Uno de los temas más sensibles en la percepción ciudadana chilena, desde hace muchos años, es la delincuencia.  Junto a la preocupación por las variaciones del desempleo, a través de las dos últimas décadas, tal vez sea la preocupación más recurrente que inquieta a los habitantes de las grandes ciudades. Los noticieros de la televisión habitualmente siempre parten con noticias relacionadas con delitos, a no ser que haya algo extraordinario en la pauta rutinaria.

Conversado el tema con extranjeros en Chile que han visitado otros países de América Latina, ellos siempre hacen comentarios o mofas sobre la obsesión chilena por la delincuencia, viviendo en un país tan tranquilo y dentro de estándares que se aproximan y, en algunos índices, superan a los que se expresan en países desarrollados. En los índices de riesgo, Chile aparece como uno de los países más seguros en el mundo, ya que carece de muchos de los problemas que caracterizan la inseguridad de una buena parte de la comunidad internacional, incluyendo a los gigantes desarrollados.

Sin embargo, algo pasa en la agenda chilena en torno a la percepción de inseguridad. En ese contexto, hay dos aspectos determinantes.

El primero, es que -  efectivamente - en las grandes ciudades, como en todas las ciudades del mundo con creciente concentración demográfica, el delito ha ido creciendo en su virulencia, producto de distintos factores. Los bolsones de pobreza más dura en las grandes urbes facilitan el crecimiento del delito producto de la marginalidad. Barrios no integrados a los beneficios que ofrecen las condiciones sociales promedios de la ciudad y de la sociedad, o barrios donde la movilidad social no se expresa de modo palpable, constituyen el caldo de cultivo para promover marginalidad y refracción a las normas de convivencia basadas en el respeto a los valores y las normas predominantes en la sociedad.

Sin duda, la peor indicación de que Chile seguirá sufriendo un crecimiento del delito está en su distribución del ingreso y de la riqueza. Es uno de los países más desiguales en el mundo y el gran éxito de su gestión económica, que todos reconocen y alaban en la comunidad internacional, se sustenta en una desigualdad abismante. Los bolsones de pobreza dura en las ciudades exhiben una dramática distancia respecto de los sectores donde se ubica la clase pudiente. Recorrer las comunas pobres y las comunas ricas es tan dramático en su contradicción como lo es recorrer dos países: uno claramente en el desarrollo y otro indiscutiblemente en el subdesarrollo.

Cuando uno camina por algunas comunas periféricas de Santiago (Pudahuel, San Ramón, La Granja, o Lo Espejo), la participación chilena en la OCDE adquiere alcances oníricos, propios del realismo mágico. El triángulo de las avenidas El Golf, Apoquindo y Vitacura, el “Sanhattan” chilensis, en tanto, nos pone en la realidad de un éxito comercial y económico que se resiste a incluir a una significativa parte de la población. Con lo que gana un ejecutivo promedio que tiene oficina en alguna de esas torres esplendorosas y paradigmáticas pueden vivir 60 familias con ingreso mínimo. Obviamente, la señal para quien pretende ingresos mejores, en los barrios de la pobreza dura, será siempre proclive hacia el delito y las ventajas del dinero fácil y rápido.

El segundo aspecto determinante es la irrupción de la delincuencia, hace algunos años, en la agenda política de la mano de los sectores conservadores. Como en todos los países occidentales la derecha política ha hecho del delito su caballito de batalla, exponiendo las presuntas debilidades de los partidos de centro y de izquierda, por lo que considera políticas excesivamente garantistas con quienes cometen delito. La actual alianza de gobierno en el poder, formada por dos partidos conservadores, hizo su propuesta política y su posicionamiento como alternativa a la alianza de centroizquierda que gobernó por dos décadas, en torno a dos temas: eliminar la corrupción y eliminar la amenaza de la delincuencia. Ello se sintetizó en el concepto “la nueva forma de gobernar”. El resto son políticas continuistas de lo que hizo su antecesora en el poder.

La crítica dura contra los gobiernos anteriores estuvo centrada en esos dos aspectos, y posicionaron el concepto de “puerta giratoria” para indicar que las garantías de procesamiento impulsadas por los gobiernos anteriores favorecían el que, si un delincuente era apresado, al día siguiente estaba libre, en la calle, cometiendo nuevos delitos: en la tarde entraba por una puerta, y en la mañana salía por la misma. Toda política de reinserción social, que buscaba dar una nueva oportunidad a quienes cometían delito por primera vez, fue vapuleada y convertida en campaña política para mostrar las debilidades de los gobiernos de centroizquierda. Paradigmático fue el uso electoral de un indulto presidencial de uno de los gobiernos anteriores, a un traficante de drogas primerizo, que se convirtió en tema incluso de la campaña presidencial última, sin siquiera considerar si aquello había sido un éxito o un fracaso de reinserción.

Llegando al gobierno la alianza conservadora quiso dar señales políticas potentes, y se iniciaron algunas medidas de gran rimbombo, como convertir al Ministerio del Interior en Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Se anunciaron incrementos en la fuerza policial y se dio la más firme señal política a los jueces, que no podía haber mano blanda con los delincuentes. Esta política de mano dura, denunciada como señal política errónea por el presidente de la Corte Suprema, explosó dramáticamente con el incendio en la cárcel de San Miguel, ejemplo vivo del hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria, de carácter eminentemente tercermundista.

Fue esa la primera indicación del fracaso de la agresiva política conservadora en el gobierno. Entre las víctimas del incendio hubo gente que no debía estar hacinada en una cárcel, sino que debía ser parte de una política integradora del Estado, capaz de producir una reinserción social y generar nuevas oportunidades. Un muchacho que cumplía pena de dos meses por venta de CDs piratas, que murió quemado en el incendio provocado por reyertas propias del hacinamiento de criminales duros, es un ejemplo dramático de una señal política aberrante y demagógica.

La segunda señal del fracaso de una política hecha para la publicidad electoral, la ha dado el propio Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de su ampuloso Centro Estratégico de Análisis del Delito (Cead) – las denominaciones expresan concepciones, y el gobierno conservador está en guerra contra el delito (y las guerras se ganan o se pierden) -, que ha dado cuenta que los robos y asaltos a domicilios particulares ha crecido en un 13,7% respecto del año anterior. Es decir, uno de los delitos que más afecta la sensación de seguridad pública, en el primer trimestre de 2011, ha crecido respecto al primer trimestre de 2010.

Es obvio que hay un significativo fracaso en la política de seguridad pública, pero por sobre todo lo que ha fracasado es la lógica que la ha impulsado. Hay un fundamento político que no es correcto, y que no puede seguir expresando esa lúdica pretensión conservadora de que la mano dura terminará con el delito. El ataque contra el delito requiere una estrategia eminentemente socio-económica, aquí y en la quebrada del ají, como acostumbramos a decir los chilenos. Obviamente, al criminal duro hay que reprimirlo, pero la gran mayoría de los delincuentes ocasionales – lo que produce la sobrepoblación carcelaria -, hay que llevarlos a una política de reinserción, y su medio social debe inducir hacia la movilidad social a través de la educación y las oportunidades. Para esto último hay que generar una política que reparta de mejor forma la riqueza y aproxime los ingresos a estándares de países desarrollados.

Como en ninguna parte, en Chile, aceptémoslo, el crecimiento del delito está asociado a la falta de oportunidades y a la segregación social que ha sostenido la riqueza del modelo económico desde la dictadura hasta hoy. Lo demás es solo retórica electoral y política para la galería o para el aplausómetro de las encuestas, muy en boga en la forma de hacer política en el Chile actual.