Un tercer asunto que no pudo cumplir el pasado gobierno fue impulsar el pacto social entre los diferentes actores del sector y que se sugirió como iniciativa de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, y que procura que el incremento que de forma anual reciben las EPS de parte del gobierno en la unidad de pago de capitación (más conocida como "UPC"), se traslade automáticamente en las tarifas que las EPS les reconocen a las clínicas privadas y a los hospitales públicos, para que  a su vez los prestadores se lo trasladen al recurso humano que labore en las IPS. Al respecto hubo compromisos públicos en este sentido por parte de Uribe Vélez, recuerdo por lo menos el que asumió en la ya antes mencionada entrevista de TeleCaribe, de gestionar la consolidación de este pacto social para traerle equidad y equilibrio financiero al sistema, pero nuevamente, finalizado el gobierno, se evidenció que este asunto tampoco pudo cumplirse. 

Este fue un tema que también pudo conocer de primera mano el actual Presidente cuando en el citado encuentro del mes de mayo de 2010 en Barranquilla, se le hizo hincapié en lo importante que sería esta medida para traerle el tan anhelado equilibrio financiero al sistema de salud colombiano.

Durante su primer año de gobierno, se pudo evidenciar que el tema del pacto social que se debía dar entre los actores intervinientes en el sector salud, una vez se fijará la unidad de  capitación (UPC) que debía reconocerle el sistema a las EPS para el año 2011.

Por tal razón, el actual sistema de salud no debe ser medido sólo en términos de gasto y de cobertura de aseguramiento para definir el éxito o el fracaso del mismo, sino que deben analizarse otras variables como la carga de la enfermedad, el impacto real que ha tenido en la salud de la población todos los recursos financieros que se han invertido en este sector y aspectos como la frecuencia de uso de los servicios por parte de los usuarios, para efectos de aproximar la evaluación a la eficacia del modelo y no sólo a la eficiencia como hasta ahora ha ocurrido.

La Comisión Reguladora de la Salud (CRES) que preside el Ministro de la Protección y por lo tanto preside el gobierno nacional, recomendó a las EPS que el valor del incremento de la UPC para el año 2011, incluyendo el efecto real de los ponderadores de riesgo, se refleje en modificaciones e incrementos a los contratos con sus respectivas redes de prestadores de servicios de salud, de tal modo que ese incremento reconocido por el sistema a las agencias del aseguramiento tanto del contributivo como del subsidiado, se le trasladara vía tarifas a las clínicas y hospitales en la contratación que se suscribiera desde el mismo primer día del año 2011. Este incremento así trasladado a los prestadores, permitiría que tanto clínicas privadas como hospitales públicos, se lo trasladara a su vez al recurso humano que labora en estos centros asistenciales, así como a los proveedores de insumos y medicamentos, lográndose un pacto social entre los diferentes actores del sector salud.

Hoy, en el inicio del octavo mes del año, una cosa es cierta con respecto a las recomendaciones hechas por la CRES, y es que por lo menos en lo referente a las EPS, estas entidades no le trasladaron a las IPS, ni privadas ni públicas, el incremento que el sistema les hizo para este nuevo año con respecto a la UPC del año 2010. Antes por el contrario, las propuestas tarifarias que las EPS han presentado a los prestadores no contemplan el incremento en mención, sino que ha sido muchos menor, llegando inclusive en algunos casos a la indecente propuesta  de “incremento cero”. Y lo que es peor, todavía la mayoría de ellas siguen tomado como referencia para proponer los acuerdos comerciales con los prestadores, el Manuel de Tarifas del Instituto de los Seguros Sociales del año 2001, es decir, el referente es el de una entidad que está en liquidación y cuyo contenido es de 10 años de antigüedad y por lo tanto de desactualización y pérdida de vigencia en términos de costos y precios. El pacto social entonces también es un asunto que está y sigue pendiente, incluso para el gobierno del Presidente Santos.

Así las cosas, si a los dos temas antes citados (expedición del manual de tarifas y el pacto social entre actores del sector), se le suman la entrada en funcionamiento del "nuevo" Ministerio de Salud (que implica definición de la estructura de esta cartera y la designación del nuevo Ministro y Viceministros), además del cumplimiento de los mandatos de la Corte Constitucional de lograr la cobertura universal del aseguramiento y la igualación del POS en todo el territorio nacional, así como continuar con la reglamentación de la Ley 1438 de 2011, adelantar y liderar el trámite en el Congreso de la Ley Estatutaria para el sector salud y seguir con la lucha contra la corrupción existente en el sistema de salud colombiano, son varias y muy importantes las tareas importantes que debe desarrollar el gobierno del actual Presidente Juan Manuel Santos Calderón, para "ponerse al día" con este sector...para que no queden pendientes asuntos claves como quedaron con el anterior gobierno.