El desarrollo es imposible sin un  “acuerdo en lo fundamental”  como  lo llamaba Mariano Otero. La necesidad imperiosa de un consenso nacional para el desarrollo, parte del reconocimiento de una realidad social y política cuyos resultados electorales favorecieron (con ayuda de los árbitros electorales) al PRI; esa es incontrovertible e irreversiblemente nuestra vasta pluralidad real. Sin esta pluralidad no se podría hablar de consenso. Pero quedó demostrado en la pasada jornada electoral, que nuestra pluralidad real no es eficaz, productiva y eficiente para construir un proyecto de desarrollo con estos atributos. Los modos de llamar a las cosas cambian con el tiempo. Esta formulación, que tiene el merito de la brevedad y el perfil de un apotegma, es un claro ejemplo: “el desarrollo consiste en la transformación de la sociedad”. 

             El consenso nacional para el proyecto de desarrollo requiere incluir para su formulación a una parte de la sociedad civil; señaladamente, las organizaciones de productores agropecuarios, la de los trabajadores asalariados, la de los estudiantes y la de los empresarios.

             Construir un consenso de ese alcance en una sociedad del tamaño y complejidad de la mexicana es extraordinariamente difícil, pero es preciso que el sistema de partidos asuma que sin un proyecto nacional no habrá desarrollo y que, por lo tanto, el proyecto de desarrollo keynesiano que preconizaba AMLO era concreto, directo y sin ataduras de ninguna índole, era el proyecto anti neoliberal y pro keynesiano, era un proyecto de desarrollo que demandaba justamente, vocación de cambio y de consenso. Consenso no significa necesariamente unanimidad. En ninguna sociedad democrática existe un consenso total sobre el desarrollo, pero si es irrecusable un consenso básico, un acuerdo en lo fundamental, capaz de conferir dirección real y amplios objetivos de bienestar, compartidos por la mayoría.

             En definitiva el Consenso de Washington  no es un proyecto de desarrollo; es más bien una serie de dictados macroeconómicos para las naciones de América Latina consensuado en la década de los noventa por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal con sede en Washington D.C. consistente en una serie de medida tales como la disciplina presupuestaria, cambios en las prioridades del gasto público, reforma fiscal, liberalización comercial, privatizaciones; dicho de otro modo, asumir a pie juntillas los preceptos de la doctrina neoliberal.

             De tal manera, pues, que la base, el cimiento de nuestro consenso nacional para el desarrollo, estriba en una reforma política que redistribuya el poder, a modo de crear las tensiones necesarias que se conviertan en un estímulo ineludible para la innovación y la creatividad, sin olvidar, desde luego, que el corazón y el cerebro de este proceso radica esencialmente en una revolución educativa.