El proceso de institucionalización de la enseñanza agraria en los distintos niveles educativos -primaria, secundaria y superior- comenzó a discutirse y plantearse en España en las Cortes de Cádiz y en el Trienio Liberal. En este trabajo nos acercaremos al estudio legislativo en relación con la enseñanza de la agricultura en este momento histórico del primer liberalismo.
Las Cortes de
Cádiz
En las Cortes de Cádiz se dio un Decreto,
fechado el 8 de junio de 1813, que pretendía la creación de cátedras de
agricultura en las principales ciudades encargaba a las propias Cortes la
elaboración de un plan de enseñanza con el concurso de la Dirección General de
Estudios. Además, se alentaba a la restauración de las Sociedades Económicas de
Amigos del País y a la elaboración de cartillas agrarias, denotando una clara
influencia de las ideas de Jovellanos. Este decreto puede ser considerado como
una disposición de transición entre lo que el despotismo ilustrado pretendió
crear uno años antes, según el proyecto de cátedras de Godoy y que, con
variaciones promovió después la Real Sociedad Económica Matritense desde 1808
hasta la etapa del Sexenio Absolutista, y la inclusión de la enseñanza de la
agricultura en el sistema educativo que se pretendía diseñar por parte de los
liberales. Precisamente, al año siguiente se discutió en las Cortes el Proyecto
de Decreto para el arreglo de la Enseñanza Pública, de 7 de marzo de 1814, y
que supuso el intento de crear el primer sistema educativo liberal en España[1],
según lo que disponía el Título IX de la Constitución de Cádiz sobre la
instrucción pública. En el nivel de la
segunda enseñanza (universidades de provincia, es decir, el equivalente al
instituto posterior) se incluía un curso de Botánica aplicada a la Agricultura.
La enseñanza de la Agricultura Experimental, en el nivel de la denominada
tercera enseñanza, se inscribía dentro del conjunto de escuelas que se
destinaban a la enseñanza de disciplinas científicas y artísticas, que no tenían cabida en el sistema de
facultades universitarias del momento. Las escuelas de agricultura, propiamente
dichas, estarían ubicadas en Sanlúcar de Barrameda y en Valladolid. En América,
los centros educativos que debían abrirse serían los de Aguascalientes, en
Nueva España, Tarma en el Perú, y, por fin, un tercero en Guatemala. En el
dictamen del proyecto, sus autores justificaban las localizaciones de estas
escuelas en Andalucía y en Castilla porque una estaba al sur y la otra al
norte, pudiéndose hacer en ellas todo tipo de experimentos y prácticas, habida
cuenta de la diferencia de clima y de suelos. Esas mismas razones eran
esgrimidas para los casos americanos[2].
La restauración del absolutismo por
parte de Fernando VII impidió que se aprobase el primer sistema educativo
liberal, y por lo tanto, de la enseñanza de la agricultura.
El Trienio Liberal
Las Cortes del Trienio Liberal
estudiaron la posibilidad de institucionalizar la enseñanza agraria con un
proyecto de escuelas prácticas de Agricultura y Economía Rural. El ministro de
la Gobernación, Ramón Feliú, defendió el 5 de junio de 1821 un proyecto que
incluía la creación de una escuela normal en Madrid bajo la inspección directa
del gobierno para formar a profesores que luego serían destinados a las
escuelas provinciales. El programa de estudios sería de seis años con parte
teórica científica y otra práctica, más técnica. El coste financiero, uno de
los grandes problemas de todas estas primeras iniciativas, sería de 392.000
reales para la escuela central o normal y de unos 154.000 reales para las
escuelas provinciales. Pero la urgencia para que se formasen personas en agronomía
motivó la inclusión en este proyecto de una medida especial mientras se formaba
la primera promoción de profesores de la Normal: se abrirían escuelas de forma
inmediata en Canarias, Granada, Córdoba, Plasencia, León, Pontevedra, Sanlúcar
y Zaragoza. Pero en el debate parlamentario se plantearon una serie de
objeciones en relación, precisamente, con el presupuesto. Las cifras se
rebajaron: 300.000 reales para la escuela de Madrid y 146.000 para las de las
provincias.
Al final, la enseñanza de la agricultura
terminó por insertarse en el sistema educativo liberal pergeñado en 1814 y
ahora establecido en el Reglamento
General de Instrucción Pública, que
se aprobó el 29 de junio de 1821[3].
En el artículo 24 del Título III sobre la segunda enseñanza se señalaba que en
todas las universidades de provincia se crearían, entre el conjunto de cátedras,
una de Botánica y Agricultura, además de que debían contar con un terreno destinado a la "agricultura práctica". En un nivel superior estaría el apartado de
escuelas especiales donde se incluían las de agricultura experimental, como hemos
visto anteriormente, pero ahora había que abrir más escuelas. Las ciudades que
serían sedes de estas escuelas fueron las siguientes: Valladolid, Sanlúcar de
Barrameda, Canarias, La Habana, Celaya, Cuernavaca, Córdoba, Guatemala, Tarma,
Santa Fe de Bogotá, Caracas, Guayaquil y Manila. Llama la atención este
despliegue, habida cuenta de que los procesos de independencia en América ya
eran casi imparables.
El fin del Trienio Liberal impidió
la puesta en marcha del programa educativo diseñado en el Reglamento. El
proceso de institucionalización de la enseñanza agraria habría de esperar al
reinado de Isabel II, aunque se habían sentado algunas bases teóricas que
podían ser tenidas en cuenta, con muchos cambios, en el futuro.
[1] Ministerio de Educación, Historia de la educación en España. II, Madrid, 1979, págs..
377-396.
[2] Ministerio de Educación, op. cit., págs.. 353-376.
[3] Ministerio de Educación, op.cit., págs.. 49-67.