Apenas el jueves dieciocho de abril, la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de diputados publicó (en su anexo número diez), un dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se propuso la reforma a la fracción primera del párrafo noveno del artículo 27 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propiedad para extranjeros, para que puedan comprar inmuebles y terrenos en playas mexicanas.

En la actualidad la fracción I del citado numeral mandata: “Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaria de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras  y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.”

Al respecto y en apoyo a la iniciativa, los integrantes de la Comisión dictaminadora, argumentaron la necesidad de actualizar a la realidad social y económica el texto de la Constitución, debido a que las circunstancias que llevaron al Poder Constituyente a limitar que los extranjeros adquirieran tierras y aguas en las fronteras y playas habían sido superadas. Sostuvieron que la razón de ser de la zona prohibida era sólo histórica y en consecuencia la prohibición que la afecta ha dejado de tener vigencia y contenido práctico pues en la actualidad, la suscripción de Tratados Internacionales y la inclusión de nuestro país como integrante de Organismos Internacionales, así como del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, entre otros, dan a México la garantía legal y política en el ámbito del derecho internacional público, de que la inversión extranjera en la zona referida no representará un riesgo para nuestro país. (sic).

Por su parte los proponentes, dejaron claro en su iniciativa que la compra de terrenos en la playa y la adquisición de tierras en la franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas por parte de extranjeros, se condicionaría a lo siguiente:

Primero. Que el uso de las tierras sea destinado para viviendas única y exclusivamente. Segundo. Que no tenga un uso comercial o, en su caso, industrial o agrícola, o cualquier otro que implique explotación económica directa o indirecta, que derive en un uso distinto a la vivienda o casa habitación. Tercero. Que el extranjero deberá convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los términos de la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 constitucional. Cuarto. En caso de que las tierras sean destinadas a un uso distinto al de la vivienda, la ley establecerá los procedimientos para que el extranjero pierda los bienes adquiridos en beneficio de la nación.

Argumentaron que modificar tal prohibición traería los siguientes beneficios:  

a) Tener certeza respecto de la inversión extranjera en vivienda, (hoy en día existe un número importante de propietarios extranjeros que mediante la figura del fideicomiso, poseen inmuebles para residencia plena o retiro en la faja territorial precisada).

b) Impacto en los ingresos tributarios de los Municipios, ya que al tener la propiedad los extranjeros de las tierras para uso habitacional, podrán recaudar las contribuciones a que se refiere el artículo 115, fracción IV Constitucional.

Aunque el resultado de la votación fue de 356 votos a favor, no todos estuvieron de acuerdo pues 119 diputados votaron en contra y hubo 2 abstenciones, por ejemplo, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara estableció que la propuesta significaba “hacernos esclavos en nuestra propia tierra”. El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano), manifestó mediante voto particular, su extrañeza por la celeridad con la que se aprobó la propuesta “para efectos de  favorecer los intereses de los extranjeros por encima de los intereses nacionales” y que bastaba ver la Iniciativa Mérida, “que ha funcionado como un ariete para institucionalizar y legalizar la intromisión descarada de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, predominantemente las de carácter militar”.

También el diputado perredista Roberto López González señaló: “Hoy se están manifestando como simples vendedores del país y quienes no compartimos esa posición lo menos que podemos hacer es venir a expresarlo, para pedirles que votemos en contra de este dictamen”. “El país no está en subasta” expresó el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD), toda vez que la reforma rompe con el principio histórico de la zona prohibida dijo. 

De inmediato, en la plataforma Change.org se publicó una petición creada  por “las playas no se venden” dirigida a los Senadores de la República, para exigirles que no ratifiquen la propuesta de los diputados y así evitar que las playas mexicanas sean vendidas a extranjeros.

En su página: https://www.change.org/es-LA/peticiones/senadores-de-la-rep%C3%BAblica-mexicana-que-las-playas-mexicanas-no-se-vendan-a-extranjeros. (Para firma), resaltan que México tiene aproximadamente 11,000 km de litoral, 10 millones de hogares en EEUU tienen más de 1 millón de USD (http://bit.ly/Zrh6Zy).

Si tan solo 1 de cada 20 millonarios estadounidenses compra una casa con 22 m de frente a la playa, ningún mexicano podrá volver a ver el mar. Y más adelante señalan: “El suelo mexicano, sólo debe ser de los mexicanos, el litoral nos pertenece a todos y debe ser propiedad pública. Además debe haber muchas zonas litorales que aun no han tenido el estudio pertinente para convertirse en reservas que con dicha propuesta podrían ser exterminadas. No me gustaría darles comodidades a quienes ni siquiera pueden firmar un tratado migratorio decente y abusan del poder para mantener a México pobre. ¡¡No a la privatización de playas!! ¡¡México no se vende!!

Siete días después de la publicación del dictamen por los diputados, la petición contaba con un total de 9 mil firmas cuyas manifestaciones respecto al tema son: “Las playas mexicanas son de los mexicanos”. "No quiero playas privadas en mi propio país”.

Finalmente, la redacción de la reforma a la fracción I. del párrafo noveno del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone quedaría de la siguiente manera:

“Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, los extranjeros por ningún motivo podrán adquirir el dominio directo sobre las aguas, en el caso de las tierras, podrán adquirirlas cuando sean exclusivamente para uso de vivienda sin fines comerciales, para lo cual deberán convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos descritos en esta fracción.”

Quedan pendientes por conocer en la ley reglamentaria de la presente reforma constitucional, los detalles y procedimientos específicos del tema. Por ejemplo, ¿Cuantos kilómetros de tierra podrán ser vendidos a extranjeros cómo máximo a lo largo de las fronteras y playas de nuestro país? ¿Cuántos terrenos de uso habitacional podrá adquirir cada extranjero? Ante una oferta de demanda por la compra ¿Tendrá derecho de preferencia el ciudadano mexicano por nacimiento o naturalización ante capital extranjero? ¿Cómo será el procedimiento cuando la tierra se destine a un uso diferente del que se compró para efectos de que el extranjero pierda su tierra en beneficio de la nación?

Lo anterior, lo sabremos solamente si el Congreso de la Unión, “auto-cumple” con el artículo segundo transitorio, relativo a adecuar el marco jurídico conforme a la iniciativa, ya que muchas de las veces los señores legisladores incumplen sus propios mandatos provocando graves vacios legales.

Y usted amable lector. A favor o en contra?

@CPEREZZ001