El Gobierno mantiene en sus políticas PYME una instrucción presidencial que
obliga a los organismos públicos a pagar a sus proveedores dentro de los 30
días de la fecha de factura. Del mismo modo, como condición contractual de
Mercado Público, se ha incorporado el control del pago de las obligaciones
previsionales por parte de los proveedores a sus trabajadores. Son buenas
prácticas que han mejorado el acceso de los pequeños y medianos empresarios a
las compras que realiza el Estado. En caso de incumplimiento el proveedor
infractor puede ser excluido del sistema de compra pública. Sin embargo, a
nivel de grandes compañías privadas y contratistas se mantiene un estilo
abusivo con los empresarios pequeños y medianos, al fijar unilateralmente
condiciones leoninas para el pago de sus facturas.
Desafortunadamente, empresas contratistas extranjeras y también nacionales
aterrizan en las regiones con malas prácticas que es preciso terminar. En medio del boom de
Atacama se ha dado el caso de empresas que buscan financiar su instalación, sus
campamentos y mantención del personal, a costa de los pequeños comerciantes que
entran a prestar servicios de hospedaje o alimentación a las compañías
forasteras. Hemos conocido del abuso contra los pequeños empresarios por parte
de grandes empresas, que simplemente demoran meses en pagar sus cuentas,
mientras localmente se produce una cadena de incumplimientos con costos
financieros de los que nadie responde. Una demora en pagar la alimentación de
los “viejos” puede llevar a la quiebra a un pequeño comerciante, contradiciendo
totalmente la política de gobierno de promoción del emprendimiento y los
objetivos de responsabilidad social que mantienen compañías establecidas en la
región históricamente. Es necesario que los proveedores alcancen una
asociatividad para ganar capacidad negociadora con las grandes empresas y
contar con el apoyo de las autoridades para que el abuso no quede en la
impunidad.
En las negociaciones comerciales se necesita desarrollar competencias de
los empresarios pequeños para evitar situaciones de inequidad. Sería positivo
que se diseñara un programa de calificación para los comerciantes y
emprendedores que quieren legítimamente que el boom económico también los
beneficie. En estos momentos, bajo las condiciones impuestas por aquellas
empresas abusivas, esa expectativa se ha convertido en pesadilla.
Si el Estado no sanciona estas malas prácticas esta situación se
profundizará. Del mismo modo, las grandes mineras, que son las que contratan
empresas para sus nuevos proyectos, deberían exigir a sus contratistas un
Código de Ética que regule su comportamiento en la comunidad. No es admisible
que lleguen con estas malas prácticas. Alguien debe vigilar ese
comportamiento y sancionar efectivamente cuando esto se denuncie por parte de
los afectados y los hechos se comprueben. La idea es que el progreso les
alcance a todos.
Hernán Narbona Véliz, Periodismo
Independiente, 24 de diciembre de 2012.
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