Explosión Social en Chile: Marchando a los 40 días

Han pasado 5 semanas y, pese a los esfuerzos de la élite que dirige el sistema político por autoasignarse la soberanía popular, la Unidad Social ha clarificado que los partidos políticos, reunidos el 14 y 15 de noviembre, en el viejo Congreso Nacional de Santiago, han hecho una propuesta confusa, que llevaría a la vía muerta las aspiraciones de cambio de la mayoría de los chilenos. Esta crónica quiere plantear, más desde la emoción que de la razón objetiva, lo que sienten los sectores medios que integran la sociedad civil.

Ser clase media en Chile es una percepción de pertenencia a un imaginario.

Significa sentirse miembro de algo etéreo que aglutina, que tiene raíces en la historia republicana de la segunda mitad del siglo XX, cuando la educación pública era gratuita y constituía, sin lugar a dudas, un camino de esfuerzo para la movilidad social, para pasar de la cuna obrera, campesina o comerciante, a este sentimiento profundo de ser clase media.

Sin embargo, en los últimos 50 años Chile cambió abruptamente. Aquel país, Chile, de la educación primaria obligatoria, de la industrialización a través de CORFO, el que desarrollaba barrios obreros, el que inició las cooperativas de vivienda, el que capitalizó la energía de la migración solidaria del Winnipeg; ese país que generó la clase obrera, las centrales unitarias, los colegios profesionales fiscalizando la ética;  el profesorado normalista, el magisterio; el Estado que por unanimidad  fue capaz de nacionalizar el cobre, su viga maestra; ese Estado que creaba empresas de infraestructura, ese Estado que se guiaba por la premisa de “Gobernar es Educar”, que permitió que en los 60 la clase media arrebatara por la vía electoral el gobierno a la oligarquía terrateniente, iniciando una reforma agraria que permitió modernizar el campo y dar paso ulterior a la agroindustria; ese Chile de convivencia cívica caballerosa y republicana, aquello hoy es historia. Ese Chile se tronchó el 11 de septiembre de 1973. Sin embargo, en la tradición cultural y en la nostalgia, el grueso de los chilenos seguimos identificándonos como clase media, en un fenómeno sociológico que rebasa los indicadores económicos, ya que arranca de lo emocional, de un arraigado sentido de pertenencia histórico.

Durante 46 años, Chile fue devastado en su tejido social. Todo lo que sonara a colectivo se asimilaba a comunismo. El soplonaje, el terrorismo de Estado, persecuciones, relegaciones, exoneraciones, exilio, crímenes de lesa humanidad, minaron la organización social de base. Desde las Juntas de Vecinos para arriba el régimen fue nombrando interventores, los colegios profesionales perdieron para siempre su capacidad fiscalizadora de las respectivas profesiones, el cooperativismo fue asfixiado por la burocracia que se le puso encima. De la industria pública no quedó nada, el saqueo dejó al Estado en su mínima expresión y a los funcionarios se les quitó toda capacidad discrecional o crítica, se generaron cohortes de obsecuentes individuos practicando el sálvese quien pueda. Fragmentaron el magisterio, pauperizaron el rol del educador se municipalizó la educación, se desarmó el Alma Mater de la Universidad de Chile y otras Universidades públicas. Se mercantilizó la Educación y comenzó el negocio fraudulento de vender carreras saturadas y sin destino, generando cesantes con título. Desde las políticas públicas se dejó la educación, la salud, el agua, la energía, el transporte, es decir, todo, en el mercado sacralizado.

Este proceso basado en el consumo y el individualismo fue fraccionando a la sociedad chilena y desde entonces pertenecer significó haber ganado una posición material, expresada en el acceso a bienes materiales que expresaban es estatus diferente.

