El cambio técnico al servicio de la política

Vayamos ahora a lo político. Los proyectos de modernización técnica iban unidos en el régimen de los Borbones al objetivo de centralización del Estado y aumento de las rentas reales. Los mineros  peruanos no tardaron en percatarse de que detrás de una inocua máquina que movía los cilindros y agitaba los minerales había otra maquinaria política que amenazaba convertirlos en otras piezas o engranajes. El  proceso fue, sin embargo, complejo.

El  régimen de los Visitadores, que en el Perú se inició en 1777 con el arribo de José Antonio de Areche, reformó el gobierno de los asientos de minas. Los Alcaldes Mayores que, como dependientes del corregidor de la provincia y a veces usando también el nombre de Jueces Comisionados, habían venido  haciéndose cargo de tales lugares, serían ahora nombrados directamente por el Visitador, precisándose mejor sus  funciones (conocer en  registros, denuncios, despuebles y medidas de minas) y sancionándose su  plena independencia de otra autoridad, incluso la del Virrey³⁸. El Alcalde Mayor se erigió como una autoridad virtualmente  omnímoda, equivalente a los Superintendentes de Azogues en Huancavelica. Lo que se acrecentaba cuando a sus funciones añadieron la regulación de la entrega de insumos a los mineros en las Cajas  Reales, como ferretería, pólvora y azogue. Los mine- ros no dejaron de mostrar su recelo frente a la presencia de una autoridad tan poderosa. Dirigieron  pedidos para que los Alcaldes

Mayores no fuesen nombrados por el Estado, sino elegidos por la propia  comunidad de mineros; del mismo modo, argumentaban, que los comerciantes lo hacían con su Prior y sus Cónsules. Ofrecieron  incluso cubrir,  mediante una erogación colectiva, el sueldo de la autoridad³⁹.

En   1784  se instauró  el régimen  de las Intendencias en el virreinato, en reemplazo del sistema de los  corregimientos. La  au- toridad de los Alcaldes Mayores de  Minas fue traspasada a los Subdelegados de cada Partido, quienes constituían la jerarquía in- mediatamente debajo de los Intendentes⁴⁰. Este hecho fue, sin embargo, casi simultáneo con la creación del Tribunal de Minería (en 1785), representado por sendas Diputaciones en los asientos de minas más importantes. Este gremio tuvo efectos ambiguos frente al proceso de centralización del Estado borbónico. De un lado, creaba una forma de representación de un grupo empresarial importante, como eran los mineros del país, lo que podía favorecer o ayudar a las tareas de gobierno del Estado. De otro, sin embargo, cedía a esta institución gremial  algunas competencias que antes habían sido del Estado, como la jurisdicción contenciosa en asuntos de minas o la administración de ciertos tributos y/o transferencias a favor de la producción minera⁴¹.

Con  este nuevo esquema, en el que la autoridad del Subdelegado quedaba balanceada por la Diputación  de Minas local, quedaba, no  obstante, un espacio  vacío: el gobierno técnico de la minería. Los subdelegados eran autoridades políticas pero no necesariamente expertos en minería. Se pensó remediar el asunto con el expediente de las “Visitas” de minas que practicaría una comisión de peritos periódicamente, pero  no  fue  una  solución finalmente  eficaz⁴². Fue  en  este  escenario que  arribaron  al  Perú  los  miembros  de  la Expedición Mineralógica, quienes rápidamente amenazaron convertirse en los “Directores Técnicos” o “Facultativos” de  los  asientos de minas, como dependientes de los subdelegados. De esta manera, el poder del Estado sobre los mineros quedaría revestido bajo una legitimidad  técnica. Sería  el  Director  quien tendría que autorizar la apertura de un nuevo socavón, arbitrar en las disputas acerca de la delimitación de las pertenencias o los daños que  en  su  laboreo  se  hacían  unas  a  otras, decidir  sobre  la  conveniencia  de  crear  una nueva caída de agua, etc.⁴³.

