A casi cuatro años de que se aprobara la penúltima reforma constitucional en materia electoral en el mes de noviembre del año 2007, el senador perredista Armando Ríos Piter, pone el dedo en la llaga y retoma uno de los temas más relevantes de esa reforma y que desde entonces y hasta la fecha se quedo durmiendo “el sueño de los justos”.

Somete y pone a consideración de la asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, cuya relación tiene que ver con el artículo 134 de nuestra ley suprema.

Nos queda clara la discrecionalidad y abuso que ha venido ejerciendo el poder político en nuestro país respecto de la propaganda gubernamental cuando en todo momento intenta y pretende resaltar y  promover logros, cualidades o de plano la promoción de su persona logrando un posicionamiento e incidencia ante la opinión de la ciudadanía con el objetivo –seguramente- de  contender y ganar en procesos electorales futuros.

El actual senador pone como ejemplo de esa discrecionalidad a la actual administración y señala por ejemplo, que durante el año 2007  se presupuestaron  643 millones de pesos y se ejercieron  1,771 millones;  para el año siguiente se presupuestaron 998 millones pero se ejercieron 3,461 millones de pesos, en el año 2009 se presupuestaron 2,112 millones y se ejercieron 5,183 millones de pesos.

En otras palabras, durante 2009 el gasto de Comunicación Social  y Publicidad del Ejecutivo Federal aumentó, 501 por ciento respecto a lo que  gastó la administración anterior en su último año. El gasto ejercido para 2009 fue de 145 por ciento mayor a lo que se había presupuestado para ese mismo año y 49% más de lo que se gastó durante 2008.

Nada más con los datos anteriores que presenta en la exposición de motivos de su iniciativa el senador Ríos Piter, considero la urgente necesidad de aprobar la ley que desde hace unos días pone en la mesa el legislador y donde señala que los recursos publicitarios se asignen tomando como base criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos, evaluando los diversos factores, como el perfil del público al que se destina la campaña, y los precios o la audiencia del medio respectivo.

En palabras de la Asociación por los Derechos Civiles, la publicidad oficial  debe entenderse  como un canal de comunicación entre el Estado y los ciudadanos, y debe ser clara, fácil, útil relevante para el público, pero sobre todo O B J E T I V A. 

La publicidad gubernamental no debe promover explícita o implícitamente, los intereses de ningún partido, ni del gobierno.

Bien por el Senador Ríos Piter.

Ojalá haga un buen cabildeo con sus pares, y logre la aprobación de su propuesta, pues de esta manera, se daría inicio a uno, de los muchos “usos” y abusos del poder.

@CPEREZZ001