La democracia en los países comienza a defenderse desde las instituciones. Las instituciones son las responsables de cumplir y hacer cumplir los principios básicos de cualquier democracia. Cuando un ministro –como fue el caso del impresentable ex ministro Rodrigo Rato- sale en los medios de comunicación advirtiendo de los perjuicios que causa a la sociedad defraudar a Hacienda y ataca a los posibles defraudadores, los ciudadanos nos lo creemos y confiamos en él y en sus actuaciones. Cuando luego nos enteramos de que el primer sinvergüenza, caradura y presunto “ladrón” es precisamente la persona encargada de mantener a raya a los defraudadores, se te queda cara de gilipollas. A medida que vamos sabiendo gracias a la prensa y a las actuaciones policiales y judiciales que los nombres de los mayores ladrones de este país están en la banca, en las grandes empresas y en los respectivos gobiernos -ya sea nacional, de las comunidades autonómicas o de los ayuntamientos-, nos vamos dando cuenta de que en España los que gobiernan, los que mandan, lo hacen con el único fin de favorecerse a ellos mismos y a sus esbirros, que en todas las ocasiones son compañeros de partido, familiares o amigos; en cualquier caso, gentuza sin dignidad ni escrúpulos, sin moral ni integridad, sin ética ni valores; es decir, simples bestias.

Ahora –para acabar de rematar la faena- nos enteramos de que los responsables del tan alabado colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias y los responsables de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Ausbanc, constituían una especie de mafia de tipos trajeados y con aire elegante, una organización criminal que presuntamente practicaba la extorsión, la estafa, la administración desleal y el fraude en las subvenciones. Precisamente, todo lo que perseguían.