¿QUE PIENSA LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO?
Por: Ulahy Beltrán López
Ulahy Beltrán López
NOTA DEL EDITOR: En el número correspondiente al mes de enero de 2012, el Periódico EL PULSO (http://www.periódicoelpulso.com/) recogió algunas opiniones que fueron manifestadas por la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, en una sesión conjunta de las comisiones séptimas de Senado y Cámara en el Congreso de la República al final de la pasada legislatura, con respecto a varios aspectos del sistema de salud colombiano. De igual forma, dicho medio relacionó algunos hallazgos de gestiones realizadas en el sector salud por parte de la Contraloría General de la República (CGR) en desarrollo de sus funciones y competencias (http://www.periodicoelpulso.com/html/1201ene/debate/debate-01.htm). Este editor se permite consolidar por temas esas opiniones de la máxima responsable de la agencia estatal de control fiscal, así como hacer referencia a dichos hallazgos por areas temáticas sectoriales, y de esa forma, estructurar un abordaje integral de análisis de la realidad actual del sector salud en Colombia, desde la perspectiva de dicha funcionaria.
La revisión temática aborda:
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Desviación de los recursos parafiscales de la seguridad social en salud
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Detrimento patrimonial a los recursos del estado y SALUDCOOP EPS
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Auditoría realizada por la CGR al Ministerio de la Protección Social, vigencia 2010
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Recursos del chance para el sector salud y la actuación de la Superintendencia Nacional de Salud
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Responsabilidad del estado frente a la actual situación del sistema de salud en Colombia
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Hallazgos en la auditoría realizada al FOSYGA
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Los entes municipales y los recursos del sistema de salud
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Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud colombiano
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La integración vertical
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Aseguramiento, la Promoción de la Salud y la Prevención de la Enfemedad
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La Nueva EPS y CAPRECOM
1. DESVIACION DE RECURSOS EN EL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO:
“La fuga de los recursos de la salud no se traduce en los servicios" afirmó la contralora Sandra Morelli, en sesión conjunta de las comisiones séptimas de Senado y Cámara en el Congreso de la República el pasado 17 de noviembre, al presentar de manera preliminar algunos hallazgos encontrados en investigación realizada durante un año sobre el manejo de los recursos públicos en el sistema de salud.
La contralora cuestionó la desviación de los recursos de salud por parte de todos los actores del sistema, incluyendo al Fosyga por incumplimiento de funciones contractuales de la fiducia, irregularidades en el manejo de recursos en 76 municipios del país donde se “embolataron” alrededor de $976.000 millones de $1,5 billones que habían sido girados, inconsistencias en el tránsito de recursos por las EPS o aseguradoras, giro de recursos a IPS o prestadores inexistentes, manejos irregulares de los recursos públicos de la salud en clínicas y hospitales, e irregularidades en la contratación por parte de EPS e IPS.
En desarrollo del trámite legal, la Contraloría hizo traslado de los hallazgos a las instancias competentes en estos casos, respetando el debido proceso y la reserva de sumario respectiva. Por ello sólo se conocerán los resultados exactos de la investigación y los nombres de personas vinculadas o imputadas, en los primeros meses de este año. Pero si bien falta precisión y ampliación de los hallazgos, desde todos los actores del sector salud y la sociedad colombiana ya se escuchan reclamos de la debida sanción a los responsables, y la implantación de rigurosos controles para evitar que los recursos de salud se sigan desangrando por una y mil venas del sistema, en perjuicio de la población.
2. DETRIMENTO PATRIMONIAL A LOS RECURSOS PARAFISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y SALUDCOOP EPS:
La Contraloría Delegada para el Sector Social cerró indagación preliminar solicitando a la Contraloría Delegada de Investigaciones y Juicios Fiscales la apertura de proceso e imputación de responsabilidad fiscal (con base en la Ley 1474/11 o Estatuto Anti-corrupción), por la existencia de un presunto detrimento patrimonial calculado en $1.367.804.200.000 (un billón 367.804 millones de pesos), por desviación de recursos parafiscales y sobrecostos en medicamentos, hechos sucedidos entre las vigencias 2006 y 2011.
