En la guerra que inventaron, en septiembre de 1973, las fuerzas golpistas decretaron el Estado de Guerra Interna, mediante el Decreto Ley N°5 de 12.09.1973. Con esa medida, se implantó la obediencia férrea y vertical a las órdenes superiores, so pena de fusilamiento; además, se estableció una situación de riesgo que se tradujo en sobresueldos a los uniformados. Esta situación duró hasta 1978. Desde el 4 de septiembre de 1970, EEUU había instruido impedir la asunción de Salvador Allende a la Presidencia de Chile. Desde ese minuto se inició el complot y hubo aliados locales que la Memoria tiene muy presentes, porque constituyen un sector de civiles que, habiéndose beneficiado y colaborado con el régimen militar, nunca han reconocido su participación y responsabilidad en dicho golpe de estado.

Esa conspiración, según lo que ha revelado el propio gobierno norteamericano en el Pinochet File,  había fracturado el principio de no deliberación que debían respetar las fuerzas armadas, subordinadas al poder civil. Mártires de la doctrina militar de respeto a la Constitución y las leyes, fueron el General René Schneider, el General Carlos Prats, el Edecán Arturo Araya Peeters, el conscripto Miguel Nash. Las Fuerzas Armadas, haciendo suya la doctrina de Seguridad Nacional insuflada en la Escuela de las Américas en el marco de la guerra fría, siguieron las órdenes transmitidas por Nixon y Kissinger, irrespetaron la Constitución de 1925 que habían jurado respetar. 

La ultra derecha, con su cara visible en el Movimiento Patria y Libertad, la derecha parlamentaria aglutinada en el Partido Nacional más el sector conservador de la DC, recibieron recursos de la CIA para desestabilizar el gobierno de la Unidad Popular. El gobierno popular postulaba un camino institucional y democrático al socialismo, el mismo que se vio trabado, desde su triunfo electoral. El 25 de octubre de 1970, la ultraderecha atentó y asesinó al Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider, frente a lo cual la Democracia Cristiana apoyó el nombramiento de Allende, pero le exigió la suscripción del Pacto de Garantías Democráticas denominado Estatuto de Garantías Constitucionales. Posteriormente, se vivió una vorágine, en la cual cada intento de acercamiento de la Unidad Popular al sector progresista de la DC, se vio frenada por algún crimen político. El del Ministro Edmundo Pérez Zujovic, ocurrido en junio de 1971, dejó a la derecha freista sin el contrapeso del sector progresista, que intentaba un acuerdo con el gobierno de Allende y que impulsaban Radomiro Tómic, Bernardo Leighton y el propio Edmundo Pérez Zujovic. El sector de derecha, encabezado por Eduardo Frei Montalva primó en el PDC y los personajes que se sumaron al complot, según información de los archivos desclasificados de la CIA, fueron, entre otros, Andrés Zaldívar, Juan de Dios Carmona, Juan Hamilton, José Piñera Carvallo y Patricio Aylwin Azócar

 Al interior del gobierno popular, que enfrentaba el boicot de la oposición, se sumaban el desabastecimiento, el paro de los camioneros, la violencia creciente en las calles y una indisciplina pertinaz de sectores del Partido Socialista y del MAPU Garretón, que sobrepasaban los lineamientos presidenciales y con sus acciones en poco ayudaban a frenar la espiral de violencia. La ultraderecha tocó cacerolas, tiró trigo a los cuarteles para que las FFAA dieran el golpe. La Unidad Popular en las elecciones municipales de 1972 superó el 52% de adhesión, en septiembre Allende llamaría a un plebiscito para distensionar la caldera, pero frente a ello, se apresuró el golpe. Desde el 11 de septiembre de 1973, se impuso la Doctrina de Seguridad Nacional y los militares representados en la Junta de Gobierno, proclamaron el Estado de Guerra Interna a partir de lo cual se justificaron todas las atrocidades que afligieron al pueblo chileno, marcando además la preponderancia de lo castrense por sobre la civilidad, adjudicando, de ahí en más, a los militares privilegios que los convirtieron en instrumento para un plan externo generado en el EEUU.

