(parte II)

V.A.E., ¿un proyecto político?

Bolivia participa con un 12% de la población  indígena de América Latina y el Caribe, de  un total aproximado de 40 millones, mientras Perú lo hace con un 27% (Hopenhayn y  Bello 2001:5), la cifra más alta de todos los  países del continente. En unos cuatrocientos  grupos étnicos se distribuye esta población  indígena, siendo la etnia aymara una de las  más importantes. El territorio de los aymaras  comprende el sur del Perú, todo el occidente  boliviano y el norte grande de Chile. La zona  del tripartito peruano, boliviano y chileno  está ubicada en el corazón del territorio de  los aymaras a una altura sobre el nivel medio  del mar superior a los tres mil metros, con  una población cercana a las ciento ochenta  mil personas, en una superficie aproximada  de 125 mil kilómetros cuadrados. 

El especialista peruano Nilo Meza señala que  el Tripartito se ha convertido en  “el centro  neurálgico” y emblemático de los antiguos  territorios aymaras.  “En este territorio, no sólo  se cumple la condición de  “conveniencia” establecida por la norma andina respecto al tercer país,  sino que la historia, las características sociales  y culturales comunes de quienes los habitan  desde tiempos ancestrales, la definen como una  verdadera ZIF (Zona de Integración Fronteriza)” (Meza 2005:42). Las ZIF han sido definidas  jurídicamente por la Comunidad Andina en  junio de 2001, a través de la norma D 501, se- ñalando que  “son ámbitos territoriales fronterizos  adyacentes de países miembros de la Comunidad  Andina, en los cuales habitan poblaciones con  tradiciones y costumbres similares, separados  política y administrativamente por decisiones  generalmente ajenas a sus intereses” (Meza  2005:36). Por tanto, pueden desarrollar proyectos conjuntos para su desarrollo e inserción  en la economía internacional. Si bien Chile  ya no es miembro de la Comunidad Andina  de Naciones, sí participa como socio.

Otro especialista, Sergio Boisier, nos recuerda  que en regiones multifronterizas o regiones  asociativas de fronteras (RAF) no basta con la  definición geográfica de la zona de integración  y la creación de un aparato institucional o,  como en este caso, la institucionalidad otorgada  por organismos nacionales o supranacionales,  sino que es necesaria la  “preparación de un  proyecto político de la RAF, proyecto destinado a generar consenso social, cooperación  entre fuerzas políticas, poder político y, sobre  todo, destinado a construir un futuro común  en un nuevo juego de suma abierta (Boisier 2003:65). Este autor propone que los estados  nacionales a través de un proceso efectivo  cedan soberanía a la RAF. ¿Será ello posible  en una triple-frontera, donde los conflictos  diplomáticos aún no se enfrían?

La AE Aymaras Sin Fronteras, ¿podría transformarse en un proyecto político transfronterizo?  En general, un territorio político se caracteriza  por la ocurrencia de tres tipos de procesos: la  existencia de culturas políticas¹² territorializadas, la construcción política de territorios  específicos por operadores políticos colectivos y el trabajo institucional en el espacio de lo  político (Ritaine 1994:78). En este caso, la  idea de una acción pública transfronteriza,  como se ha señalado, emergió hace menos  de una década, con el nacimiento de la AE  en 2001. Por lo tanto, la primera característica es casi inexistente por ahora. Además  el espacio transfronterizo no está todavía  institucionalizado. Nos parece, entonces, que  la construcción política es la primera etapa  en la formación del territorio. Sostenemos  que la legitimación del referente político  transfronterizo, que constituye este proyecto,  como hemos podido demostrar, depende del  trabajo discursivo de los actores políticos del  territorio, en este caso principalmente de los  alcaldes, dado que el trabajo de la AE está en  la etapa de un proyecto aún no concretado.

La AE, hasta el año 2007, ha logrado una  importante capacidad asociativa al incluir a 56  municipios de los tres países más Argentina.  Además, considera a organizaciones supramunicipales como la Mancomunidad de  Municipios Rurales de Oruro y La Paz, la  Mancomunidad de Municipios de la Gran  Tierra de los Lípez, la Asociación de Municipios  Rura l e s  de  Ta rapa c á   y   l a  Asoc i a c ión de  Municipalidades Rurales Andinas de Tacna.  Sin embargo, la AE no tiene un carácter ideológico, excepto su adscripción étnica que, por  lo mismo, posee una cosmovisión que orienta  su quehacer por ahora destinado a mejorar  las condiciones de vida de los habitantes de  región, empero esta población no participa de  las decisiones de la AE, ni se le ha consultado  por el futuro de la misma.

El quehacer de AE es cupular y está sustentado  en la institucionalidad vigente de los países,  que ha visto a esta Alianza como una agencia  gestora de proyectos de desarrollo y, en cierta  forma, como un agente paradiplomático que  facilita la ejecución de proyectos en una zona  conflictiva a nivel del Estado-nación.

