Chile: http://www.sociedadyutopia.es/images/revistas/39/E2.pdf
Un abrazo
Y es que erróneamente nos estamos centrando en apagar el fuego (dar respuesta a la contingencia generada por los movimientos ciudadanos) y no extinguir el origen de las llamas (la organización de poderes y administración de regiones).
Pero no veo culpables directos, ni políticos ni “santiaguinos”, es simplemente que –y como bien mencionas- es lo que hemos heredado de la historia, y mientras no viéramos con claridad que existen alternativas nos conformábamos con nuestra realidad.
La coyuntura es perfecta para introducir un cambio a nuestra administración regional: existe el beneplácito de la sociedad y contamos con válidas referencias para cuajar un nuevo modelo.
¿Cómo damos el primer paso?