No logro comprender por qué las personas se crispan tanto cuando Andrés Manuel López Obrador, -AMLO- ha manifestado su decisión de ejercer el derecho que la ley le otorga para solicitar el “voto por voto casilla por casilla” al sostener que ha encontrado irregularidades en 113 mil 855 casillas de las 143 mil instaladas el domingo primero de julio, esto es, el 79.5% de los centros de votación.

Aunque creo que el asunto no nada más debiera ser por el recuento de votos, me explico:

¿Usted ejercería el mismo derecho que hoy la ley de la materia le reconoce a Andrés Manuel, si hubiera sido contendiente por la presidencia y tuviera conocimiento y pruebas de que el día de la jornada electoral, el Partido “Verde” (PV), estuvo pidiendo el voto para su candidato Peña, a través de llamadas telefónicas en casas particulares de los electores, además de haber estado enviando mensajes a teléfonos celulares, cuando el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales –COFIPE- ordena el cese a cualquier difusión de propaganda?

Si se percatara de que en todo momento existió pleno consentimiento de propietarios y directivos de las casas encuestadoras para que durante noventa días ininterrumpidos se realizaran tendenciosas encuestas a favor de un solo candidato? Así lo hicieron por ejemplo, Buendía y Loredo del periódico El Universal, Indermec-Harris, del periódico El Financiero, Parametría y el diario El Sol de México, Reforma, con Covarrubias y Demotecnia, Beltrán y Asociados de Excélsior, Consulta Mitofsky con Televisa, GEA-ISA del Grupo Milenio. ¿Hubo trato equitativo para los contendientes? Yo creo que no.

Y si la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales (FEPADE), reportara que tiene en su haber 667 investigaciones y 62 averiguaciones pendientes de resolver por compra de votos, por ejemplo? Si tuviera las pruebas de que el día de la jornada electoral hubo entrega de despensas, compra y coacción de votos con dinero en efectivo, acarreo de electores, corporativismo sindical, y robo de urnas.

Además de que se operó a nivel nacional una estrategia de compra de voto, al haber repartido en diferentes estados y municipios del país 1 millón 800 mil plásticos de las tiendas de supermercados SORIANA, con saldos desde mil 200  a dos mil pesos cada una de esas tarjetas mismas que han sido entregadas a la autoridad con innumerables videos, fotografías, y testimonios.

Y que contestaría si nada más y nada menos tres días después de la votación, el PAN denunciara que tiene conocimiento de que en Estados Unidos el PRI, mandó imprimir 3 millones de boletas electorales, y el titular del FBI declarara que “analizando las pruebas al parecer se trata de material de la elección presidencial de 2012” Por cierto este partido, curiosamente reconoce a través de su dirigente nacional Gustavo Madero que aún cuando el triunfo de los priistas fue a “billetazos” acatará sin regateos la determinación de las instituciones electorales, pero eso si que se van a oponer a todas las prácticas fraudulentas “cuando estas se presenten”, chistoso no?

Lo anterior sin contar inmediato mensaje de Felipe Calderón reconociendo a Peña como virtual ganador con apenas el 2 por ciento de los votos escrutados.

Sigo sin entender porque se cuestiona con tanta rudeza a López Obrador, cuando pretende ejercer un derecho que se encuentra establecido en la ley

Mucho más me preocuparía que todos, incluido AMLO, simuláramos que tuvimos un proceso electoral transparente, equitativo, objetivo, y sobre todo imparcial, por ello sostengo que es necesario que Andrés Manuel ejerza su derecho a impugnar, y los demás debemos respetar su decisión, pues sólo así, impugnando, se evidencian las “nuevas formas de compra de votos” y las autoridades podrán cerrarles el paso mediante próximas reformas electorales, ya que de otra manera estaríamos corriendo el riesgo de repetir estas conductas antidemocráticas en el 2018.

Definitivamente habría que ejercer el derecho de Andrés Manuel no lo cree amable lector?

Por cierto, todavía retumba en mi cabeza la anticipada declaración del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF), Alejandro Luna Ramos: “Nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas” sentenció.