3. SOBRE LA AUDITORIA REALIZADA AL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL POR LA VIGENCIA 2010:
En su auditoría de 2010, la Contraloría General de la República estableció 58 hallazgos administrativos en el Ministerio de la Protección Social: 6 con alcance disciplinario y uno tendría connotación fiscal. Sólo 10 están cuantificados por un monto superior a $7 billones 396.000 millones, destacándose el de provisión para pensiones, el no pago de aportes a seguridad social por contratistas de servicios, distribución y giro de $1.990 millones para prevenir enfermedades inmuno-prevenibles y mitigar efectos de la ola invernal, la baja ejecución de transferencias nacionales para programas especiales de salud pública, y la no consignación de información financiera de direcciones territoriales de salud en bases de datos del Ministerio, no consistente con reportes de planes anuales de inversión.
4. RECURSOS PARA LA SALUD DERIVADOS DEL CHANCE Y LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD:
La Contraloría General de la República advirtió a la Supersalud para que en la aprobación de estudios de mercado que soportan las licitaciones de adjudicación de concesión para operación de apuestas permanentes o chance, despliegue toda la diligencia y cuidado requerido, a fin de asegurar una debida proyección de ingresos por derechos de explotación y evitar subestimación de las cifras de ingresos brutos de la concesión, que inciden directamente en los recursos destinados a financiar el servicio público de salud.
5. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FRENTE A LOS RESULTADOS GENERADOS POR EL ACTUAL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO FRENTE A LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES DE LA CGR:
| “El país debe tomar decisiones de fondo frente al manejo de los recursos del sistema de salud”, afirmó la contralora general de la república, Sandra Morelli. | |
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Agregó que llegó el momento de discutir si el modelo adoptado hace 20 años con la Ley 100/93 es el adecuado, más ante un “Estado minusválido con complejo de existir, frente a verdaderos pulpos; un sector privado sobredimensionado, que impone reglas de juego y que hace temblar al país diciendo que hay emergencia, amenazando con que no hay plata y que se suspende el servicio”. La severidad de las afirmaciones obedece a la contundencia de los hallazgos
de una investigación adelantada durante un año por la Contraloría, que
mostrarían desde el manejo de los recursos un desgreño de tal magnitud, que el
país está en mora de revisar la conveniencia de continuar con un modelo
entregado al manejo privado partiendo de una premisa que resultó falsa: todo lo
público es malo, todo lo privado es bueno. | |
Según la contralora, la investigación debe ser un “insumo útil” para que el país tome decisiones de fondo y oportunas frente al sistema de salud. La auditoría se centró en las competencias de la Contraloría: fue básicamente de carácter financiero y de seguimiento a los recursos de salud, no contiene juicios médicos o de pertinencia de tratamientos, ni sobre la eficacia en términos de resultados de salud, análisis que no se descarta realizar a futuro.
6. ALGUNAS HALLAZGOS EN EL FOSYGA Y LA RENTABILIDAD FINANCIERA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE SALUD:
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Debido a que los hallazgos de Contraloría siguen el trámite que ordena la ley (traslado a instancias competentes, debido proceso, derecho a la defensa y a la réplica, etc.), en las declaraciones de la contralora no salieron a la luz pública por reserva del sumario, datos específicos con nombres de responsables y montos de la mayoría de irregularidades, lo cual acaecería en los primeros meses de 2012 cuando se publique la investigación. Sin embargo, el análisis general que permite la información suministrada, evidencia preocupantes desbarajustes de fondo en el manejo de los recursos del sistema, situación ampliamente señalada desde meses atrás y ahora ratificada por la Contraloría. Frente al Fosyga, núcleo del manejo de los recursos del sistema, la auditoría analizó el costo que tiene para el Estado la administración de los recursos de salud bajo el modelo de fiducia, los costos de las comisiones y conceptos de fondo como: ¿de quién es la rentabilidad financiera de estos recursos? La contralora señala frente a la figura, que si
bien “desde 1985 el país entró al modelo de administración fiduciaria, que
es eficiente, transparente, ágil, sustraído de presiones distintas a las de la
buena administración”, en el caso de la salud se detectó que hay
obligaciones contractuales de las fiduciarias que tuvieron a cargo la
administración del Fosyga, que no fueron cumplidas a cabalidad, como la
obligación de mantener informacion actualizada y adecuada, así como un adecuado
sistema de control. “Lo que el país conoció con el tema de los
recobros, es muestra de que efectivamente lo que se esperaba de la
administración fiduciaria no es lo que se ha obtenido. Imaginábamos un robot que
no se equivocaba, que sólo le giraba dinero a quien se le debía, de manera
oportuna y sin márgenes de arbitrajes. En la práctica eso no sucedió así, y la
Contraloría no está diciendo que es mejor la administración pública en manos de
un ente autónomo que la fiduciaria: está diciendo que en la contratación de las
fiducias hay obligaciones que se han incumplido y que por lo tanto han originado
debilidades del sistema que se traducen en pérdidas y desviaciones de recursos y
mayores costos”.
