Hasta ahora la crisis de la salud venía siendo abordada desde varias y diversas orillas: que las EPS no pagan y que cuando lo hacen lo hacen a tarifas tan malas que las clínicas privadas y los hospitales públicos que les venden los servicios a aquellas ni siquiera alcanzan a cubrir con esas tarifas los costos de producción de los citados servicios y que no existe un sistema de información lo suficientemente veraz que permita reconocer de manera efectiva si quienes están recibiendo los servicios en el régimen subsidiado realmente tienen ese derecho ante las dudas que existen por el incumplimiento de los requisitos básicos para ser considerados como beneficiarios de ese subsidio.

También se revisa la problemática del sector ante circunstancias como que la cartera que se le adeuda a los prestadores por los diferentes pagadores de servicios de salud, incluyendo el mismo estado, ha llevado a las IPS públicas y privadas a la iliquidez que en este momento está amenazando la continuidad de la prestación de los servicios y que algunos de los servicios de salud que están dentro del POS deben ser tutelados pues algunas EPS los consideran como si no estuvieran en ese plan de beneficios y por eso se los niegan a los que como afiliados tienen el pleno derecho de recibirlos.

Pero ahora el tema está tocando fondo…el fondo real de las cosas en el sistema de salud. En días pasados los colombianos conocimos a través de la prensa nacional el caso de la joven Laura Paola Rivera, de 18 años de edad natural de Bucaramanga y estudiante de derecho. En febrero de este año a Laura Paola le diagnosticaron Linfoma Hodking con esclerosis nodular, que es un tipo de cáncer que afecta a las células sanguíneas de la la llamada línea linfoide y cuya incidencia en el mundo es de 2.4 por cada 100.000 habitantes, y que ocurre con mayor frecuencia en mujeres mayores de 16 años de edad. Esta enfermedad con un tratamiento pertinente y oportuno, es uno de los tipos de cáncer que mayor tasa de supervivencia tiene.

Ahora bien, lo llamativo del caso es que después de haberse sometido a 10 sesiones de quimioterapia en una clínica de Bucaramanga, su ciudad natal, Laura Paola se percata que no ha presentado ninguno de los conocidos y ya advertidos efectos secundarios de este tipo de tratamientos contra el cáncer como la caída del cabello, la pérdida de peso o las incómodas náuseas. Ante este hecho, decidió consultar dos reconocidos oncólogos de la ciudad de Bogotá, quienes coincidieron en afirmar que no solo resultaba extraño la ausencia de los efectos secundarios antes mencionados al someterse a este tipo de terapia, sino que además, después de realizar los estudios indicados, confirmaron que la reducción del tumor no era consecuente con la quimioterapia ya supuestamente recibida por la paciente.

La reacción de la joven universitaria fue interponer una queja ante la Procuraduría General de la Nación de tal forma que este organismo en conjunto con el Ministerio de Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, realizaron una visita sorpresa a la entidad donde se venía administrándole el tratamiento a la joven estudiante de derecho. Según los informes de prensa, entre los diferentes hallazgos sorprende que dicha entidad carecía de las certificaciones del Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y Alimentos ( Invima), para llevar a cabo la preparación de mezclas oncológicas, con el agravante que dicho ente de control estatal ya había visitado a dicho este centro seis meses antes y a pesar que en esa fecha no se pudo demostrar la documentación requerida para su habilitación, no había sido sancionado, ante lo que el Invima aduce que en el supuesto de haber hecho efectivas las sanciones “(…) se hubiesen generado mayores riesgos para la vida y a la salud de los pacientes allí tratados (…)”.

Así mismo, en la visita se evidenció que una ampolla de uno de los medicamentos usados para las mezclas de quimioterapia se encontraba vencida, estando los restantes vigentes, con registros sanitarios y efectivamente mezclados para su uso en quimioterapia. Sin embargo, aunque estas mezclas fueron trasladadas a Bogotá para que por parte del ente de control se hiciera la evaluación que indicase si las mezclas estaban en las medidas indicadas para ser eficaces en sus efectos terapéuticos, esto no pudo realizarse. La explicación para esa situación la dio la Directora del Invima, Blanca Elvira Cajigas, quien explicó que “(…) la entidad no cuenta con la tecnología para hacer esa determinación (…)”.

La administración de los medicamentos que recibió Laura Paola se hizo en un centro que ha sido contratado por una agencia de aseguramiento en salud que responde por garantizarle a sus afiliados la atención en salud que requieren y merecen recibir. Hay que manifestar que la mayoría de las IPS en Colombia han hecho un esfuerzo financiero tremendo para poder cumplir con los estándares y obligaciones que exigen las normas en este país para que puedan operar legalmente quienes prestan servicios de salud. Un esfuerzo financiero en procura de optimizar la infraestructura en la que se prestan los servicios pero también para mejorar la calidad de los servicios que allí se prestan. Y es un esfuerzo que se ha hecho por parte de esos prestadores a pesar que no reciben oportunamente los pagos por los servicios que les brindan a los afiliados tanto del régimen contributivo como del subsidiado.

Sin embargo, a veces se observa como las EPS no contratan justamente la prestación de los servicios con esas IPS que han invertido en su mejoramiento procurando una satisfacción de los usuarios, sino que realizan esa contratación con centros que ofertan a precios muchos baratos los servicios que la EPS debe garantizarles a sus afiliados. En otras palabras, desde la perspectiva de quienes compran y pagan los servicios de salud, se está visualizando la calidad en las IPS como un sobrecosto y no como una característica virtuosa, tal y como debe ser. Y en últimas las perjudicadas resultan ser “las miles de Laura Paola” que reciben servicios a través de la red que le dispone y ordena su EPS, pero que no necesariamente le garantizan el mejor de los tratamientos para sus enfermedades, dándose lamentables casos como el relatado en este escrito.

Por ello, ya el problema supera el tema de la negación de servicios…ahora se relaciona con la calidad misma de los tratamientos que se administran a los pacientes por resultar más baratas las tarifas que cobran ciertos centros a quienes deben pagar por esos servicios…pareciese que sin importar los resultados de dichos tratamientos, ni la salud ni la vida de quienes tienen el derecho a recibir el soporte médico y de medicamentos a partir de quienes manejan el aseguramiento de su salud. Después de esto…¿qué vendrá?

(Publicado en www.zonacero.info, el jueves 22/septiembre/2011)

(http://www.zonacero.info/index.php?option=com_content&view=article&id=15692:despues-de-estoique-vendra&catid=103:columnista&Itemid=130)