El intento de introducción de una nueva tecnología ocurrió así en el marco de esta lucha política, en la cual los mineros trataban de defender el  espacio autónomo recién con- quistado de las Diputaciones. En esta lucha los sabios mineralogistas resultaron alineados, tal vez sin  ser plenamente conscientes de ello, en el bando de la corona. En  la medida que el Estado colonial (es decir, el virrey de Lima y sus instancias inferiores) resultaba a la vez que un representante de la Corona, un intérprete de las relaciones de poder locales, no guardó una actitud de decidido apoyo a la comisión mineralógica, dejándola sin piso y en el mayor aislamiento.

La  nueva tecnología trató de ser  introducida “desde arriba”⁴⁴. Lo  que  los mineros repelieron fue esa fusión del poder y del saber que los dejaría totalmente inermes frente al gobierno. Su actitud opositora a los ingenie- ros europeos puede ser entendida entonces como una lucha por su independencia y no sólo como un apego a lo malo conocido. Con cautela y serenidad el virrey Gil de Taboada decía en 1792, durante la primera fase (la más activa) de la expedición de Nordenflicht, que a los mineros: “es preciso ponerles el socorro de modo que lo puedan conseguir quando lo pidan, pero que sea dejandoles aquella  libertad que necesitan las empresas de pura imaginación y capricho”⁴⁵.

Reflexiones finales

¿Cómo tenía que ser una tecnología apropiada para la minería andina en el siglo XVIII? Si es que la idea era no enfrentarse a las formas de producción existentes (pequeñas empresas de escaso capital, “pallaqueo” o “kajcheo” como forma dominante de la fase extractiva, maneras de atracción forzada de la mano de obra) la tecnología debía ser muy divisible, en fases y en tamaño; además, no debía requerir de ingredientes que tuvieran que movilizarse de lejos, dada la dificultad del transporte, ni la generación de calor, debido a la escasez de material combustible.

El   proyecto borbónico en la reforma de  la minería fue, sin embargo, de más largo al- cance y en ese sentido  vendía un paquete tecnológico muy poco apropiado para el corto plazo. Sus propósitos tenían, como dijimos al inicio, un alcance “civilizatorio”: construir una realidad americana a imagen y semejanza de la metrópoli: hacer de Huancavelica una Nueva Almadén; de Potosí, un campamento minero alemán. Ello  requería de nuevos empresarios en el sector y de un proceso de disciplinamiento de la mano de obra: ambos debían ser escasos, pero eficaces, como los generales y soldados de un ejército modelo.

Por ello la tecnología local no fue debidamente apreciada ni se estableció con ella un diálogo fructífero. Bajo la óptica imperial, ella formaba parte de ese mundo retrógrado, donde el oro saqueado en el día se perdía en la noche en una mesa de juego. Los mineros, técnicos y trabajadores locales, al percatarse de que el nuevo proyecto los repelía, formaron un frente común de resistencia. Huancavelica no logró ser devuelta a sus días de gloria de finales del siglo XVI;  el estrepitoso derrumbe, en 1786, de sus carcomidas estructuras, cuando ya era trabajada como una empresa estatal, aunque sin desterrar el pallaqueo en la fase extractiva, fue la metáfora de otro desmoronamiento, el del proyecto de convertirla en una suerte de mina estatal modelo.

El mayor defecto de la empresa borbónica en materia minera fue no haber ubicado a los aliados locales que podría haber tenido para la reforma técnica. El siglo XVIII fue pródigo en proyectos maquinistas locales, como puede deducirlo cualquiera que se aventure a la sección Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Lima o al fondo Minería del Archivo General de la Nación, que permanecieron desatendidos bajo un régimen que quería  precisamente modernizar la tecnología⁴⁶. También perdió al proyecto imperial, su autoritarismo: ese tratar de gobernar a los productores dejando que ellos arriesguen el dinero, pero nombrando un Director que les ordene qué veta debían trabajar o qué túnel abrir.