Fue así cómo las Fuerzas Armadas tomaron el poder en 1973 y, sin tener un plan nacionalista en lo económico, adoptaron el que les ofreció Jorge Cahuas y su equipo, formados en la Escuela de Chicago, discípulos de Milton Friedman, convirtiéndose los militares, a partir de allí, en custodios de un modelo neoliberal impuesto a sangre y fuego y auxiliado cada vez que se requirió, por recursos públicos. Se vendió al mundo el exitismo de un modelo generador de riqueza, se pregonó el fin de la historia, pero lo real es que el neoliberalismo no generó nuevas empresas, sino sólo traspasó a manos privadas el patrimonio público generado a partir de los años 40, a través de CORFO, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. La falacia de que el mercado libre es el generador de crecimiento y que el chorreo transmitiría los beneficios al resto de la población, se comprobó en la crisis de 1982, cuando se alcanzó un 30% de desempleo reconocido. Esa crisis fue el profundo fracaso del modelo, pues, luego de 5 años de libertinaje financiero, se produjeron históricos fraudes crediticios, que se implementaban a través de empresas de papel, con préstamos auto otorgados, sin respaldo, lo que llevó a la quiebra de toda la economía. El salvavidas del modelo y del régimen militar en medio de protestas, vino desde el Estado, que desde 1983 en adelante, aplicando pragmatismo keynesiano, compró a la banca quebrada toda su deuda, inyectándole 5 mil millones de dólares, en lo que se llamó la deuda subordinada. Se impuso a la gente el sistema de las AFP, excepto para las FFAA; se dictó la ley de concesión plena para impedir las nacionalizaciones de compañías mineras y se crearon subsidios para las exportaciones no tradicionales. Luego, en los ochenta vino el saqueo de lo público y todas las empresas de servicios que eran del Estado, telefónica, eléctricas, puertos, salitre y yodo, transporte, metalurgia, fueron intervenidas y traspasadas a precios viles a los “interventores”. En ese período quienes criticábamos el modelo éramos denostados como los gasfíteres. Después de la lucha de los 80 por la recuperación democrática, la civilidad en los 90, sufrió la gran estafa histórica de parte de las élites que llegaron para negociar la transición a la democracia.

En un inteligente repliegue estratégico, plebiscito de 1988 mediante, las Fuerzas Armadas aseguraron que se mantuviera incólume el modelo económico, logrando instalar como contraparte una social democracia chilensis, pragmática y obsecuente, que se entregó a tales objetivos, lo que significó excluir y marginar del proceso a líderes genuinos de la civilidad de los 80 y todos los equipos profesionales críticos, los que fueron sacados del escenario político, mientras se negociaba con secretismo una transición amañada y gatopardista, que fue corrompiendo a la clase política, dividiendo para reinar.

En 1981, cuando se había implantado el sistema previsional de capitalización individual, las fuerzas de la Defensa Nacional habían sido excluidas y mantuvieron su mismo sistema de reparto. En la transición, el ruido de sables por la investigación de los pinocheques justificó la desmovilización social y la profundización de un modelo basado en el consumo, en el individualismo y la competencia, alejando cualquier figura asociativa que sonara a colectivo o comunismo. La máxima obsecuencia se apreció cuando líderes socialistas y demócrata cristianos corrieron a Londres a defender al ex dictador y Senador designado, Augusto Pinochet.

La profundización del modelo, a cargo de gobiernos de la Concertación significó abrir la minería a multinacionales que pudieron a partir de allí, exportar concentrados y tributar sobre renta efectiva, lo que ha significado un constante saqueo de valiosos recursos naturales, facturaciones subvaloradas y una tributación tendiente a cero; en el primer gobierno de la Concertación, se entregó a SQM y Rockwood el litio del Salar de Atacama; en los gobiernos sucesivos, Frei, Lagos, Bachelet, se estableció un oscuro sistema de concesiones de puertos, carreteras, sanitarias, que significó suscribir contratos leoninos para el país y la ciudadanía, con sobreprecios convenidos y que cínicamente llamaban sobresueldos necesarios, mientras se hacía gárgaras con la  transparencia y con el correcto funcionamiento de las instituciones. Hitos de esta decadencia quedaron reflejados en los procesos de MOP GATE y MOP CIADE, en los escándalos de Inverlink,  de la ley de Pesca que se dictó literalmente desde las empresas a parlamentarios cohechados. Después se conoció del financiamiento ilegal de la política, en los casos Penta y SQM, las colusiones de papel tissú, de los pollos, de las farmacias, teniendo como sanción, clases de ética; la aprobación de termoeléctricas a petcoke y sus zonas de sacrificio; Codelco pactando con los  de MinMetals el uso de paraísos fiscales para reducir los retornos reales; el crédito universitario CAE traspasado a la banca a intereses de usura; la malversación de fondos públicos en el Ejército y en Carabineros, que ha involucrado a altos mandos en una corrupción estructural; todo un extenso prontuario de las instituciones, con una clase política que recibe remuneraciones y asignaciones que son las más elevadas dentro de la OCDE y que, adicionalmente, recibe dineros ilegales de las empresas; tráfico de influencias, prevaricación en la Justicia; grupos empresariales coludidos con los políticos para enviar a la vía muerta los delitos tributarios, manipulando al SII o a la Fiscalía para dejar en la vía muerta los episodios de aportes ilegales, cohecho y facturas ideológicamente falsas; todo lo reseñado y mucho más, circulando dentro de la alta cocina y la burbuja de la élite, todos con tejado de vidrio y en un empate continuo que ha sido percibido por décadas por la opinión pública, que los ubica como los peor evaluados.

Súmese a lo descrito el deterioro moral que se ha vivido de decadencia y corrupción moral en las Iglesias Católica y Evangélica, lo que ha llevado en Chile a un descontento transversal y un sentido de decadencia ética en toda la sociedad chilena, que produce un efecto cultural de alto riesgo, como lo es percibir que “si tanto roban los de arriba, que roben los de abajo no es ni pecado venial”. La corrupción transversal provoca situaciones de repudio visceral, de impotencia y desprotección, donde no hay en quién confiar.

