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La enseñanza agraria en tiempos de la Reina Gobernadora: el intento de recuperar las cátedras del pasado


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24/02/2013

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Resumen


 

En este trabajo nos acercaremos al estudio de las oposiciones de cátedras de agricultura en los primeros momentos de la regencia de la Reina Gobernadora, a mediados de los años treinta del siglo XIX y donde la Real Sociedad Económica Matritense tuvo un protagonismo evidente.

 

La enseñanza de la agricultura a la muerte de Fernando VII

 

            Muerto Fernando VII, la enseñanza agraria se impartía en el Jardín Botánico madrileño gracias a los esfuerzos de Antonio Sandalio de Arias que pronto fue sustituido por Francisco Martínez Robles, aunque no pudo demostrar toda su valía por su temprana muerte en 1834. Fue sustituido por su compañero de estudios y coopositor a las cátedras que promovió en la Sociedad Económica Matritense en el pasado, y que luego sería un nombre propio en la historia de la enseñanza agraria española; nos referimos a Pascual Asensio, que ejerció como profesor hasta que fue nombrado primer director de la Escuela Central de Agricultura en 1857, y a la que tanto contribuyó a  fundar.

            Mientras se fue gestando la creación de dicho centro educativo, la Real Sociedad Económica Matritense fue designada para resucitar algunas de las cátedras que había promovido en el reinado anterior o se habían creado en el pasado[1]. Estos establecimientos educativos habían llevado, en casi todos los casos, una vida efímera, llena de altibajos, o ni tan siquiera tuvieron historia que podamos reseñar, con la excepción de la de Toledo.

 

Las oposiciones de las cátedras de agricultura

En el año 1834 comienza el proceso para crear una cátedra en Murcia. La organización de las oposiciones para dotarla de un titular se encargó a la Matritense. De forma paralela, la Sociedad Económica de Santiago recordó al gobierno las reales órdenes de 31 de enero de 1815 y de 17 de mayo de 1830 relativas al establecimiento de una cátedra de agricultura teórica y práctica en aquella ciudad. El Ministerio del Interior ordenó, en noviembre de 1834, que la Matritense se encargase también de la provisión de esta plaza. La cátedra de Murcia estaba dotada con 6.600 reales para el catedrático y otros 4.400 reales para los gastos derivados de la enseñanza, mientras que la cátedra gallega tendría casi el doble de dotación: 12.000 reales para el sueldo del profesor y 8.000 reales para los ensayos y gastos de la enseñanza. La causa de esta desproporción debemos buscarla en el hecho de que la cátedra de Santiago estaba ya prevista en esas disposiciones fernandinas y la murciana era de nueva creación. Además, se disponía para el caso murciano de fuentes de financiación: el sueldo saldría de los fondos de Propios mientras que la segunda partida sería a cargo de la Sociedad Económica de la Sociedad de la ciudad del Segura.

            La Sociedad Matritense dispuso las oposiciones en un protocolo de actuación de siete puntos donde se unían los dos procesos selectivos, ya que el de la cátedra de Murcia se había paralizado porque la epidemia de cólera que asolaba Madrid había impedido que ningún aspirante se presentase. Así pues, las oposiciones comenzarían en el mes de febrero de 1835 con un tribunal compuesto por destacados socios de la Matritense: Juan Álvarez Guerra, Sebastián Eugenio Vela, Manuel de la Fuente Andrés, Juan Manuel Ballesteros y Pedro Jontoya y Mirantes; y como suplentes: Pedro María Rubio y José Calbo Araujo. También se disponía la publicidad de las oposiciones en los Anales Administrativos, en la Gaceta y en una tirada de cien folletos. Se pedía el apoyo logístico del Jardín Botánico de Madrid para el ejercicio práctico, así como del Colegio de Sordomudos para los teóricos. Como la Sociedad no andaba nunca sobrada de recursos se solicitaba al gobierno que colaborase en esta cuestión.