Todo esto fue envuelto en un proceso político tecnológico conocido como globalización, que, siguiendo el paradigma de libre comercio, buscó reducir al mínimo las funciones del Estado, imponiendo un tejido de tratados de liberalización comercial que terminaron con la industria como concepto de valor agregado nacional. Se entregó Chile al mundo en una oferta abierta, que ofrecía desregulación, disponibilidad de recursos naturales, nula fiscalización tributaria y una élite que a cambio de prebendas facilitaba institucionalmente la venta del país.

La crisis actual ha tenido como vanguardia un segmento de la sociedad chilena que nunca fue integrado social ni económicamente al éxito del modelo y que sustenta su crecimiento con los impuestos indirectos.

Son amplios sectores pobres que han sufrido por décadas la postergación y el engaño. Se trata integralmente del total de la vida: salud, trabajo, educación, previsión social, transporte. El sistema fue ladino para negociar entre cuatro paredes el año 1989 los amarres de la transición, para seguir en la comedia de izquierdas y derechas, aplicando un fuerte cerco para que la esencia cómplice del binominalismo no fuese rota por terceras corrientes progresistas. Cuando la sociedad vivió anteriores movilizaciones sociales, siempre el supuesto sector izquierdista, desempolvando los viejos eslóganes, se encargó de bajarle el perfil a lo exigido, dilatando, jugando y diciendo “paso” cuando alguien enrostraba a los gobernantes su doble discurso. Para los grupos económicos contar con políticos que hablan con la izquierda, pero se arreglan con la derecha, significó que aportaran gigantescos recursos para aceitar tan impecable máquina de poder. Los casos Penta, Corpesca, SQM, entre otros, dan cuenta de la forma como ese traspiés, de que haya llegado a conocerse una práctica del secretismo interno de esa élite, se ha ido tirando bajo la alfombra, cooptando a organismos del Estado responsables de ejercer la autoridad tributaria y la fiscalización.

30 años transcurrieron y la caldera fue llegando al límite, hasta que explotó. Y aquí estamos, conversando del estallido social que en el Acuerdo del 15 de noviembre los partidos políticos han propuesto canalizar a una vía plebiscitaria para cambiar la Constitución, pero, por ese estilo pragmático propio de su naturaleza, a poco andar se ha apreciado que esa ruta deja afuera a los protagonistas del estallido, el pueblo soberano, al cual pretenden mediatizar arrogándose una representatividad que, de acuerdo a las mediciones de opinión pública, llegan apenas a un 4% de aprobación. La letra chica vuelve en gloria y majestad, apoyada por medios oficiales que han tratado de dar a esta jugada de la clase política, un carácter definitivo, sin dar espacios a la Unidad Social que ha consolidado la conducción de un movimiento social que tiene multiplicidad de actores, en una diversidad nunca antes alcanzada.

Frente a ello, el Gobierno ha profundizado la represión y aumentado las víctimas mutiladas en sus ojos, además de abusos generalizados en contra de manifestantes.

Y en paralelo a cada manifestación han seguido apareciendo turbas muy bien organizadas que rompen cerramientos, saquean y transportan el botín a sus organizaciones. Se ha podido comprobar la existencia del crimen organizado, actuando al alero de las marchas pacíficas y aportando a los desordenes para que sean cortina de humo para los saqueos planificados y dirigidos. El costo en vidas, detenidos, heridos, lo ha seguido pagando la movilización social que el gobierno ha tratado de criminalizar. Sin embargo, la presencia de Amnesty International y su informe sobre las violaciones a los Derechos Humanos, ha ido destapando las inconsistencias de las declaraciones del alto mando de Carabineros, que desde hace dos años sabía que el uso de escopetas con balines podía ser letal.

Lo que se observa en estos momentos, cuando se llega a la sexta semana de movilización social ininterrumpida, es que se ha generado una escalada en los enfrentamientos callejeros en las principales ciudades de Chile. Y lo que se percibe es que los jóvenes que protestan en la primera línea de ese choque de la movilización social con la Fuerzas Especiales de Carabineros, se han ido preparando para atender heridos y dejar registros de cada episodio. El punto de discordia se presenta cuando, al final de cada marcha pacífica, aparecen  personas en número reducido pero con gran eficacia para provocar situaciones que justifican la represión de las policías.

