Quise iniciar mi participación en este espacio con la narración de algunos de los hitos de una de las transformaciones más importantes por las que atraviesa en la actualidad Bolivia que es, sin lugar a dudas, la existencia de una nueva estructura y organización territorial del Estado –sin descontar con ello muchas otras transformaciones institucionales relevantes, tanto con aspectos positivos y negativos que espero abordarlos en otras entregas. 

Este trascendental cambio está caracterizado por la configuración de un modelo estatal compuesto, de vertiente autonómica. Si bien es posible advertir que antes de la aprobación del nuevo texto constitucional –febrero de 2009– ya existía plasmado en la práctica cierto grado de gestión descentralizada tanto a nivel local a través de los gobiernos municipales como a nivel departamental a partir del funcionamiento de las ex prefecturas, es importante aclarar que el mismo no implicaba una profunda descentralización y, en teoría, se asemejaba más a un proceso de desconcentración, en especial la gestión de bienes y servicios públicos generada en el ámbito departamental.

En este complejo proceso de construcción del Estado autonómico en Bolivia, existieron algunos hitos históricos contemporáneos que merecen ser mencionados, el primero de ellos es la aprobación, en 1994, de la Ley de Participación Popular (Ley Nº1551) que descentralizó una serie de competencias a nivel municipal y determinó las fuentes de financiamiento de las mismas, además de ello, permitió a los denominados Concejos Municipales –las asambleas deliberantes de este nivel– la posibilidad de emitir Ordenanzas Municipales para la reglamentación de sus mencionadas competencias, instrumentos legales éstos que, si bien no poseían el rango de una ley, constituían un primer avance central en esta ruta autonómica, fortaleciendo aún más la denominada democracia municipal que se había instalado de forma estable desde 1985 a través de la elección directa de los representantes a los mencionados Concejos Municipales de donde era elegida/o la Alcaldesa o Alcalde Municipal.

Como correlato a la señalada legislación, el año 1995 se aprueba la Ley de Descentralización Administrativa (Ley Nº1654) que vino a complementar y fortalecer al nivel departamental a través de la instalación de las llamadas Prefecturas departamental, la transferencia de ciertas competencias y recursos económicos a estos ámbitos territoriales, todo ello tomando en cuenta la experiencia previa de las eliminadas Corporaciones Regionales de Desarrollo. Pero, a diferencia de lo sucedido con el nivel municipal, los Consejos Departamentales de estas prefecturas no podían emitir ningún tipo de normativa para el ejercicio de sus competencias, por ello, se lo caracteriza como un sistema territorial desconcentrado, lo cual se acentúa más si tomamos en cuenta que hasta el año 2005, las máximas autoridades ejecutivas de este nivel territorial eran designados por el Presidente de la República.

Luego de la elaboración y aprobación de la Ley de Municipalidades en 1999, el año 2000 también significó un hito en este proceso pues se dio lugar al denominado Diálogo Nacional en el que, en resumen, destinó cantidades determinadas de recursos a los ámbitos territoriales para la ejecución de proyectos en áreas o sectores de política pública específicas, recursos económicos que provenían de la condonación de la deuda a la que fue acreedora Bolivia y que, posteriormente, se constituirían en la conocida fuente de recursos HIPC (Heavily Indebted Poor Countries, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, toda la experiencia acumulada en aproximadamente 15 años de descentralización –con las salvedades teóricas señaladas más adelante–, acompañada de la tensión histórica entre las regiones y el nivel central de gobierno, además de los recurrentes procesos de convulsión social por los que atravesó Bolivia en ese período, dieron lugar al reposicionamiento y configuración más clara de un discurso autonomista que tuvo sus bastiones, especialmente, en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando que, a la luz de los acontecimientos suscitados en la época y la debilidad mostrada por el entonces gobierno de turno, el año 2005 demandaron que, al mismo tiempo de la realización de elecciones generales, ese proceso electoral esté acompañado de la elección por voto de la población de los prefectos departamentales.

Los resultados de dicha elección departamental permitieron a los representantes elegidos adquirir la legitimidad necesaria para llevar adelante la bandera que demandaba una profundización de la descentralización del país, tal es así que, en julio de 2006, a la vez que eran elegidos/as los/as representantes a la Asamblea Constituyente, se realizó el referéndum por la autonomía donde, precisamente los departamentos señalados, optaron por un régimen autonómico, cuyas características debían ser delineadas formalmente en la Constitución a ser elaborada en el proceso constituyente.

Los conflictos originados tanto al interior como fuera de la Asamblea Constituyente, promovieron la instalación de una dinámica política departamental propia que durante el año 2008 fue intensificada a partir de la realización de los denominados referendos autonómicos a través de los cuales se aprobaron los Estatutos Autonómicos de los departamentos señalados –sin duda, hecho por demás paradójico, pues a pesar de no contar todavía con un modelo de Estado autonómico, Bolivia asistía a la configuración de cuatro regímenes autónomos departamentales.

Todo este proceso de poderes y contrapoderes generados desde el nivel central y los departamentos que optaron por la autonomía sin embargo, tuvo dos hitos fundantes, el primero de ellos en la aprobación del nuevo texto constitucional donde se dio el tránsito formal hacia el Estado autonómico con características bastante complejas y, el segundo, a través de la elaboración y aprobación de la denominada Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Ley Nº031).

Son estos instrumentos legales los que permitieron que hoy, Bolivia cuente con cuatro niveles territoriales (central, departamental, municipal e indígena originario campesino) con igualdad jerárquica y la facultad de legislar en sus respectivas jurisdicciones sin que ello implique subordinación o tuición de un nivel sobre otro; además de ello, se cuenta con un extenso catálogo competencial para cada uno de los niveles señalados, un régimen económico financiero que no se diferencia en mucho del existente hasta antes de esta transformación y con un andamiaje de coordinación intergubernamental del alta especificidad técnicas; todos estos elementos que espero poder tratarlos con más detalle en entregas posteriores.