            El sistema de oposiciones generó un debate pedagógico en la Sociedad sobre el plan establecido, en su día, por Antonio Sandalio de Arias, protagonista del anterior proceso selectivo y ahora, también presente en las discusiones. El primer ejercicio, según dicho plan, consistía en tratar sobre problemas generales y más específicos de agricultura. La elección se dejaría al azar; cada opositor tenía que sacar tres de los puntos o problemas y elegiría el que desease. El tema elegido se haría público en la puerta del local donde se desarrollasen los exámenes. A continuación, el opositor se encerraría durante veinticuatro horas completamente incomunicado en una habitación para que trabajase en su disertación, con la ayuda de un escribiente si el opositor lo estimase oportuno. Al finalizar el plazo, se presentaría al tribunal para leer su texto durante una media hora. Los otros opositores, organizados en ternas, asistirían a este acto, y podrían tomar notas para realizar las oportunas observaciones en un turno de intervenciones.

            El segundo ejercicio consistía en un examen sobre la Agricultura de Gabriel Alonso de Herrera. Cada opositor realizaría tres “piques” de la obra, eligiendo el que deseara, lo leería en alto para luego pasar a dar una sencilla explicación sobre el punto elegido como si estuviese en clase delante de sus alumnos, y respondiendo a las preguntas de los miembros del tribunal –los censores- por espacio de hora y media. Si el primer examen pretendía comprobar el grado de ciencia y conocimientos del opositor, éste, en cambio, tenía una finalidad eminentemente pedagógica.

            El tercer ejercicio sería práctico: operaciones agrarias o de jardinería que serían señaladas por el tribunal con una explicación científica de las mismas y preguntas del tribunal. Mientras los dos primeros ejercicios serían públicos, el tercero no lo era, aunque se permitía también la asistencia de los otros opositores. El tribunal debía calificar los exámenes inmediatamente después de finalizar cada uno de ellos.

            Pues bien, la discusión comenzó cuando los socios Ponzoa, Valle y Vela argumentaron que parecía excesivo el tiempo de enclaustramiento del opositor durante un día completo. Por su parte, Salustiano Olózaga, aunque defendía la necesidad de que el opositor redactase una disertación, no veía con buenos ojos el establecimiento de un plazo a su lectura pública. Arias defendió su propuesta pero, en aras del consenso, se avino a un acuerdo. Se aprobó que en el plazo de preparación de la disertación fuese de seis horas, suministrando al opositor todo tipo de libros. Esta decisión ahorraría, además, no pocos de los gastos del proceso selectivo, ya que un encierro de veinticuatro horas obligaba, presumiblemente, no sólo a pagar a un escribiente auxiliar sino a sufragar las necesidades primarias de uno opositor durante todo un día. En cuanto al plazo de lectura, pareció razonable ampliarlo a una hora. Además, los otros dos opositores de cada terna tendrían media hora para hacer las observaciones que deseasen, debiendo ser contestadas por el opositor que se examinaba en esos momentos, de manera inmediata.

            El segundo ejercicio también suscitó alguna discusión referente a la utilización de la obra de Herrera. Al parecer, se decidió que el actuante debía contestar a cuantas preguntas quisiesen realizarle los censores sobre la ciencia agronómica, así como por el método de enseñanza de la misma, respetándose de ese modo el marcado carácter pedagógico de esta parte. El plazo de ejecución sería de hora y media, y se mantenía la necesidad de que fuese público. Sobre el tercer ejercicio no se presentaron objeciones quizás porque Arias había expresado que sería el tribunal quien estableciese en su momento las prácticas agronómicas que debían realizar y explicar los opositores.

            Los opositores tenían que acreditar una serie de requisitos: partida de bautismo, información de buena vida y costumbres (documento que solían redactar los párrocos), y certificado de haber cursado estudios de latinidad y agricultura o botánica en escuela aprobada oficialmente. Sobre esta propuesta de Arias, los socios Olózaga, Ortíz de Traspeña y Ponzoa pusieron reparos a la cantidad de documentos que debían presentarse y se decidió que quedaran reducidos a una certificación de la autoridad local de que el interesado no sufría tacha legal que le impidiese obtener empleos públicos.

