No
es nuevo. Estaba previsto en el Pacto Por México dentro de los acuerdos para la
gobernabilidad democrática, específicamente en el compromiso número noventa:
“Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única,
que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y
municipales.”
Desde
la reforma política del dos mil siete, ya se veía venir una “cirugía mayor”
cuando buena parte de los partidos políticos (excepto Acción Nacional), querían
desaparecer de un plumazo a los institutos electorales locales. A la vuelta de
seis años curiosamente es el PAN quien pone en la mesa de los legisladores la
propuesta.
Lo
más destacado:
1.-
La creación del Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituiría al
Instituto Electoral Federal (IFE), y a los 32 organismos locales equivalentes,
el cual gozará de autonomía constitucional y se integraría por diez
comisionados y un presidente electos por una terna propuesta por expertos en la
materia, quienes serían la autoridad responsable de organizar la celebración de
los comicios para elegir a los representantes a nivel federal, y local, con
facultad para fiscalizar la procedencia y destino de todo tipo de recursos
utilizados por los partidos políticos y sus candidatos, con el propósito de
evitar casos de financiamiento paralelo durante las campañas políticas y el
rebase en los topes de campaña. (Ejercida por su Consejo General) 2.- La
facultad del Senado para (a petición de las legislaturas locales o a instancia
propia), desaparecer a los órganos electorales locales, y en consecuencia
recomendar al IFE la realización de una determinada elección cuando se acredite
parcialidad o colusión con intereses de partido o de gobiernos locales. 3.-
Homologación de criterios judiciales. (Otorgamiento de facultades al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a fin de que sea la
autoridad responsable de resolver controversias que se susciten en los procesos electorales. 4.- Nulidad de
la elección y destitución del cargo, inhabilitación del candidato para la
elección de que se trate, cuando el rebase se acredite una vez concluido el
proceso electoral. 5.- Segunda vuelta electoral para elecciones presidenciales
y de gobernadores. 6.- Reelección legislativa y de autoridades municipales. 7.-
Fiscalización anticipada y durante la campaña de todos los recursos que
dispongan los partidos y sus candidatos. 8.- Pérdida de la candidatura y del
registro para el partido en caso de que rebase los topes durante la campaña 9.-
Obligación de los partidos políticos de revelar posibles conflictos de interés
de los candidatos por su relación con poderes económicos relevantes. 10.-
Nuevos tipos penales y sanciones severas a la compra y coacción del voto. 11.-
Revocación inmediata de la concesión de radio y televisión cuando el medio
intervenga ilegalmente en campañas electorales 12.- Flexibilización de la
entrega y sustitución de promocionales de radio y televisión, (Celebración
obligatoria de debates en todos los niveles de la competencia electoral). 13.-
Sanción penal por la transmisión de propaganda o publicidad encubierta. 14.-
Obligación de los encuestadores de publicar y revelar la metodología y las fuentes
de financiamiento y potenciales conflictos de interés con partidos, candidatos,
gobiernos o intereses económicos o mediáticos. 15.- Autonomía constitucional de
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, cuyo titular
deberá ser nombrado por el Senado de la República, al Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y a la Fiscalía Anticorrupción
para castigar el uso de programas y recursos públicos por parte de servidores
públicos. 16.- Gobiernos de coalición, inclusión de la figura del jefe de
Gabinete; ratificación congresional de todos sus integrantes y aprobación de un
convenio programático por ambas cámaras. 17.- Creación de circunscripciones
indígenas, para garantizar la representación en el Poder Legislativo. 18.-
Eliminación del fuero o inmunidad para todos los representantes que hoy gozan
de él, incluido el presidente de la República. 19.- Ley de Partidos Políticos
que norme con certeza y seguridad jurídicas los procesos de toma de decisiones
y los derechos de los militantes. 20.- Sesiones de control semestrales en las
que el Presidente y su gabinete deberán comparecer ante ambas cámaras
legislativas a debatir sobre su desempeño y a discutir la agenda.
Respecto
del tema señalado con el número uno, (INE), existe coincidencia por parte de
analistas, académicos, expertos en la materia y partidos políticos en un
reconocido desgaste de las instituciones electorales (Que desde mi punto de
vista, hasta cierto punto es natural), ¿a quién atribuirle tal decadencia’ ¿a
la institución en sí? ¿A la forma como fue creada? ¿Estuvo tan mal diseñada
como para querer desaparecerla y crear otra con iguales facultades,
competencias pero con nuevo nombre? ¿No merece ningún reconocimiento o mérito
el IFE, ni tampoco a ninguna de las 32 autoridades de las entidades
federativas? ¿Dónde se puede consultar el estudio serio que arroja la
conclusión que obliga su desaparición? ¿Desde qué periodo se consideró tan
análisis, desde 1990?, ¿desde la alternancia en el 2000, desde la polémica
elección del proceso electoral 2006 o a raíz del caso monex? ¿A quién
atribuir semejante ruina? ¿A quienes lo
integran? ¿A los consejeros electorales?
¿No
será que una buena parte del problema radica en la manera como se eligen a los
consejeros electorales y no tanto en el IFE como tal? ¿Qué pasaría si hubiera
una nueva propuesta que coincidiera en desaparecer al IFE y que fueran los
institutos electorales locales quienes se encargaran de organizar, desarrollar
y vigilar las elecciones federales de acuerdo a su circunscripción? ¿Se tomaría
en cuenta? O ya está decidido.
Otra
cuestión sería, que por ley los consejeros electorales a la hora de emitir el
sentido de su voto se vean obligados a fundar y motivar el mismo, para apreciar los motivos que lo conducen a
votar en uno u otro sentido y no nada más se limiten al fastidioso “a favor”
¿Los
consejeros que integran a los institutos federal y local ¿en verdad son
conocedores de la materia o son electos como parte de coyunturas políticas
entre los partidos? ¿Pago de cuotas y de
cuates? Al respecto ¿qué postura van a fijar los consejeros presidentes? Al
parecer están de acuerdo pues no se vislumbra lo contrario.
Coincido
que México debe avanzar en temas que nos urgen a todos, pero mientras los
partidos no reconozcan su corresponsabilidad por el desastre en el que nos
encontramos el camino será más largo y tortuoso.
@CPEREZZ001