Así como se ha fusilado gente en forma ilegal en diferentes países del Globo, también se lo ha hecho en forma legal. Argentina no es la excepción a la regla, y lo hizo durante muchísimos años e incluso era visto como algo normal. Es que la pena de muerte formó parte del ordenamiento legal argentino durante varias décadas. Pero veamos un poco más.

En Argentina se fusiló ya desde 1810 – cuando ni siquiera era aun “Argentina”, sino todavía las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 26 de agosto de ése año, en Cabeza de Tigre, Córdoba, la Primera Junta fusiló al ex Virrey Liniers (nombrado interinamente como premio por haber liderado la reconquista porteña en 1807). Y el 8 de julio de 1812 también fusiló a Martín de Álzaga (otro reconquistador y otrora héroe) por conspirador. Aquellos héroes de ayer, hoy eran fusilados. Esta sería una imagen repetida en la historia argentina.

Como sabemos, el 13 de diciembre de 1828, Don Juan Lavalle (héroe de las campañas libertadoras sanmartinianas) mandó fusilar a Manuel Dorrego, gobernador depuesto por él mismo, en Navarro, Buenos Aires, en lo que se considera el primer golpe de Estado netamente criollo. El héroe de ayer, era el villano de hoy y convertía en mártir a uno de sus mejores amigos y camarada de armas.

El 18 de agosto de 1848, fueron fusilados Camila O´Gorman y Ladislao Gutiérrez, cura párroco, por haber irritado a la Iglesia y a Rosas. Otra escena que luego se repetiría: la irritación al poder dominante y a la Iglesia se pagaba con la vida.

Al día siguiente de la batalla de Caseros – que decidiera el destino de la Confederación Argentina-, el 4 de febrero de 1852, Urquiza mandó fusilar al oficial del ejército de Rosas de más alto rango capturado, el Coronel Martiniano Chilavert. Se ve que esto causó algún mal en la conciencia de Urquiza, porque en agosto de ese mismo 1852 decretó la abolición de la pena de muerte por causas políticas. En 1868, la Provincia de Buenos Aires hizo lo mismo. Recién en 1922, la pena de muerte fue abolida en Argentina.

Hasta 1922, en Argentina se condenó por pena de muerte, la que siempre y en todos los casos se cumplía por fusilamiento (la cámara de gas, la inyección letal y la silla eléctrica, que se siguen usando hoy en países del considerado “Primer Mundo”, eran procedimientos caros e inasibles en aquéllas épocas nacionales). Era más fácil pegar unos cuantos tiros de fusil.

En lo que hoy es la porteña Plaza Las Heras, a dos cuadras de un conocido paseo de compras, funcionó la Penitenciaría Nacional (de hecho, aun se conservan cimientos y sótanos de la vieja cárcel). Era en el patio de esa penitenciaría donde se cumplía la pena de muerte por fusilamiento. Allí, por ejemplo, el 22 de julio de 1916, durante la presidencia constitucional de Hipólito Yrigoyen, se fusiló a Francesco Salvatto y a Giovanni Battista Lauro, por el homicidio calificado de Frank Carlos Livingston. Ésta fue la última ejecución por causas no políticas ejecutada en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el Estado siguió fusilando.

El 6 de septiembre de 1930, un bando militar (similar a un decreto) dictado por el gobierno de facto de Uriburu puso en vigencia la pena de muerte y así el 9 de septiembre, en Rosario, fue fusilado sumariamente el canillita anarquista catalán Joaquín Penina, cuyo único delito fue gritar “viva la anarquía” en las calles rosarinas.

Luego, los gobiernos democráticos, como primer o segunda medida, derogaban estos decretos. Y con el nuevo golpe militar se volvía a instaurar, y luego con la recuperación democrática se volvía a derogar y así hasta 1983, con la última derogación del estado de sitio y de la pena de muerte, vigentes hasta hoy.

La muerte como pena, esto es, que el Estado mate en forma directa aplicando la Ley, forma parte de un enorme debate multidisciplinario que abarca justicia, religión, ética, moral, política, sociología, que nos excede en este espacio. Pero queríamos traerles éstas “memorias” a nuestros ya de por sí memoriosos lectores.