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El alcalde de Castellón en la diana de la Gürtel


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04/05/2013


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En los últimos años la política valenciana no deja de ser un sobresalto de malas noticias salpicadas por casos de corrupción, que van carcomiendo la confianza de los ciudadanos en un sistema, pervertido hasta tal punto, que ya no es capaz de satisfacer las necesidades que la ciudadanía tiene en un contexto de bienestar y democracia. Esa desconfianza se convierte en caldo de cultivo para movimientos sociales y políticos antisistema de muchos colores, que con discursos fáciles y populistas van calando en el ánimo de la gente, sin más alternativa que su propio rechazo a todo lo que existe, políticamente hablando, sin llegar a separar el trigo de la paja. Lo que no significa que debamos caer en el inmovilismo y dejar de darnos cuenta que el sistema democrático que surgió de la Transición, como ya he escrito en otras ocasiones, deba replantearse e iniciar una Segunda Transición de la que surja una nueva constitución más democrática, más laica, más republicana y más defensora del estado de bienestar. Pero eso es otro debate que, mejor antes que después hemos de iniciar por el bien de la sociedad española, en el que, además, tienen que fijarse cuáles son las condiciones mínimas para que sigamos siendo un país miembro de la UE, con el fin de evitar que ésta nos asfixie, como lo está haciendo ahora.


            Sin embargo, aunque la izquierda sí parece que tímidamente (unos más que otros)  empieza a moverse en la dirección de ese debate, la derecha sigue enrocada en una absoluta inmovilidad, quizá porque está tan presa de su propio discurso neoliberal conservador, que no tiene alternativa que ofrecer; pero también, porque la corrupción instalada en su seno como una actriz  más de su acción política les impide salir del atolladero en que se encuentran, por temor a que se sepa toda podredumbre que albergan, y lo que es peor, acabe con muchos de sus dirigentes en la cárcel.

            La derecha no tiene por qué ser sinónimo de corrupción, pero en España, desgraciadamente, sí lo es por el elevadísimo nivel que ha alcanzado en su seno, hasta tal punto que está desvirtuando cualquier iniciativa política que puedan tomar. Con una significativa mayoría de sus dirigentes contaminados por la corrupción, sobre todo en la Comunidad Valenciana, el cierre de filas cada vez que salta un caso, algo demasiado habitual en los últimos tiempos, no hace más que echar leña a un fuego, que parece no están dispuestos a apagar. Como lo estamos viviendo en los últimos días en Castellón tras la imputación de su alcalde en el caso Gürtel, con un prietas las filas de todo el Partido Popular provincial en torno a su figura, como único argumento que empieza a chirriar ya demasiado en la conciencia de los ciudadanos. Aunque lo más patético ha resultado ser la explicación que ha dado el propio alcalde para no dimitir, agarrándose como un náufrago a la tabla de salvación de tengo el apoyo de la dirección del Partido (¿significa esto que tiene el beneplácito de los ciudadanos?), tratando de minimizar la acción de la justicia al convertir una imputación en toda regla, en una simple explicación ante el juez por una cuestión puramente administrativa. Es decir, trocear contratos como subsecretario de la Consellería de Sanidad, para que escapen al control político y concursal, y otorgar a dedo algunos de esos contratos a Orange Market, centro de mando del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana, es para el alcalde una cuestión simplemente administrativa, que no tiene intencionalidad de favorecer a nadie. A veces uno piensa que los dirigentes ppopulares de la Comunidad Valenciana están convencidos de que los ciudadanos somos una categoría intelectualmente inferior a ellos, capaces de tragarnos cualquier hueso que nos lancen, por muy difícil de roer que sea.

            Aun siendo generosos y concediéndole el beneficio de la duda por los cargos que se le han imputado, lo que reduciría al alcalde a la condición de empleado que firma todo lo que sus jefes políticos le dicen que hay que firmar, sí hubiera sido deseable que hubiera separado su condición de político de la de ciudadano. Porque si como ciudadano tiene derecho a la presunción de inocencia, como político la sola sospecha sobre su actuación, que levanta la imputación de un juez, debería hacerle pensar en una dimisión, o por lo menos, en beneficio de esa duda, el anuncio de que si después de su declaración el próximo día 6 de Junio, el juez considera que debe seguir adelante con su imputación, la dimisión sería inminente, porque la ciudad de Castellón, que ya tiene una alcaldía de perfil muy bajo, no puede permitirse el lujo de más parálisis política municipal, algo que inexorablemente sucedería si el alcalde tiene que estar pendiente de sus problemas con los tribunales.

            La idea patrimonial que tenemos en este país del cargo público, como si fuera un derecho al que el político accede cargado de prebendas y patentes de corso, más que una responsabilidad llena de deberes, no es de recibo en una democracia. El dirigente político no debe pensar que la única manera de dejar su cargo es perdiendo unas elecciones o el apoyo del que le ha puesto. Ese es un error que conduce a situaciones tan absurdas como la que estamos viviendo en el Ayuntamiento de Castellón (un caso más que se suma a la ya larga lista de dirigentes políticos del PPCV procesados que ni han dimitido ni piensan dimitir). El alcalde de Castellón debe dar explicaciones claras y concisas a la ciudadanía sobre su imputación y dejar claro qué piensa hacer después del día 6 de Junio. Esa sería la postura honesta y la que entenderíamos todos los ciudadanos, y la que a él le dejaría las manos libres para presentarse ante el juez con toda la presunción de inocencia a su favor.



Etiquetas:   Corrupción

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