Era claro que la estructura de la producción minera de la región andina al comenzar el siglo XVIII era la imagen degradada y pervertida del modelo “despótico tributario” implantado por el virrey Toledo en las últimas décadas del siglo

XVI⁴⁷. Era difícil no estar de acuerdo en que debía ser renovada sobre nuevos cimientos; los desacuerdos  comenzaban, empero, en cuáles debían ser esos cimientos y por dónde debía empezarse. Unos propusieron acabar con el trabajo indígena forzado; otros, con dar rebajas fiscales a los mineros; quienes se impusieron fueron los que pensaron que había que europeizar las técnicas de producción, haciendo tabla rasa de la tecnología vigente. Por lo visto y ocurrido después, no fue la mejor tecla a presionar.

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[38] Esto  motivó una agria polémica entre Areche, el Visitador y Jáuregui, el Virrey. Aunque pudiera parecer la lucha entre dos autoridades únicamente celosas su imagen e investidura, como lo sugiere Fisher (Minas y mineros; p. 53), en verdad la polémica escondía una cuestión crucial: la reunión, o no, del gobierno político con el económico. Véase AGI, A. de Lima, Leg. 1085 e Indiferente general, Leg. 414.

[39] Véase, por ejemplo, AGI, A. de Lima. Leg. 1085. Trujillo, 27 de setiembre de 1780.

[40] Cada una de las siete Intendencias en que fue dividido el virreinato, se dividía a su vez en un número de Partidos, cuyo gobernador era el Subdelegado.

[41]  Véase sobre el Tribunal de Minería  del Perú, la monografía de Miguel  Molina  Martínez, El  Real Tribunal de Minería de Lima (1785-1821). Sevilla: Diputación Provincial, 1986.

[42] Un minero de Hualgayoc, Cristóbal   de  Ostolaza, describió sarcásticamente una de  estas “Visitas”, que ya se practicaban desde el tiempo de los corregidores. Dijo así: “El ceremonial de la Visita de minas ya saben todos como lo practican los corregidores. Ellos van al cerro mineral cada seys meses, ó cada dos años: se quedan en la bocamina y hacen que la penetren dos mosos á quienes dan el título de Veedores. Estos  ya se save, declaran que  la mina está corriente, vien trabajada y libre de ruina. Esta declaración les vale su propina y á los Corregidores una piña [un trozo de plata ya depurada] de cada  minero. Si hay escribano, igualmente se indulta. Se dá por concluida la vicita, y sigue el desorden de las labores, en los Derrocamientos y tajeos, con el destrozo de los Puentes que se observa generalmente con todos los Minerales del Reyno”. AGI, Indiferente General, Leg. 414. 1780.

[43] He estudiado con detalle la batalla entre el subdelegado y los Diputados de Minas en el Real de Hualgayoc, por el nombramiento de Federico Mothes, de la expedición de  Nordenflicht, como Director  y  único Facultativo. Véase mi trabajo, Los mineros y el rey. Los Andes del norte: Hualgayoc 1770-1825. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1995; cap. IV.

[44] El concepto de autoritarismo científico ha sido desarrollado para la región de los Andes  por Marcos Cueto. Véase su libro: El regreso de las epidemias. Salud y sociedad en el Perú del siglo XX. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1997.

[45] AGI, A. de Lima Leg. 692. Gil de Taboada al Ministro Pedro López de Llerena. Lima, 20 de octubre de 1792.

[46] Una  muestra de ello son los documentos recogidos por Leonor López y otros, en Arbitrios técnicos. Véase también el fino estudio de Tristan Platt, antes citado: “Historias unidas, memorias escindidas”.

[47] Véase Luis Miguel Glave, “El   virreinato peruano  y la llamada ‘Crisis General’ del siglo XVII”. En Heraclio Bonilla (ed.), Las crisis económicas en la historia del Perú. Lima: CLAHES, 1986; e Ignacio González  Casanovas, Las dudas de la Corona.

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