Estamos llegando a los 50 días de explosión social y Sebastián
Piñera ha caído en la adhesión ciudadana a un nivel menor de 5%, mientras el
rechazo supera el 80%. Sin embargo, pese a esta evidencia histórica, aún no se
ha ganado nada.
El contraataque del sistema partió el 15 de noviembre,
cuando la clase política introdujo un llamado a Plebiscito, en Abril/2020, para
determinar el camino hacia una Nueva Constitución, en un acuerdo político negociado
desde el Congreso y que ha pretendido
escamotear el liderazgo a la explosión social que ha explotado desde la
sociedad civil, tratando de distorsionar su expresa aspiración a cambios de
fondo, en el objetivo de elegir una Asamblea Constituyente, libre y soberana,
con todos los delegados elegidos directamente por el pueblo, en plebiscito con
voto obligatorio.
Las máquinas políticas aplicaron letra chica y dejaron temas
por concordar. Se conjugaron para plantear una Convención Constituyente, pero,
en la bajada de título, se ha tratado de restringir el universo de votantes a los
padrones electorales del 2017, monopolizando los partidos la nominación de
candidatos a delegados y realizando el plebiscito de entrada sólo con voto
voluntario. En la letra chica de ese acuerdo, alcanzado a las 2 de la madrugada
del 15 de noviembre, la Unidad Social, a la luz del día siguiente, pudo
comprobar que el gobierno y el parlamento se conjugaban para tirar un salvavidas
a Sebastián Piñera y enviar a la vía lenta las demandas de la ciudadanía.
De allí, a la fecha, se han sucedido diversas acciones que
fueron generando desánimo en la civilidad, que ha visto que se imponía la
agenda autoritaria, aumentaban las víctimas y las mutilaciones, imponiéndose la
visión belicista de Piñera, que volvió a reeditar su “guerra contra un enemigo
implacable y despiadado que no respeta a nada ni nadie”, poniendo en tabla
legislativa un grupo de leyes que demonizan la protesta civil y aumentan la fuerza de la represión con un
marco de legalidad que, esquivando el uso de los estados de excepción por la
responsabilidad que ello implica, está usando la estrategia de dictar nuevas leyes
contra delitos de suyo definidos, como incendio, robo, saqueos, en un proyecto
mediático que ha buscado asfixiar la protesta callejera.
Además de lo cual, en el discurso oficial, se ha extendido el
negacionismo a la represión, con una barrera mediática para destacar los robos
y saqueos, de manera de justificar la vuelta de los militares para proteger
infraestructura crítica, negando tozudamente los informes que formularan Amnistía Internacional y Human
Rights Watch.
Pero, en este escenario, lo que se ha observado como gran hándicap
de la Unidad Social han sido inexplicables pugnas en las bancadas que se
suponía eran reserva ética frente al duopolio, en general políticos jóvenes que,
provenientes de protestas anteriores, llevaron una posición tercerista al Congreso.
Lo primero a destacar en este orden de ideas, fue la firma de Gabriel Boric del
Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución del 15Nov, que realizó sin
consultar a su partido, lo que provocó un quiebre, con la deserción de
Convergencia Social, de Jorge Sharp y un numeroso grupo de militantes.
Y ha habido otros hechos en que los egos e intereses
particulares se han impuesto por encima del interés general, que 4 millones de
almas han expresado en esta explosión social. Lo que se evidenció en ocasión de
la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, cuya iniciativa fue de la
diputada Pamela Jiles y que no obtuvo las 10 firmas necesarias. Pero, casi de
inmediato, surgió una nueva acusación, aparentemente liderada por el diputado
Tomás Hirsch, que pudo alcanzar 15 firmas y está actualmente en proceso. Cuando
más se requería consecuencia y unidad, se notaron fracturas que terminaron
debilitando una acusación que se dilató y que pudo contar con fuerzas suficientes
si se hubiese alcanzado una unidad sin calculadoras.
Y un hecho que ha rebasado el vaso, ha sido la votación a
favor de la ley antiprotestas por parte del Frente Amplio y la abstención de un
grupo de parlamentarios del Partido Comunista, lo que ha permitido al gobierno
reforzar la posición belicista, criminalizando la movilización callejera, con
esta ley que avala la represión con una intrínseca impunidad. Un retroceso en las
libertades públicas y los derechos humanos. Existiendo leyes claras contra
robo, incendios, saqueos, no era necesario legislar, pero en el contraataque lo
que se busca es sacar a la gente de las calles, criminalizando las marchas “por
interrumpir libre circulación” con lo cual escalará la brutal represión contra
la protesta social.
En este estado de cosas, la reacción oficial al movimiento
social ha contado, quizá sin proponérselo, con una triste característica de nuestro
ethos cultural, nuestra escasa capacidad asociativa o colaborativa, consecuencia
de cuatro décadas de fragmentación social, de demolición, medante el terrorismo
de estado, del tejido social, con exacerbación de lo individual, de las
aspiraciones personales, de la competencia brutal, del sálvese quien pueda.
Construir un colectivo con ese lastre emocional y frente
a la necesidad de caminar unidos hacia la construcción de una plataforma
política, que nos permita ganar poder mayoritario
para cambiar aquello que nos afecta como país, exige superar condiciones
internas y emocionales que nos pesan a la hora de actuar: el ego, la soberbia
que impide escuchar, la desconfianza en el otro, la duda constante respecto a
lo que ese otro pretende.
El adagio “divide y reinarás” vuelve a ser la maquiavélica
receta, que, lamentablemente, le está resultando al sistema neoliberal y, por
tanto, requiere ser superada por la conciencia colectiva.
Normalmente, la derecha económica ha tratado de neutralizar
los conflictos buscando limitar el sindicalismo o tratando de segmentarlo con
tratos preferentes a unos pocos respecto a los más, lo que lleva el conflicto a
instancias intestinas, generando división y resentimiento. Esto es una debilidad
en cualquier grupo humano que busca objetivos y lo difícil de llevar a buen
puerto la Unidad Social es la poca capacidad que se advierte, de resignar las
legítimas aspiraciones personales o sectoriales, para definir mínimos comunes
denominadores, que expresen prioridades sociales para una concreción puntual
del bien común aglutinante.
Diagnosticar esta realidad dura apunta a la reflexión
colectiva: es algo que la movilización social debe superar, existe una responsabilidad
que debemos asumir, para no cargar con nuevas décadas de asfixiante frustración.
Conversar de esto, significa autocrítica, generosidad y sentido común. Impedir
que el individualismo nos hunda como pueblo plurinacional. Significa conversar a
todo nivel, para caminar sin fundamentalismos y en la diversidad, privilegiando
lo que nos une, lo sustantivo que merecen recibir como país digno las próximas
generaciones.
Periodismo Independiente, 06.diciembre.2019