Iniciaba el sexenio de Felipe Calderón cuando éste le propuso al Partido Revolucionario Institucional (PRI) un Gobierno de Coalición, (el PAN no obtuvo mayoría en el Congreso), sin embargo el argumento que los priistas sostuvieron para no apoyar tal propuesta fue “porque no estaba normado en la Constitución y porque iba a ser un “gobierno de facto".

Hoy, con el apoyo del PRI, PAN y PRD, el compromiso número ochenta y siete del Pacto por México señala: “Se impulsará una reforma constitucional para otorgarle al Presidente la facultad constitucional de optar entre gobernar con minoría política o gobernar a través de una coalición legislativa y de gobierno. En este caso, el Presidente y su partido construirán un acuerdo con una o varias de las fuerzas opositoras en el Congreso para conformar una mayoría estable para que ratifique lo siguiente:

Un programa de gobierno que garantice su ejecución integral o los puntos coincidentes que hayan acordado las fuerzas políticas coaligadas. Una agenda legislativa que se convierta en preferente por la fuerza mayoritaria de la coalición legislativa y en soporte del programa de gobierno. Y un gabinete de coalición ejecutor del programa de gobierno”. (sic).

Al respecto, Josep M. Reniu Villamala, (Profesor de la Universidad de Barcelona), en su artículo: “Los gobiernos de coalición en los sistemas presidenciales de Latinoamérica. Elementos para el debate” explica algunos “pros y contras” de un gobierno de coalición:

A favor:

ü  Fortalecen el sistema democrático;

ü  Influyen en la consolidación de una opinión pública favorable al respeto por la diversidad, la tolerancia, la solidaridad, el consenso, la integración, la confianza y el gobierno compartido;

ü  Se comparten responsabilidades de gobierno con otras formaciones políticas;

ü  Se amplia la base social del gobierno.

En contra:

ü  La identificación de supuestas irregularidades que conlleva el establecimiento de acuerdos interpartidistas, en un continuo que va desde la traición a la voluntad expresada por los electores (en el caso que el partido más votado –o con más escaños– quede fuera del ejecutivo);

ü  El argumento que incide en que la formalización de un acuerdo es un claro ejemplo de debilidad política, de incapacidad de llevar a la práctica el programa político propio del partido ganador;

ü  El chantaje político al que algunos partidos “bisagra” pueden desempeñar;

ü  La conclusión a la que llegan los detractores de los gobiernos de coalición es que estos

             generan más inestabilidad política.

La verdad es que la situación que vivimos actualmente obliga a los partidos políticos a hacer gobiernos más factibles, pero…. ¿Habrá la necesidad de una reforma constitucional o simplemente es cuestión de entendimiento? ¿Ausencia de voluntad política? ¿Podrá el Congreso evitar caer en la tentación de la parálisis legislativa? Hasta el momento no.

Si bien el pacto nos deja ver algunas ideas principales en el tema, al parecer no se han presentado iniciativas en el Congreso a este respecto, sin embargo, habrá que estudiar las variables a considerar, según lo que se pretenda llevar a cabo, por ejemplo: ¿En qué fórmula de coalición se está pensando legislar? ¿Coaliciones de gobierno? ¿Coaliciones de reforma? ¿Presidencialismo de Coalición? ¿Gabinete de Coalición estricto? ¿Coalición o Pactos de Gobierno? ¿Cuál deberá ser el momento para coaligarse, preelectoral, postelectoral o mixto? ¿Está considerado el número de partidos que podrán formar el Gobierno de Coalición? ¿Tomarán en cuenta la correlación de fuerzas parlamentarias entre los partidos coaligados? ¿Deberá haber un mínimo de ideología entre Gobierno y partidos? En fin, en el presente tema por el momento existen más preguntas que respuestas.

Habrá que seguir atentos.