Ante esto, se vive un estado de desconfianza total, donde cada noticia lograda en las calles se viraliza y puede ser insumo para declaraciones ambiguas y controversiales, que quieren justificar la represión y criminalizar a personas desarmadas, ancianos, mujeres y jóvenes que golpean una cacerola y reciben golpes, balazos, gaseos y encerronas.

La duda razonable, que tiene como antecedente las infiltraciones de inteligencia que las fuerzas golpistas hicieron de los sectores más combativos meses antes del golpe de estado de 1973, respecto a esos tipos temerarios, que se destacan por su arrojo desafiante, es preguntarse si son realmente personas que participan del movimiento social y, de no ser así, cuál sería su propósito, a quién sirven, si son espontáneos u organizados.

Lo que se aprecia es que efectivamente hay sectores marginales con una concepción nihilista o anárquica de la realidad, que están actuando y lo han hecho en el 2005 y 2011, a vista y paciencia de Carabineros. Y en estos sectores podrían entrar grupos al estilo de las barras bravas, soldados del microtráfico a los que les convendría que salgan los retenes policiales de los barrios o, incluso, tratarse de agentes infiltrados que puedan estar realizando trabajos de inteligencia.

Un área gris de la realidad que se observa con incertidumbre y que obtiene como resultado el criminalizar la legítima protesta social, exacerbar la violencia; perder el foco de las demandas urgentes que aún no son atendidas por el gobierno.

Se ha vivido el caso de un residente norteamericano, supremacista blanco, que disparó e hirió a un manifestante en Reñaca. Sectores de ultraderecha han convocado a la autodefensa calzándose chalecos amarillos, en un caso patético de plagio de un símbolo ciudadano de París.

Concluyendo esta reflexión, para poder seguir un hilo conductor de esta crisis, creo preciso seguir profundizando la reconstrucción del tejido social en Chile, desde barrios, instituciones, gremios, sindicatos, agrupaciones, movimientos. Esto para impedir que en las calles tomen la iniciativa sectores que en el fondo están perjudicando al movimiento social. Y comprobar, por otra parte, la veracidad de las noticias que vayan surgiendo, comprobando antes de difundir que provengan de representantes legítimos de la sociedad civil. Esto no es paranoico, sino un hecho de la causa: las comunicaciones en las Redes Sociales son frágiles y el cyberespacio es hoy un campo de batalla, por lo que se debe tomar precauciones

El objetivo inmediato de la Unidad Social y del Paro Escalonado convocado para los días 25 a 27 de noviembre, es lograr que la letra chica del Acuerdo del 15/11 sea retirada, en especial el quorum de 2/3 y la pretensión de los partidos políticos de ser ellos quienes nominen a los candidatos a delegados del proceso constituyente. Que la clase política deje de intentar maniobras mediáticas para desinformar y seguir defendiendo el modelo.

La salida de la crisis será real cuando se sienten a la mesa los interlocutores válidos: la Unidad Social representando al colectivo de la sociedad civil, con el Gobierno. Sólo cuando se escuche y reconozca el planteamiento del 90% de los chilenos, se podrá encontrar una salida pacífica y equitativa del conflicto, excluyendo a la ultraderecha y al anarquismo, que conducen a una nueva dictadura militar.

En la sociedad civil ya se están desarrollando encuentros, foros, cabildos o reflexiones para no perder el norte y priorizar lo sustantivo que debe integrar el orden político, económico y social para el Chile del Siglo XXI.

En esta epopeya, la clase media, empobrecida, endeudada, abusada y manipulada por los poderes fácticos, aspira a un país y un Estado que refleje los principios democráticos republicanos que son los que permitirán a las futuras generaciones lograr paz social con decencia, sustentabilidad y equidad.

Periodismo independiente, 24 Noviembre 2019