El papel ejercido por la Contraloría General de la República ha sido visible y determinante en medio de la crisis por la que atraviesa el sistema de salud colombiano. Las advertencias, denuncias y hallazgos mencionados por este ente, han dejado ver las difíciles circunstancias por la que atraviesa dicho sistema y las grandes dificultades por las que tienen que atravesar los colombianos para poder tener acceso a los servicios de salud, así los servicios que se requieran estén incluidos en el plan de beneficios, recientemente igualado para los regímenes contributivo como subsidiado. La Contraloría General de la República se ha encargado de enfatizar de manera reiterativa como públicos los recursos de la salud en los términos que ha definido la constitución colombiana, la ley, la Corte Constitucional, los fallos de constitucionalidad y de manera reciente el fallo del Consejo de Estado, y de otra parte, deslegitimar cualquier apropiación indebida de los mismos.
Opinión y Salud habló con Ulahy Beltrán López, Asesor de la Delegada Social de la Contraloría, para conocer cuáles son los avances en la gestión adelantada desde este ente de control fiscal para salvaguardar los recursos de la salud y depurar algunos aspectos de la gestión administrativa.
Beltrán López afirmó que es innegable que se ha dado un "irrespeto por parte de algunos operadores fiscales del aseguramiento frente a sus obligaciones definidas en el ordenamiento jurídico vigente en Colombia", anotando que la Contraloría General de la República ha evidenciado como las EPS perdieron su función de aseguradoras que debían cumplir, transfiriendo el riesgo al FOSYGA como pagador de los recursos del sistema.
Otro aspecto vital que debe ventilarse es la determinación del valor de la UPC o unidad de pago por capitación (prima que paga el Estado a las EPS por cada afiliado), cuando al respecto afirma el Asesor de la CGR que "la UPC ha sido objeto de toda clase de manipulaciones y distorsiones y no funciona como prima o precio del aseguramiento y su conformación técnica sigue siendo una meta no alcanzada, pues corresponde a una actualización ficticia que está basada en costos inflados por los pocos actores que alguna información presentan".
Precisó igualmente Beltrán Lٕópez que "la actual Ministra de Salud, siendo Viceministra de la cartera, en su momento denunció a todos los entes de control la ocurrencia de "serias inconsistencias" en la determinación de la UPC que alcanzaban un billón de pesos de los cuales 800.000 millones eran por medicamentos (...)".
"En síntesis es un sistema con mucha plata disponible y dispuesta para garantizar la salud de los colombianos, pero sin flujo oportuno entre algunos actores intervinientes en el sistema, con mucha corrupción, y que en últimas ha generado la afectación en la calidad de los servicios que los colombianos deben recibir, dada la connotación de derecho fundamental y constitucional de la salud", agregó.