Organismos preocupados por el desarrollo  regional y el ordenamiento territorial, como  SUBDERE del gobierno de Chile, han elegido  a AE para la presentación de proyectos al BID.  Fue el caso el año 2005 de  “Recuperación, Fomento y Puesta en Valor del Patrimonio  Cultural y Natural Aymara (Bolivia, Perú y  Chile)”. Incluso asignó a un gerente territorial,  Helmuth Häfelin.

Posteriormente, otros importantes proyectos  han sido presentados al BID como  “Aymaras  sin fronteras: circuitos telemáticos integrados,  ruta altiplánica”, que contó con el apoyo del  Centro de Política Internacional de Roma  (CeSPI), dirigido por el especialista internacional José Luis Rhi-Sausi, siendo el experto  italiano Darío Conato quien estuvo al servicio  de AE para la elaboración del proyecto.

Es decir, AE es una organización que se  mueve entre su condición de corporación de derecho privado, sin fines de lucro, la red de  municipios de tres países, las organizaciones  de los gobiernos regionales y nacionales y los  organismos internacionales. Teniendo un ancla  en las comunidades aymaras, pero que aún  no representa de forma directa, por lo tanto,  todavía no recibe de ellas el poder necesario  para la construcción de un proyecto político.

Conclusión

La AE es un proyecto paralelo a las políticas  nacionales de integración. Se basa en la idea  de  “plataforma natural de integración” en la  región (González 2006:1119), utiliza la idea de  integración como argumento ante las instancias  políticas nacionales pero sin inscribirse en este  marco. En este sentido habría que notar que la  iniciativa y el liderazgo de la AE se ubican en  el único país que se quedó fuera de los procesos de integración macroeconómica hasta su  entrada en la CAN, como miembro asociado, en el año 2006. La AE surge entonces de otra  lógica: el objetivo de sus promotores locales es  más bien endógeno, considerando al territorio  transfronterizo como una entidad subregional en sí, con necesidades socioeconómicas  similares a pesar de los distintos niveles de  vida nacionales y que por lo tanto requiere  una dinámica de desarrollo común.

El tipo de proyecto que estudiamos se presenta como un intento de usar los instrumentos disponibles para la legitimación de un desarrollo económico transfronterizo.  Considerando, además, que la referencia a  una cultura común es parte integrante de la  legitimación del territorio transfronterizo. En  efecto, es de interés de los Estados respaldar  esta interpretación del proyecto, por una  parte, como medio probable para asegurar  la tranquilidad de una región inestable y, por  otra, como prueba de su práctica concreta del  multiculturalismo. Como vimos, los alcaldes  (enfatizado por Francisco Humire) utilizan  esta referencia en primera instancia hacia las  autoridades centrales.

La AE se presenta, entonces, como una combinación entre estrategias político-económicas  y la movilización de dos tipos de memoria  potencialmente contradictorias, la nacional y la  subregional, las que a su vez estarían creando  un nuevo espacio de actuación, surgido del  proyecto en sí, junto a nuevas escalas de organización, las cuales, no obstante, dependen  de la institucionalización del acuerdo. 

Por otro lado, la extensión de dinámicas globales vinculadas a asociaciones ilícitas podría  frenar el ímpetu del proyecto, toda vez que la  respuesta estatal ante estos fenómenos se contradice con la apertura que conlleva la dinámica  transfronteriza, no obstante que no se aprecian  los niveles de narcotráfico y contrabando que  sí están presentes en otras triple-fronteras del  continente sudamericano.

Los alcaldes líderes de AE hacen uso de la  frontera como recurso político, elaborando un  discurso étnico sobre el territorio transfronterizo que destinan, además, a las instancias  de cooperación internacional. Les da la perspectiva de manejar políticas de desarrollo con  mayor autonomía hacia los Estados: el interés  del Estado central, chileno, en la experiencia  subregional, aparece como consecuencia del  potencial de AE en tanto a la atracción de  inversiones internacionales.

Finalmente, la influencia de actores externos  en el contenido de las políticas de la región no  es una novedad. Lo nuevo reside más bien en  el hecho de que esta influencia pueda servir  como arma a los actores políticos locales para tener más peso en la elaboración de políticas  territoriales, en espacios donde las políticas de Estado muchas veces generan esperanzas  insatisfechas.

Más de un siglo después de la construcción  conflictiva de la triple-frontera, surge un  espacio de diálogo subregional que promueve el desarrollo económico del espacio  transfronterizo y su inserción en el mercado  global por medio de la cooperación política,  posibilitando que nuevos horizontes de acción  estén siendo imaginados. 

[12] Según Jacques Lagroye, una cultura política es  “el  producto de un mecanismo de regulación de los comportamientos políticos que inculca a los individuos actitudes  fundamentales forjadas por la historia, y les conduce a  compartir, más allá de sus divergencias de opiniones políticas, creencias comunes sobre la mejor forma de organización  social y de gobierno”, Lagroye, J. Bastien, F. y Frédéric,  S. (2002), Sociologie politique, Presses de Science Po et  Dalloz, Paris, pag. 412.

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