“El sistema de salud colombiano está rico en su miseria pues a pesar de los muchísimos billones de pesos que se disponen cada año para garantizar el aseguramiento en salud de las personas, todavía se ven casos de falta de atención, negación de servicios y gravísimos problemas de flujo de recursos entre los actores que intervienen en dicho sistema”, expresó Ulahy Beltrán López, médico barranquillero y quien hoy es el asesor en salud de la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico.
Justamente, la última edición de la revista “Economía Colombiana”, publicación institucional de la Contraloría General, se denomina “Sistema de salud: inmensamente rico en su miseria”, y de acuerdo con el asesor de dicho órgano, “con esta publicación dedicada al sector salud de este país, se evidencia como bajo el liderazgo de la Contralora Morelli Rico, en la actual administración de la CGR, desde su inicio hace ya casi dos años, se ha venido haciendo control y vigilancia fiscal sobre los recursos de la salud, mostrando con pruebas contundentes y muy bien documentadas, el desvío de los mismos que ha afectado de manera grave la solvencia y la liquidez de los actores comprometidos en la prestación de este derecho considerado como fundamental dentro del Estado social de derecho”.
Complementó Beltrán que lo que ha venido haciendo este ente de control y vigilancia de manera decidida es poniendo en evidencia el desvío de los recursos públicos de la salud, y de hecho ya hay procesos de responsabilidad fiscal que están en pleno curso y que comprometen a presuntos responsables de operación de estos recursos, y “hay comprometidos tanto funcionarios públicos como personas e instituciones del sector privado que operan recursos de la salud de origen público”.
Con respecto a este particular, según el asesor, “es pertinente mencionar que las acciones de la Contraloría van dirigidas no solo a lo expresado en el fallo del Consejo de Estado sobre SALUDCOOP EPS, en el que se ordena restituir cerca de setecientos mil millones de pesos a la liquidez de la entidad para asegurar una adecuada prestación del servicio de salud, sino a la exigencia en el cumplimiento de la Ley y reiterado por la jurisprudencia, con respecto a las demás entidades del sector que de manera irregular hayan utilizado recursos parafiscales para la inversión en infraestructura u otras operaciones distintas a la prestación del servicio de salud”.
Concluyó Beltrán que la definición como públicos de los recursos de la salud no es una novedad del ordenamiento jurídico colombiano, pues “la Constitución, la Ley, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, así como sus fallos de constitucionalidad, las decisiones del Consejo de Estado, desde hace al menos 21 años han preservado la misma perentoreidad; ni resoluciones contrarias a esta premisa, ni decretos en contravía de normas superiores, ni uno que otro aparte de decisiones judiciales sacados de contexto, pueden legitimar indebida apropiación de estos recursos públicos”.
Por: Germán Agámez
