Una de las reformas constitucionales propuestas en el Pacto por
México, es el relativo al artículo ochenta y tres, mediante el cual en primera
instancia, busca reducir el lapso tan largo entre la fecha de la jornada electoral (primer domingo
de julio) y la toma de posesión del presidente electo (primero de diciembre), que actualmente es de cinco meses.
En la Iniciativa que ha presentado el
diputado priista Manuel Añorve Baños, propone que el presidente electo entre a ejercer su encargo el primero
de octubre, -esto es, dos meses antes de lo establecido actualmente- y para
sostener su propuesta señala las principales ventajas de adelantar/reducir ese tiempo de espera:
1. Facilitaría
el proceso de transición al reducir el periodo de convivencia de un gobierno
saliente y uno entrante; 2. Ayudaría al relevo en la
administración (en cuanto al costo económico de una transición tan larga como
la actual). 3. Evitaría riesgos de estabilidad política (polarización). 4. Se
abre la posibilidad de reformas colaterales, como la entrega y discusión del
Presupuesto de Egresos antes de diciembre, en razón de que la asunción en el
cargo sería como ya se mencionó el 1 de octubre.
Según mi
apreciación el asunto medular no es el “lapso de tiempo” veamos.
Actualmente se
dispone que la presentación del paquete económico debe hacerse a más tardar el
15 de diciembre; empero, -señala el diputado- “nos encontramos con que el
Congreso concluye sesiones el 31 de diciembre”. Tal situación reduce el tiempo
del presidente prácticamente a quince días para presentar su proyecto e implica
que el Congreso de la Unión tenga únicamente 15 días para cumplir sus
atribuciones. Es evidente que se abdica de un examen minucioso, completo y
responsable.
5. Se garantiza el
funcionamiento pleno de la administración pública federal, se posibilita que el
presidente constitucional saliente pueda presentar su último informe al
Congreso de la Unión, que el entrante cuente con tiempo suficiente para
elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos y que
el Congreso de la Unión tenga el tiempo necesario para desarrollar sus
funciones y una discusión y aprobación serena y objetiva de éstos.
Y 6. Una vez
teniendo presidente electo, en el lapso de dos meses, tras la jornada
electoral, se dispondría de un mes para el periodo de transición, tiempo
suficiente para una entrega-recepción ordenada.
Sostiene el
diputado (y coincido con él) que una desventaja con el actual lapso resulta
perjudicial para la buena marcha de la administración: el que está en funciones
ya está en franca retirada y el electo no incide porque aún no asume el cargo.
La disyuntiva entre el que todavía no se va y el que aún no toma las riendas
constituye un nivel de riesgo que se debe aminorar.
Ahora no debemos olvidar que el
Presupuesto de Egresos de la Federación, además de ser un tema económico, y
político que más atención genera entre los Poderes, siempre están latentes las
tensiones ya que se trata nada más y nada menos del cálculo de gastos que se tienen previstos para
el ejercicio fiscal del año siguiente, así como
la estabilidad del Estado de Derecho. Poca cosa verdad?
Y como dijera el ex diputado panista Gerardo
Buganza Salmerón, “materialmente es un decreto de carácter administrativo y de
control político por parte de la Cámara de Diputados”.
Luego entonces,
si bien pareciera que solo se pretende “reducir tiempo”, entre el presidente
saliente y el presidente recién electo ya vimos que no es tan simple el asunto.
¿Se aprobará la
reforma? Veremos.
@CPEREZZ001