Podemos decir que el tema se ha abordado con preocupación y seriedad por el Ejecutivo Federal, quien de manera casi inmediata (el diez de diciembre) presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la iniciativa de Decreto que reforma los artículos 3º, fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV; y se adiciona la fracción IX al mismo numeral 3º, ambos de nuestra Ley Suprema.

Pero, ¿Qué se propone en esta reforma? Veamos:

1. Dotar de autonomía plena al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y consolidar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, afianzando un procedimiento de evaluación integral, equitativo y comprensivo, adecuado a las necesidades y contextos regionales de cada entidad federativa. Se medirá imparcialmente el desempeño de los maestros.

2. Autonomía de gestión de las escuelas, con el objetivo de mejorar su infraestructura, resolver problemas de operación básicos, y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.

3. Escuelas de Tiempo Completo, con jornadas de entre seis y ocho horas diarias, y el mandato de aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico. En las escuelas que más lo necesiten, se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales.

4. Computadoras portátiles con conectividad para todos los alumnos de quinto y sexto grado de primaria en escuelas públicas, con el fin de promover la alfabetización digital, adecuando los contenidos educativos al uso de tecnología y capacitando al personal docente.

5. La oportuna creación del Servicio Profesional Docente, estableciéndose un sistema de concursos con base en méritos profesionales y laborales para ocupar las plazas de maestros nuevas o las que queden libres, además se construirán reglas para obtener una plaza definitiva, se promoverá que el progreso económico de los maestros sea consecuente con su evaluación y desempeño, y se establecerá el concurso de plazas para directores y supervisores.

6. Fortalecimiento a la educación inicial de los maestros, para impulsar la profesionalización de la educación de los mismos, apoyando a las Escuelas Normales para que impartan una educación de excelencia, aprovechando los conocimientos y el capital humano de las universidades públicas del país.

7. Incrementar la cobertura en educación media superior y superior, se asegurarán los recursos presupuestales necesarios para incrementar la calidad y garantizar la cobertura en al menos al 80% en educación media superior y en al menos 40% en educación superior.

Y por último, 8. La creación del Programa Nacional de Becas para alumnos de Educación Media Superior y Superior. De igual forma, se impulsará un programa piloto de “beca-salario” en tres estados de la República para evaluar su eficiencia, impacto en la deserción y el aprovechamiento escolar que permita determinar el modelo más adecuado para generalizarlo gradualmente al resto del país.

Sin duda alguna, resulta ser una propuesta integral, y vale la pena mencionar que hasta este momento ha sido aprobada por diecisiete estados de la República.

La gran mayoría de los puntos que pretende la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto, me parecen necesarios y urgentes. Sin embargo, me quedo con una sola inquietud y es la relativa a la manera en cómo se integrará la Junta de Gobierno y la Presidencia del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Dicha Junta se integrará por cinco miembros con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto, lo que me parece lo más correcto, pero… ¿Porqué los miembros serán designados por el Ejecutivo Federal?…

Tal vez hubiera sido mejor, si en lugar de ser designados en los términos previstos en la iniciativa, la integración de esa Junta de Gobierno, se hiciera (por mencionar algunos organismos sobresalientes), a propuesta de una comisión compuesta por la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), cuya finalidad es la de formar profesionales de la educación en licenciatura y posgrado, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), la cual proporciona información de los beneficios de los programas educativos, y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

El mensaje al exterior pudiera ser de mayor legitimidad y seguramente se evitarían suspicacias en cuanto a su integración, sustituyendo la palabra designación por propuesta.

De igual manera, pienso que sería más sano que el presidente de esa Junta fuera electo mediante voto secreto por los integrantes de ese colegiado y no a designación del Ejecutivo Federal.

Lo anterior fortalecería de manera significativa su naciente autonomía.

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