            Superada la fase de establecimiento de las normas del proceso selectivo, comenzó dicho proceso con la ayuda oficial a través de dos reales órdenes, fechadas el día 2 de enero de 1835: una para el Real Jardín Botánico y otra para el Colegio de Sordomudos para que colaborasen con la Matritense. El día 10 el gobierno dio otra real orden en la que se anunciaban las oposiciones con el edicto correspondiente. Los aspirantes fueron los siguientes: Joaquín Escribano, Manuel María González, Mariano López Carretero, José Sánchez Prados, José Archente, Antonio Blanco y Fernández y José Echegaray.

            Las oposiciones transcurrieron entre los días 9 y 27 de marzo. Para la plaza de Murcia se designó a José Echegaray[2], y para la segunda a Antonio Blanco y Fernández[3], confirmados por real orden de 23 de mayo de 1835[4].

            Mientras finalizaban los ejercicios llegó una real orden de 28 de marzo por la que la reina resolvía que se publicase un edicto convocando la plaza vacante de la cátedra de Toledo, quizás la única de las antiguas que había funcionado gracias al malogrado Francisco Martínez Robles, fallecido el año anterior, aunque se había nombrado a José Sabas de Rioja como interino. Las oposiciones debían ser como las anteriores, estableciéndose un plazo de cuarenta días para que las firmasen los aspirantes. Se formó un nuevo tribunal con Arias como presiente y Vela, Rubio, Calbo y Martínez como titulares, así como el marqués de Casa-Madrid y Vela-Aguirre como suplentes. Pero el proceso se paralizó, aunque no sabemos muy bien la causa, aunque se apunta a los recelos de la Sociedad por los incidentes ocurridos en el anterior proceso selectivo. Una real orden de 11 de julio instaba a la corporación a que comenzasen los ejercicios. En esos momentos se recibió una instancia enviada al gobierno por Joaquín Carrascosa y Hernández solicitando la cátedra de Valencia. A la Clase de Agricultura de la Matritense le pareció que era un individuo bien preparado y que se le podía dar, de manera interina, la vacante toledana después de pasar un examen para comprobar de manera objetiva su valía. No prosperó el proyecto porque sabemos que la cátedra seguía vacante a la altura del año 1841.

 

[1] La fuente fundamental de este artículo se puede consultar en Archivo de la Real Sociedad Económica Matritense (A.R.S.E.M.), libro de Archivo A/110/45, desde la Junta de 6 de diciembre de 1834 hasta la de 8 de agosto de 1835.



[2] Echegaray nació en Zaragoza, en 1806. Allí estudió Humanidades y Filosofía. En 1824 se traslada a Madrid donde estudió medicina, llegándose a doctorar en esta ciencia. Como hemos visto, consiguió la cátedra de Murcia en 1835. También fue catedrático en la Escuela de Veterinaria de Madrid.... Entre sus obras destacan sus Elementos de agricultura teórica-práctica, Madrid, 1852 y colabora en la obra colectiva, Diccionario de agricultura práctica y economía rural, que se redactó bajo la dirección de Agustín Esteban Collantes y Agustín Alfaro, en siete tomos, en Madrid, entre los años 1851 y 1855.



[3] Antonio Blanco y Fernández ha sido estudiado por el autor de este artículo y el trabajo se puede consultar en:

http://www.reeditor.com/columna/7920/16/historia/el/botanico/agronomo/antonio/blanco/fernandez

 



[4] El proceso no careció de incidentes muy desagradables. González provocó e insultó a los miembros del Tribunal además de enviar un billete con amenazas al día siguiente de acudir a recoger un certificado que acreditase que se había presentado a las oposiciones. Al presentarse a las oposiciones para la cátedra de Toledo insultó por medio de una esquela a Arias con amenazas groseras. Pero González llegó más lejos porque envió al mencionado Arias una carta con un cierre impregnado de sal fulminante de plata o mercurio. Este acto llevó a la Sociedad a ponerse en contacto con el gobierno porque era un acto de naturaleza criminal. Por otro lado, Archente fue acusado por el corregidor de Madrid de estar implicado en la muerte de su mujer.







Etiquetas:   Agricultura
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