Por: Germán Agámez

La Contraloría General de la República dirigida por Sandra Morelli Rico, adelanta en este momento 676 procesos a diferentes actores intervinientes en el sistema de salud colombiano, incluyendo operadores fiduciarios del FOSYGA, EPS del régimen contributivo y subsidiado, operadores del chance, departamentos, distritos y municipios, hospitales públicos, clínicas privadas, entre otros.

De acuerdo con el médico barranquillero, Ulahy Beltrán López, asesor en salud del despacho de la Contralora Morelli, “el total del detrimento estimado a los recursos públicos del sector salud en eso 676 procesos que adelanta el ente de control fiscal es de $6.978.708.608.208 y tres de los procesos más representativos de esta cifra, lo constituyen el que se le sigue a SaludCoop EPS por $1.773.981.698.000, a CAPRECOM EPS-S por $1.059.189.780.000 y el denominado Grupo de Reacción Inmediata al Régimen Subsidiado en 80 municipios del país por  $1.018.932.110.000”.

Manifestó Beltrán López que este año por gestión de la Unidad Anticorrupción y la Delegada de Investigaciones de la entidad de control fiscal, se han recuperado recursos en el sector salud por $21.254.407.825, además de la recuperación de recursos que en este sector han realizado las gerencias regionales de la Contraloría General. Dentro de esa labor que adelanta esta agencia de control fiscal, en los procesos adelantados y que están relacionados con el sistema de salud colombiano, se tienen bienes embargados por un valor $683.950.000.000.

Agregó que en este cierre de año, la Contraloría General de la República cumplió oportunamente con las órdenes que impartió la Corte Constitucional en el Auto No. 263 del pasado mes de noviembre que conminaba a la agencia de control fiscal a cumplir una serie de acciones relacionadas con el control de los recursos públicos de la salud y fue así como en la segunda semana del mes de diciembre “la Controlaría presentó ante la Sala Especial conformada por la Corte Constitucional, para llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008, presidida por el Magistrado Jorge Iván Palacio, el informe de las acciones realizadas de acuerdo con lo contemplado en las órdenes quinta y séptima del Auto antes citado, el cual fue sustentado con todos y cada uno de los soportes que respaldan el informe así presentado”.

Dentro de los aspectos informados por la Contraloría a esta Corte estuvieron evidencias que muestran que la unidad moduladora financiera del sistema de salud colombiano, la unidad de pago por capitación o UPC, que es lo que le reconoce el sistema a las aseguradoras en el régimen contributivo y subsidiado por cada afiliado, “ha sido objeto de toda clase de manipulaciones y distorsiones y no funciona como prima o precio del aseguramiento y su conformación técnica sigue siendo una meta no alcanzada, pues corresponde a una actualización ficticia que está basada en costos inflados por los pocos actores que alguna información presentan”.

Así también, manifestó el asesor que la Contraloría ha encontrado que en el sistema de salud el control de precios de medicamentos actual no es suficiente ni adecuado, y menos aún cuenta con la capacidad de solucionar el grave problema de sobrecostos de los medicamentos, permitiendo que diversos actores del mercado de los medicamentos sigan defraudando y abusando de este sector.