Todo parece indicar que en México existe la perniciosa tradición de destinar/ manipular los programas sociales a captar o conservar clientelas políticas. Tentación que invita a la clase política sin excepción.

Lamentablemente veo lejano el momento en que una buena parte de los mexicanos puedan ejercer a conciencia su derecho al sufragio, todavía hoy, el electorado tiene que comprometer su preferencia a cambio de la promesa de recibir apoyo social si vota en un sentido, o en su defecto tener que ejercer el voto con el miedo/amenaza de perder los beneficios del programa al que están inscritos si no lo hacen.

Y como parte de una fastidiosa película que se repite cada tres y seis años, nos toca ser testigos mudos de los “grandes esfuerzos” por parte del gobierno y los partidos para celebrar, eso sí, con bombo y platillo acuerdos con el objeto de intentar desarraigar esta vieja práctica que tanto lastima a nuestra democracia.

Por ejemplo, cómo olvidar el polémico acuerdo de neutralidad política, el programa de educación para el ejercicio del voto libre y razonado (implementado en su momento por el Instituto Federal Electoral), o el blindaje electoral y de fortalecimiento de la Contraloría Social, el pronunciamiento por la legalidad y la transparencia a cargo de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, la evaluación de transparencia de las dependencias federales a cargo del  Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el programa de blindaje electoral del gobierno federal implementado por la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal, o también el ABC de los servidores públicos en relación con las elecciones, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), bla, bla, bla.

Ahora para estos tiempos electorales donde catorce Estados de la República están llevando a cabo sus comicios, las principales fuerzas políticas han firmado un acuerdo en la modalidad de addenda en el vapuleado Pacto por México, y ahí se han comprometido a cuestiones que ya están previstas en el Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) así como en las leyes electorales estatales del país. Es decir, ¿Acordaron cumplir la Ley de la materia? Tache.

Ahora se comprometieron, (según explica el boletín de la SEGOB) a poner (¿?) su voluntad política para lograr que todos los órganos de gobierno tomen las acciones necesarias para que en ninguno de los procesos electorales que están en marcha ni en los comicios del siete de julio próximo, se produzcan acciones que menoscaben la integridad y limpieza del voto. (Por ejemplo, previsto en el COFIPE, articulo 4 número 3). Convocar y promover la participación de observadores electorales nacionales e internacionales en los procesos electorales del 7 de julio. (Previsto en las Leyes Electorales, y  COFIPE,  Articulo 4 número 4). Repudiarán (¿?) cualquier acto ilegítimo o ilegal que realicen autoridades de cualquiera de los órdenes de gobierno, sin importar su origen partidario, y harán lo necesario para prevenirlos y, en su caso, castigarlos….. (¿Ahora serán juez y parte? ¿Y las autoridades que ya se encargan de eso que harán entonces?) Adelantarán la entrega de apoyos y subsidios conforme lo permitan los recursos disponibles, para realizarse 45 días antes de las elecciones. (En la práctica ya se hace). Proponer (¿?) a los Gobernadores y Alcaldes un acuerdo que los comprometa a abstenerse de realizar entregas de apoyos gubernamentales en los 45 días previos a las elecciones. (Previsto en la Leyes electorales, solamente que no es propuesta sino obligación).

Me pregunto: ¿Se les habrá olvidado a los firmantes, el primer artículo del COFIPE y las leyes del país mandatan que sus disposiciones son de orden público? (lo que quiere decir que son irrenunciables, precisamente por el interés de la sociedad en su observancia y aplicación, y que de ninguna manera puede ser alterado por la voluntad de los individuos) ¿Acaso perderían de vista que sus disposiciones son de observancia general en el territorio nacional? ¿Nadie les ha dicho que las autoridades federales, estatales y municipales deberán apoyar y  c o l a b o r a r para llevar a buen puerto elecciones más democráticas y menos cuestionadas, y que conllevan corresponsabilidad en ello? De verdad, no recuerdan que las campañas de promoción del voto también les corresponde llevarlas a cabo ¿POR LEY? 

¿Que no será mejor que todos, gobierno, partidos, candidatos, conduzcan su conducta y actividades dentro de los cauces legales a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos? Por cierto, también previsto en las leyes electorales de todo el país o ahora…….. ¿Vamos a firmar acuerdos para cumplir con lo que mandata la ley de la materia? 

@CPEREZZ001