Debo confesar que yo también me sorprendí. Como ya sabrán, ayer se celebró en Barcelona una vasta manifestación con motivo del Día de Cataluña, popularmente conocida como la Diada. Al final, esta manifestación sirvió de excusa para expresar el intenso deseo de independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña del Estado Español. Me sorprendí, decía, y creo que no fui la única, del número de manifestantes y del mensaje unánime que quisieron trasmitir no sólo al resto de ciudadanos españoles, sino a aquellos no compartían el motivo de la manifestación que esto va en serio.

Cataluña, no tiene sentido que lo refleje aquí, lleva más de 200 años reclamando un estado propio (recordemos la intentona que se produjo cuando se proclamó la II República en 1931), y de las tres nacionalidades históricas que históricamente han convivido en España, la catalana ha sido, mal que les pese a los vascos, la más cabezota y pura de todas ellas.

Por todo ello, ayer lo que manifestó el pueblo catalán ha sido un nuevo golpe de efecto, con la diferencia de que las circunstancias especiales (al borde de un rescate que el Presidente Rajoy ya ha confirmado a la prensa finlandesa) en las que vive España hacen que este acto no sea un acto más de demanda de un sentimiento histórico, sino un verdadero golpe de efecto que no deberíamos, mal que nos pese a algunos, ignorar.

Ignorar podría suponer enfrentarnos al deseo de la ciudadanía, aquella a la que por ley le pertenece la auténtica soberanía del Estado. Escucharla es el deber de nuestros políticos, y no a la inversa. Debemos entender que las intenciones de los políticos catalanes no responden sólo a su propia ideología, sino que son una extensión de los deseos de sus propios compatriotas (entiéndase aquí lo de compatriotas como conciudadanos de una misma región).

Ahora bien, debemos poner todas las cartas sobre el tapete: Si Cataluña desea irse, deberá ser con todas las consecuencias, con todas sus ventajas (que ellos mismos juzgan) y con todas sus desventajas, que deberán acatar y soportar, sopesando bien los efectos que esta decisión política tendría sobre la economía catalana, y su posibilidad de sostenerse como país totalmente independiente. No podemos tolerar que una Comunidad Autónoma se aproveche de las ventajas de ser una nacionalidad aventajada en comparación con el resto de Comunidades Autónomas, en autonomía, y que al mismo tiempo se beneficie, suponiendo así un agravio comparativo que el Estado no debería tolerar, las ventajas de su unión con el Estado Español.

Si el pueblo catalán habla, y lo hace con la mayoría suficiente (y negociada bilateralmente), tendremos que aceptar los deseos del pueblo catalán. Eso sí, que no pretendan tomarnos el pelo al resto de los ciudadanos.