Claramente, las diversas acepciones técnicas y semánticas de la palabra catástrofe, se relacionan con la idea de un suceso que altera gravemente el orden regular de las cosas, y que provoca un cambio brusco en un sistema, que produce destrucción en sus componentes o impacta gravemente en su funcionalidad.

Las catástrofes se miden por los impactos que ellas provocan en las personas y en directa relación a las actividades humanas.  Un factor importante en la medición de daños propios de una catástrofe es el económico, como también lo son las alteraciones sistémicas que interrumpen la vida normal de las personas y las comunidades.

Hay catástrofes que tienen un origen natural y otras que tienen un origen humano. Sin embargo, la tendencia indica que muchas de las que ocurren en el mundo moderno, tienen un origen mixto. Y en la medida que aumenten las capacidades para resolver determinados problemas que enfrentan los sistemas y los ingenios creados por el hombre, mayor será la responsabilidad humana respecto de los efectos de las catástrofes.

Con esas definiciones a mano, efectivamente, podemos calificar los dos cortes de agua producidos en Santiago, en menos de un mes, como eventos que están en la categoría de catástrofes. Han producido grandes daños económicos, han producido interrupciones graves en los sistemas sanitarios, han impedido la normal actividad de las personas y de la comunidad, y han dejado a una ciudad expuesta a graves traumas personales y colectivos.

No sé por qué razón las entidades y medios que habitualmente tienen la información de primera mano para cuantificar los daños económicos producidos por las catástrofes, no lo han hecho, pero a la espera que ello ocurra, es fácil aventurar algunos datos a partir de la cifra de más de un millón de medidores de agua que dejaron de funcionar en el Gran Santiago en el primer evento: sobre 4 millones de personas afectadas (cifra aún indeterminada que puede bajar cerca de un 3% si consideramos a los usuarios de edificios modernos con estanques de agua para 48 horas); sin embargo, la cifra de afectados se duplica si consideramos a las personas en dos categorías (domiciliaria y laboral), y que nos indica que casi 6 millones de necesidades per cápita de consumo de agua no tuvieron abastecimiento; a lo menos 7 millones de artefactos sanitarios dejaron de funcionar; más de dos millones de transacciones comerciales no se realizaron por el cierre de lugares de prestación de servicios diarios (restoranes, panaderías, oficinas, expendios diversos, etc.), y se perdieron más de cinco millones de horas laborales. Insisto que son cifras preliminares, deducibles de antecedentes realizados por aproximación.

Los efectos económicos del segundo evento fueron levemente menores, por ocurrir en un fin de semana y con un volumen relativo de desplazamiento de personas fuera de la ciudad por efectos del pick de vacaciones.

Ojalá pronto tengamos información de primera mano de autoridades y entidades privadas que puedan cuantificar con datos directos de los sectores afectados. Asombra en todo caso que las entidades empresariales aparezcan tan distantes en la exposición de los guarismos frente a lo ocurrido, y salvo discretas manifestaciones de autoridades de tercer orden, tampoco se ha producido una mensuración responsable, a nivel gubernamental, que ponga de manifiesto la magnitud de los daños provocados.

Ello, a pesar de que un sismo grado 7 o una inundación de 48 milímetros de lluvia, no producen en Santiago un daño económico como el provocado por las dos catástrofes hídricas ocurridas en menos de tres semanas. Es cosa se sumar las horas de trabajo irremediablemente perdidas, los productos que no se vendieron, los que no se fabricaron, etc.

¿Y las causas? La culpa la tienen las lluvias estivales en un lugar donde debe caer nieve en el invierno, han dicho autoridades, las redes de televisión, y desde luego la empresa encargada de proveer el agua a gran parte de la ciudad. Por cierto, esa es la causa de la alta turbiedad del agua, que llevó a proteger la planta de procesamiento de agua, cerrando las compuertas de acceso al sistema. Una medida razonable.

Sin embargo, ello no explica por qué se dejó de entregar agua en condiciones normales a gran parte de una megápolis como Santiago. Y la explicación no admitida obedece a decisiones económicas para no realizar inversiones que permitirían disponer de soluciones técnicas para enfrentar estas contingencias.

Si hubiese alguien responsable en esa compañía que pueda afirmar que nunca se trató la factibilidad técnica de tratamiento de aguas con mayor saturación de lodo, que no se consideró documentación de entidades estatales que han realizado estudios de la cuenca del Rio Maipo, o estudios sobre el comportamiento climático en el último siglo en la zona precordillerana o cordillerana del Maipo y sus efectos sobre sus múltiples pequeños cauces tributarios, que no se han estimado técnicamente los comportamientos climáticos provenientes de los ciclos del Niño y la Niña, que no se han tenido a mano los antecedentes climatológicos históricos de lluvias estivales sobre la cota de nieve, todos antecedentes que aconsejarían contemplar algunas de las soluciones técnicas existentes para tratar eventos de alta saturación de lodos, querría decir que la empresa estaría en manos de incompetentes.

No creo en la incompetencia de personal tan calificado. Decididamente, la causa de las dos catástrofes hídricas que han afectado al Gran Santiago, y las que probablemente ocurrirán a futuro - si los responsables de preverlo no hacen nada -, se encuentra en las decisiones financieras de la compañía que monopoliza la provisión de agua a gran parte de la ciudad de Santiago, que no ha realizado las inversiones necesarias para prever los eventos de la naturaleza que puedan incidir en la producción de agua. Los cortes del suministro de agua tienen que ver con decisiones basadas en la optimización de las ganancias, y no en los eventos de la naturaleza. Tampoco ha sido por la delicadeza de no producir un supuesto impacto en las cuentas de los usuarios, como una autoridad santiaguina propuso tan livianamente.

Sin embargo, también la responsabilidad recae en nuestra clase política, en sus variables administrativas y legislativas, que ha sido incapaz de establecer y exigencias suficientes a las empresas operadoras, en un escenario cambiante de disponibilidades hídricas. De fondo, está un Código de Aguas y una legislación complementaria que no responde a un escenario distinto al de su gestación, no solo en relación a las disponibilidades sino también a las necesidades y su prorización. Una nueva legislación, un nuevo marco regulatorio, que considere la administración de las cuencas, que establezca responsabilidades más específicas, que regule el uso y propiedad bajo condiciones distintas, son parte de los desafíos.

Esperamos que la clase política aborde, más allá del discurso, una acción concreta de rectificación frente a los catastróficos efectos de las decisiones financieras de las compañías de agua, que privilegian sus ganancias por sobre la seguridad y continuidad del servicio, cuando todavía no hay víctimas fatales por una crisis sanitaria inmanejable producto de los cortes del suministro de agua a millones de usuarios.