Estado de Derecho me quiere, no me quiere...

 

. Podría parecer, dado que ya han transcurrido más de 32 años desde entonces, que el extremo anteriormente señalado, esto es, que España es un Estado de Derecho, debería estar asumido por completo por todos y cada uno de los miembros que componen este sistema democrático del que disfrutamos y que, aunque imperfecto, sigue siendo infinitamente mejor que cualquier otro sistema no democrático que hayamos conocido. Pues bien, se van a sorprender de precisamente lo contrario. En mi afán de cumplir con honores todos mis principios autoimpuestos -particularmente, aquél de "no todos son iguales" con el que llevo luchando con denuedo desde que me conozco- intentaré diferenciar entre unos, otros y mediopensionistas, aunque no crean, que en este arte de darle patadas en las espinillas al Estado de Derecho, cualquiera hace relojes de precisión suiza. En primer lugar, marca de la casa, los hechos. Tras la negativa del Tribunal Supremo a la inscripción de la formación Sortu (a la que declaró, por una mayoría de 9 magistrados frente a 7, heredera de Batasuna y por tanto brazo político de ETA), la izquierda abertzale recurrió al plan be, en este caso, concurrir a las elecciones municipales y forales del próximo 22 de mayo en una coalición electoral formada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba (escisión de Ezker Batua) e independientes abertzales a la que han denominado Bildu. Las listas de la coalición, impugnadas al completo por Abogacía y Fiscalía General del Estado a instancias del Gobierno que, a su vez, había obtenido diversos informes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fueron también rechazadas por el Tribunal Supremo (en este caso 9 magistrados frente a 6). Ante el recurso de amparo presentado por la formación, que entiende que sus derechos fundamentales han sido conculcados (en particular, el recogido en el artículo 23 de la Constitución, " los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal"), el Tribunal Constitucional tiene hasta las 12 de la noche de mañana (cuando comienza la campaña electoral) para decidir si permite a Bildu participar en los comicios municipales y forales del próximo día 22. En todo el relato anterior no me habrán podido ustedes pillar en el renuncio de citar al Gobierno de la nación, o a algún partido político, como sujetos principales o secundarios de las decisiones tomadas y referidas entonces. ¿Y por qué, sin embargo, se desayunan ustedes todos los días con la abogada del Estado María Dolores de Cospedal diciendo que si Bildu está en las instituciones será culpa del Gobierno? ¿Por qué, en cambio, han visto en las noticias a Íñigo Urkullu anunciando la suspensión del apoyo al Gobierno y al grupo parlamentario socialista a causa de la suspensión por parte del Tribunal Supremo de la formación Bildu? Es más, ¿por qué diarios como ABC o El Mundo, que en su día clamaron contra Jiménez Villarejo por increpar al Supremo en sus procesos contra Garzón, llevan a portada editoriales de manifiesta presión al Tribunal Constitucional o trufan sus publicaciones con insidias e infamias acerca de la capacidad de control del Gobierno en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Constitucional? Y por último, y lo que este humilde opinador considera más importante, ¿cómo es posible que cuando se habla de magistrados del Supremo o del Constitucional se apareje a sus nombres su condición de "progresista" o "conservador"?La respuesta a todas estas preguntas es que, en realidad, creen en el Estado de Derecho únicamente cuando éste les permite acercar el ascua a su sardina. Que el TC cercena el Estatut de Catalunya, para CiU es que ha perdido su legitimidad, para el PP y sus medios aledaños es que ha hecho un ejercicio de democracia impecable. Si el TS impide la inscripción de Sortu o la participación de Bildu en las elecciones, los amigos de los ilegalizados dicen que el TS está trufado de conservadores franquistas, el PP que se ha llevado a cabo un acto de valentía democrática, y el dario de Pedro José Ramírez que los jueces del Supremo, a pesar de la intentona del Gobierno, no le han hecho caso y ha ejercido con patriotismo su función (será que los siete magistrados que emitieron voto particular son unos rojos peligrosos, de ésos con los que se han quedado cortos al llamarlos "progresistas"). Y digo yo, para acabar, ¿no será más fácil que dejemos a la justicia trabajar, que creamos de una vez por todas en la grandeza del Estado de Derecho que nos hemos dado entre todos? PD. En Estados Unidos, a los jueces del Tribunal Supremo los escoge el Presidente de la Unión, y nadie duda de su independencia ni les atribuye un sesgo ideológico, irrelevante para el ejercicio de sus funciones.

UNETE



Compartir
Tu nombre:

E-mail amigo:
Enviar
PDF

  • linkedin facebook twitter
  • ©reeditor.com
  • Todos los derechos reservados
  • Avisos Legales