Revisar lo que nos ha pasado como nación y entender el estado de ánimo que ha culminado en el reventón social en que estamos inmersos, es útil para avizorar salidas posibles. El mito de izquierdas y derechas ha sido demolido por la corrupción transversal que los ha caracterizado. En el actual gobierno, la opción de reprimir y sembrar miedo no ha sido eficaz, porque la sociedad ha tocado fondo y en esa situación extrema el agobio y la ira elimina los límites de la seguridad personal. Una sociedad agredida a diario sale a romper el sistema, los más sensatos proponen canales, cabildos abiertos, asambleas, proyectos de una nueva constitución. Pero también están en la calle los más castigados por este orden social, esos que viven el presentismo, desertores de la escuela a edad temprana, producto de familias fallidas, “ninis”, jóvenes que ni estudian ni trabajan, muchos reclutados por el microtráfico, sometidos a un Estado paralelo que rige con sus leyes y ritos propios la marginalidad. Jóvenes sin expectativas de nada, que se desahogan aprovechando las oportunidades para dañar lo que aparece como símbolo del sistema. Los jóvenes conscientes de las causas profundas de su situación actual y la de su padres, son la reserva cívica de Chile; pero esos otros, vulnerables social y emocionalmente, deben ser acogidos con una actitud adecuada, entendiendo con empatía que su violencia es respuesta retardada a años de maltrato social, porque ser pobres en una sociedad de consumo llena de vidrieras de lujo, es más terrible que serlo en la pobreza digna, obrera y solidaria de 50 años atrás.

Cuando observo la realidad social de esos jóvenes marginados, me recuerda la rebelión contra el automóvil en la cintura de París, en poblaciones marginales que explotan en una ira contra el sistema incendiando miles de automóviles, que ese sector ve como identitario del sistema al cual no pertenecen porque no los dejan pertenecer.

Como consecuencia del desgobierno que se ha dado en Chile en las últimas dos semanas, se cayeron las reuniones internacionales de APEC y COP25. Respecto a esta última, existía la esperanza de medidas que dieran señales de compromiso oficial frente a lo ambiental. Se hablaba de cerrar la Refinería de Codelco-Ventanas, de eliminar termoeléctricas a carbón, de cerrar la mina invierno en Punta Arenas, de cambiar el Código de Aguas para devolver su propiedad al Estado y poner fin a la especulación; atacar con energía jurídica el robo de agua por parte de empresas agropecuarias en desmedro de las comunidades rurales, como las de La Ligua y Petorca. Por lo tanto, que el foco ambiental se vaya de Chile, nos somete a una mayor probabilidad de que el abuso en lo ambiental y la codicia sigan imperando.

Como corolario de esta crónica, puedo señalar que, con similar energía y sueños de justicia social que me movían 50 años atrás, cuando como joven profesional participé en el proceso de los mil días en Chile y escribía desde esa tribuna crónicas encendidas de utopías, así he vivido también estas dos semanas de movilización social, aportando la palabra y la fe, desde el modesto espacio de la generación del 70 a la que pertenezco, para apoyar a los valientes jóvenes que abrieron estos espacios de esperanza, para poner fin a tanto cinismo político, abuso y violencia represiva. Del mismo modo, he llamado a aislar la acción de vándalos que termina siendo funcional a la represión que ha sufrido la legítima protesta social, a la que desde el poder se ha pretendido criminalizar.

En los cabildos y asambleas, en las redes sociales, en los sindicatos y gremios, en las juntas vecinales, “todos somos todos”, reencontrándonos de nuevo como en los ochenta, por el término de tanto abuso, por la construcción colectiva de una nueva Constitución que abra caminos a la paz social, a la equidad en la distribución del ingreso, al desarrollo de las personas con igualdad de oportunidades.

Desde mi profesión, desde las Ciencias Políticas, puedo decir que la expectativa que tenemos los chilenos es recuperar un Estado que se haga cargo de sus obligaciones, que asegure los derechos básicos de la población, que ejerza su autoridad para fiscalizar y sancionar a los que evaden y erradicar la corrupción dentro de sus funcionarios. Una sociedad de pie, fiscalizando   a las instituciones y auditando el gasto público, en comunas, regiones y a nivel central. Políticos que trabajen en sus cargos, a condición de hacerlo bien y rendir cuentas, pudiendo ser removidos cuando incumplan. Políticos que sean reales servidores públicos, con una remuneración acorde con su cargo, regida por la Escala Única de Sueldos del Sector Público. Políticos con pertenencia a Partidos Políticos que defiendan ideas y no sean verdaderas agencias de empleo o sociedades anónimas. Y que puedan ser candidatos al Parlamento los dirigentes sociales, llámese sindicalistas, dirigentes gremiales, ambientales, educadores, terminando con el nefasto monopolio que esos Partidos acordaron para preservar sus privilegios.

En Chile No Estamos en Guerra. Aunque insistan la oligarquía, la plutocracia y sus pretorianos en considerarnos sus enemigos. El único enemigo al que atacaremos siempre será la Corrupción, venga de donde venga.

Periodismo Independiente, Hernán Narbona Véliz, @hnarbona en Twitter.