7. LOS ENTES TERRITORIALES Y LOS RECURSOS DE LA SALUD:
Quizás el elemento de la investigación de la Contraloría que más llamó la atención, fue el relacionado con el manejo de los dineros por los entes territoriales. La auditoría examinó recursos de la salud por un monto de $1.5 billones girados a 76 municipios del país, de los cuales alrededor de $976.000 millones no aparecen debidamente soportados. Son varios los “orificios” por los cuales los pesos se pudieron “escurrir” del sistema de salud, ya fuera que no hubieran entrado nunca o que hayan sido utilizados indebidamente. El faltante correspondería a la vigencia a
partir de 2010, por recursos transferidos a entes territoriales a través del
Sistema General de Participaciones -SGP-, con destinación específica, en este
caso para salud. Un ejemplo de la contralora Morelli, señala que a un municipio
se le transfieren $1.000 millones, pero en su presupuesto y contabilidad sólo
ingresan $800 millones, sin que nadie pregunte dónde quedaron los $200 millones
faltantes. Otros hallazgos muestran que los aportes correspondientes a entes
territoriales no aparecen, o que cuando llegan los recursos de Etesa no son
contabilizados, todo lo cual sumaría una cifra muy importante que nunca le llega
al sistema.
“Hay muchos puntos que facilitan la fuga de los recursos, los que
finalmente no se traducen en el servicio y no hay, por lo tanto, una
correspondencia entre el esfuerzo financiero que está haciendo la Nación y los
resultados que en términos de salud pública estamos obteniendo”, señala la
doctora Morelli.
La contralora describe con preocupación otra
anomalía encontrada: “Los municipios tienen obligación de tener cuentas
maestras, precisamente para mantener esos recursos separados, y se encontró que
dichas cuentas maestras o no existen, o no se tiene acceso a ellas, o por el
contrario se tiene acceso con una facilidad tal que pagan la nómina y los gastos
de funcionamiento y se hacen giros directamente con chequera; las personas
investigadas por estos hechos saben perfectamente que se les abrió una
investigación”.
Hasta el momento la contralora Morelli declaró,
incluso en la sesión de las comisiones séptimas, que no se dejará tentar para
dar nombres: “Las personas que han sido vinculadas o imputadas, han sido o
están siendo notificadas. Esas personas que están siendo investigadas por la
Contraloría no son fantasmas, tienen nombres y apellidos, y ejercieron cargos y
se les imputan responsabilidades objetivas; entonces ante la solicitud de que
saquemos el listado, la respuesta es no, las personas que están siendo
investigadas los conocen y se les está garantizando el debido proceso. En los
casos donde hubo conductas que generan daño fiscal, hemos abierto las
investigaciones”.
Ante lo tajante de la postura, y el alcance de los hallazgos anunciados, es
de suponer que en los próximos meses el país se enterará de capturas y cifras
concretas de corrupción que enturbiarán aún más la percepcion de los colombianos
frente al sistema de salud; de lo contrario, dejar los nombres en un silencio
eterno, sembraría dudas frente al accionar de una Contraloría que quedaría como
denunciante pero poco sancionadora.
