Hace apenas unos días, según una
investigación del diario El País, conocíamos la noticia de que el Tribunal de
Cuentas, organismo encargado de fiscalizar a los partidos políticos y a los
organismos públicos, acoge en su plantilla, que es de unos 700 trabajadores, a
casi un centenar de familiares de altos y ex altos cargos de la institución y
de sus principales representantes sindicales, en especial de UGT. Esta cifra
supone que aproximadamente el 14% de la plantilla tiene vínculos familiares
dentro de la institución, y cerca del 10% tienen vinculaciones con altos y
medios cargos. Según publica este diario, desde el actual presidente hasta los
responsables del comité de empresa, pasando por consejeros y conocidos políticos,
tienen entre la plantilla del tribunal a esposas, cuñados, concuñadas, primos
carnales, hermanos, sobrinos, hijos, nueras, yernos e incluso a amigos de la
infancia. También hay parejas sentimentales y hermanas de éstas. Es decir; una
gran familia unida. Como entre los familiares se quieren bien, este tribunal es
uno de los organismos públicos que mejores sueldos paga a sus empleados, en
torno a unos 3.000 euros de media. Para
poder acceder a un puesto en esta institución, uno debe enfrentarse a un
proceso de oposición, pero claro, las
preguntas de las oposiciones se preparan dentro del tribunal, y la mayoría de
examinadores -tres de los cinco- son altos cargos y representantes sindicales
del organismo. Blanco y en botella.
Y hablando de
sindicatos; la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detenía esta semana a 14 personas en Sevilla, Jaén y
Madrid y practicaba seis registros en esas mismas ciudades en relación con las
facturas falsas elaboradas por empresarios y trabajadores de UGT Andalucía y
que fueron abonadas por la Junta de Andalucía con cargo a los cursos de
formación. Según fuentes del caso –algo que ya no sorprende a nadie- las
facturas fueron supuestamente facilitadas por los empresarios a empleados del
sindicato de manera fraudulenta para desviar fondos públicos.
Y hablando
de fondos públicos; el juez José
Castro imputaba este miércoles a la infanta Cristina, hermana del Rey Felipe
VI, la presunta comisión de delito
fiscal y blanqueo de capitales. En un auto de 167 páginas, el magistrado resume tres años de investigación que, según
su relato, no deja dudas sobre la intervención de la hermana del Rey: "Hay
sobrados indicios de que doña Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido, de
una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios
para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50%
del capital social, de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad
mercantil Aizóon".
En resumen,
que España se desangra porque está plagada de ladrones, y por culpa de sus
delitos los españoles padecemos la crisis que padecemos y pagamos los impuestos
que pagamos. A estas alturas del partido, donde ninguna institución pública ni
privada se salva de la quema, es imprescindible una limpieza y una regeneración
de la clase política, empresarial y sindical de este país; un país que ya
empieza a estar harto de que la verdadera imagen de la marca España en el
exterior sea la de una ristra inacabable de chorizos.