A pesar del juez Pedráz y de su buenismo con los impulsores de la propuesta de ocupación, asalto y rodeo de la institución de la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados, y a pesar también de la desautorización y menosprecio a las fuerzas de seguridad expresadas por el citado juez, los españoles que defendemos el orden y la tolerancia dentro del respeto, los modos pacíficos de manifestación, y la libertad, tenemos que aunar las voces para exigir leyes y medidas que nos protejan de dictámenes tan distantes del orden, de la convivencia y de la realidad como el de este juez estrella.

Las conclusiones a las que llega y plantea el señor Pedráz tan solo nos llevan al despiste y a la confusión. Además de dar alas a los instigadores de actos violentos para el desorden y el asalto de espacios, -pues no debemos minimizar lo que hubiera sucedido el 25S de no haber intervenido la Policía-, del razonamiento que hace en su auto es fácil deducir la total permisividad que predica para cualquier intento de asalto o toma de una institución, aunque sea a la Audiencia Nacional. No conforme con tal irresponsabilidad, advierte a las fuerzas del orden sobre el cuidadín de intervención, pues les puede caer la particular justicia del señor Pedráz.

Con tantas algaradas y movimientos callejeros, larvados y aletargados mientras la ruina y el galopante desempleo crecían, se está llegando a unos límites de manipulación y de demagogia que irritan. Tan solo hace falta que la delegada del Gobierno en Madrid se pronuncie sobre unos hechos que estrangulan la actividad mercantil y urbana de la capital de España y, a su vez, crean serios perjuicios a cientos de comerciantes y ciudadanos, para que salgan en tromba todos los ‘demócratas’ de pitiminí, que pasan de la Constitución, y comiencen a insultar, tergiversar y manipular las palabras y pronunciamientos de la responsable madrileña del orden, que en ningún momento ha dicho que se corten, anulen o limiten los derechos de expresión, manifestación o reunión de los ciudadanos.

Ahora que el Ministro de Justicia, señor Gallardón, está poniendo interés en revisar algunas normas y leyes de nuestro Código Penal, es momento oportuno para revisar y modificar actuaciones y conductas que se suelen producir en grandes o pequeñas concentraciones, manifestaciones y algaradas. Me refiero concretamente a la cada vez más necesaria ley que prohíba el uso de capuchas, pasamontañas o pañuelos, que algunos utilizan para tapar su rostro e impedir ser identificados mientras cometen actos vandálicos. Suelen ser cobardes y violentos individuos que se escudan en el anonimato para agredir a la policía, quemar banderas, romper lunas de entidades y comercios, y destrozar mobiliario urbano.

Si en realidad ya existen artículos en la Ley que contemplen este tipo de sanciones, ¡aplíquense!. Si no existen, ¡introdúzcanse!.