8. CUESTIONAMIENTOS A LA UPC DEL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO:
El tránsito de los recursos por las EPS también fue objeto de la investigación de la Contraloría General de la República: el primer cuestionamiento surgió frente a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), eje financiero del sistema y líquido vital de las aseguradoras. La Contraloría encontró que el valor de la UPC no se establece de manera técnica ni seria, y que su monto muy posiblemente es superior a lo que debería. Ello se explica porque la UPC se fija con base en informacion entregada por las mismas EPS, información que a su vez se somete a controles muy precarios, permitiendo por ejemplo que para 2011 las EPS hablaran tranquilamente de inconsistencias en su información. “Esas inconsistencias contables explicarían que $1 billón que no aparecía justificado objetivamente, y respecto del cual el Ministerio hizo algunas preguntas, finalmente resultara que efectivamente sí se había causado, pero por costos de administración. Todos sabemos que el manejo de cualquier contabilidad y más cuando se manejan recursos públicos exige un manejo riguroso, y esas inconsistencias se pueden traducir en delitos que calzan con hechos descritos en el Codigo Penal”, señaló la contralora Morelli. Las inconsistencias en información incluyen los costos de medicamentos, reportados muy por encima de los costos reales, caso en el cual la contralora señala que nadie se puede llamar a sorpresas: “La Superintendencia de Industria y Comercio ya sancionó por haberse presentado una conducta cartelizada, supongo que a ellos (las EPS) les notificaron la providencia; la Contraloría pidió traslado para ver en qué medida esos sobrecostos fueron cargados a los recursos de la salud, y si eso se traduce en detrimento patrimonial. Ésta no es una acusación general al sistema, y en el caso específico de los medicamentos, la Súper hizo su trabajo y no hay sorpresas en lo que afirmamos”. 9. LA INTEGRACION VERTICAL:
Los problemas de información encontrados por la Contraloría en el Sistema de Seguridad Social en Salud son de vieja data y ampliamente conocidos, señalados y denunciados por especialistas del sector, como son los casos de dobles afiliaciones y la permanencia en el sistema de personas fallecidas aún transcurridos los tiempos prudenciales. Donde si hay una declaración trascendente, por
provenir de uno de los órganos de control más importantes del Estado, es la
postura frente a la integración vertical. La contralora Sandra Morelli afimó:
“Las prácticas de integración vertical de los distintos actores de la salud
originan situaciones en virtud de las cuales se afecta la libre
competencia”. Señaló algunos ejemplos de prácticas que terminan
perjudicando al sistema completo: “Se hacen compras a precios distintos a
los del mercado, pero superiores, aumentando los costos de prestación de
servicios; ese hallazgo la Contraloría lo notificó a los responsables y tomó las
acciones judiciales en los casos pertinentes, haciendo traslados a las
respectivas superintendencias con los requerimientos para que asuman sus
responsabilidades, a la vez que nosotros adelantamos las actuaciones que nos
correponden”.
10. ACTUACIONES DE FALSOS ACTORES DEL SECTOR:
Un aspecto “sumamente preocupante” para la contralora Sandra Morelli, es el hallazgo de que Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS- incluidas en la investigación, no se caracterizaron por ser ejemplo de eficiencia y transparencia: “La economía en la solicitud de los medicamentos y su utilización en función de las necesidades, no pareciera que fuera la regla que inspira a las IPS que investigamos: sueros tirados en un rincón, vacunas vencidas, se piden medicamentos en determinadas cantidades y sólo se utilizan porciones menores mientras el resto se desperdicia”. Pero el hallazgo más preocupante sería la
existencia de IPS de papel: “Lo más grave, y que está siendo investigado por
Fiscalía, es el caso de IPS que no existen y a las cuales se les hacen giros de
recursos, fenómeno que encontramos en varios entes territoriales”.
11. LA REALIDAD SOBRE EL ASEGURAMIENTO, LA PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD Y EL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO:
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