El Estado de México, Jalisco, Coahuila, Puebla, y Yucatán, fueron los estados donde se presentaron mayores irregularidades el día domingo primero de julio.

Así lo dio a conocer la organización ciudadana, Alianza Cívica, a través de su boletín de prensa, dos días después de la jornada electoral, y que se encuentra publicado en su página oficial: http—www.alianzacivica.org.mx

Con la participación de más de quinientos observadores legalmente acreditados ante el IFE, estuvieron presentes en veintiún estados de la república, entre ellos Querétaro, con resultados muy interesantes, pero a la vez preocupantes.

Mencionaré las estrategias que más llamaron mi atención:

De la encuesta de percepción ciudadana que realizó la organización, para conocer si había o no compra, coacción del voto, inseguridad o violencia, el día del sufragio, el 18 % de los 3,158 encuestados, dijeron conocer a alguien que fue presionado para ir a sufragar.

Se reportaron estas prácticas, sobre todo de presión y coacción en 21% de las casillas, donde la irregularidad consistió en que fueron utilizados niños que acompañaron a votar a varios ciudadanos en diferentes ocasiones, situación que ocurrió en tierras mexiquenses, así como en los estados de Chihuahua, Jalisco y Sinaloa.

Además de que había personas que llevaban consigo una lista de votantes, que palomeaban quienes asistían a votar, -haciendo otra forma de presión- de los cuales el 71% fue a favor del PRI-PVEM, 9% a favor del PAN y 3% a favor del PANAL.  

Se detectó que los partidos políticos, probablemente dieron instrucciones, ya fuera, a sus representantes o a personas de esos partidos para que permanecieran colocados detrás de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, para efectos de lograr una estrategia de intimidación hacia los funcionarios electorales.

Tanto el PRI como el PVEM, colocaron a más de tres personas, mientras que Acción Nacional lo hizo con dos  y el PANAL con uno solo.

En los veintiún estados donde tuvo presencia esta organización,  manifiestan que hubo acarreo de votantes en el 14% de las casillas observadas, incurriendo con esta conducta en un delito electoral

Y es que, concluye esta organización, que las prácticas antidemocráticas de compra y coacción del voto, se deben principalmente, a la desigualdad social, pues en el país, según el Coneval 2010, existen 52 millones de pobres, mientras que 11.7% tienen pobreza extrema.

En manos de este nuevo gobierno, está la obligación de poner especial atención en lo señalado, por Alianza Cívica, y en difundir aún más, la concientización de los ciudadanos de que debemos avanzar en la consolidación de nuestra democracia, para que en futuras elecciones no pueda  acusársele a ningún partido de compra y coacción de voto, como sucedió en este proceso electoral