En 2010 el Estado inyectó en la economía española 92.500 millones de euros en ayudas públicas. Esta cifra supone un 46% más que el año anterior. De esta cifra, el Gobierno destinó una parte a ayudas relacionadas con la crisis y, otra parte, a ayudas no relacionadas con la crisis. En cuanto a las ayudas no relacionadas con la crisis el Estado destinó únicamente 5.000 millones de euros, algo lógico en una situación económica extremadamente grave como la actual. Los otros 87.500 millones de euros fueron destinados, evidentemente, a paliar la tan famosa crisis.

Está claro que 92.500 millones de euros dan para mucho. Con una cantidad tan importante de dinero, y utilizado de una manera rigurosa y coherente, se podría reactivar la economía del país considerablemente. Al menos, de una forma que las empresas en particular y la ciudadanía en general lo notase. Entonces, con un volumen tan enorme de dinero inyectado, ¿por qué no se ha reactivado nuestra economía? ¿Por qué no hay ni el más mínimo atisbo de que estamos saliendo de esta crisis? Pues la respuesta es tan sencilla como presumible; porque de los 87.500 millones de euros destinados a ayudas anti crisis, 87.149 millones fueron a parar a la banca.

Uno puede llegar a comprender que en situaciones de máxima urgencia el Estado inyecte dinero público –es decir, dinero suyo y mío- en las entidades bancarias con problemas, pero con ello se producen diversos desequilibrios e injusticias manifiestas. ¿Se puede inyectar dinero público en entidades bancarias que no han sabido gestionarse? ¿Se puede inyectar dinero público en entidades en las que sus responsables cobran sueldos y pensiones millonarias? ¿Se puede inyectar dinero público en entidades bancarias con problemas pero no en pequeñas y medianas empresas con problemas? ¿Se puede inyectar dinero público –repito, dinero suyo y mío- en entidades bancarias y eliminar becas, subsidios o infraestructuras? Es más, ¿dónde ha ido a parar todo ese dinero?

Con total rotundidad, y desde cualquier punto de vista que se adopte, resulta absolutamente injustificable gastar una cantidad ingente de dinero público en empresas mal gestionadas cuyos máximos responsables no solo no están en la cárcel por su mala gestión sino que además se van para sus casas jubilados con cincuenta años y con una compensación de un millón de euros. Es más, si cogiésemos esos 87.149 millones de euros que se ha gastado el Estado y los repartiésemos entre la población activa –activos y parados- de este país con sueldos inferiores a los 1.500 euros al mes, tocaría más o menos a unos 4.000 euros por cabeza, que no sería un mal modo de reactivar la economía. Eso, en un solo año, y otros 4.000 por cabeza para el año siguiente.

Cada mes, los trabajadores vemos como nuestras nóminas se quedan en la mínima expresión por un constante aumento de impuestos y un crecimiento paulatino de los precios. Los parados, cada mes ven sus ayudas más reducidas y más difíciles de prorrogar. Los desahuciados ven como sus casas dejan de ser suyas. Los enfermos ven como tienen que esperar horas y horas en una camilla en mitad de un pasillo para ser atendidos. Y los niños españoles ven como se convierten en los más pobres de toda Europa. Un enorme expolio en beneficio de unos pocos.