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El Derecho Humano del Agua: la responsabilidad del Gobierno


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03/12/2012

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“…el derecho al agua es un derecho humano esencial para el 

pleno disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos…”







El Agua es un tema vital dentro de nuestra Constitución Política, que se desarrolla en diez artículos de nuestra Ley Fundamental, bajo distintas formas jurídicas.

 

Recientemente se estableció en el Articulo 4o de nuestra “Carta Magna” el Derecho Humano para el Agua, que consiste en distintas obligaciones de hacer a cargo del Gobierno, como representante del Estado para estos efectos.

 

Este Derecho Humano es un derecho sustantivo, oponible al Gobierno mediante ejercicio del derecho adjetivo contenido en las Garantías que la propia Constitución establece.

 

Este Derecho Humano es una facultad establecida en beneficio exclusivo de las Personas Físicas.





Es preciso que la Ley Reglamentaria del Artículo 4o Constitucional, le dote de plena eficacia estableciendo las sanciones apropiadas para los casos de violación cometidos por las autoridades responsables de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo.





El desarrollo jurídico de este Derecho Humano, implica un esfuerzo de gran envergadura a fin de precisar sus alcances y responsabilidades respecto de las tres esferas de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal, así como las formas y procedimientos adecuados para lograr una coordinación adecuada entre las autoridades responsables en la materia.

 

Introducción:





El concepto Agua, proviene del latín aqua, y alude generalmente a la sustancia, formada por dos átomos de hidrogeno y uno de oxigeno, en su aspecto liquido, aunque puede hallarse en estado sólido formando hielo, o gaseoso, en forma de vapor.





Resulta prácticamente imposible explicar la vida humana sin el agua porque esta es un componente esencial de su existencia.





El agua cubre además aproximadamente el 75% de la superficie terrestre, aunque de este porcentaje solo un 2.5% es agua dulce, porque el resto de ella es salada y forma los océanos y mares.





No se puede ignorar que aun el agua salada de los océanos y mares, aunque no es apta para el consumo humano, provee los medios suficientes para que se generen inmensos recursos alimenticios para la especie humana.





Y aunque el agua es una parte sumamente dinámica de nuestro Mundo, porque está en constante movimiento cambiando de un estado a otro: líquido, gaseoso o solido dentro del  iclo hidrológico (1), su cantidad permanece constante en nuestro Planeta Tierra, aunque con una calidad desigual a causa del el uso que se le da.





Por ser un recurso indispensable para la vida, el agua posee un valor incalculable tanto para los seres humanos en forma individual, como para las naciones. Esta cualidad ha sido reconocida dentro de la esfera jurídica, particularmente en los textos de las leyes fundamentales: explícita o implícitamente, de diferentes formas.





En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Agua es un concepto muy relevante como se puede apreciar a continuación.

 

El concepto del Agua en nuestro Texto Constitucional:





Nuestra Constitución recoge el concepto “agua” en los diez artículos que a continuación se citan:

Artículo 4o.

(Sexto párrafo) Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Artículo 27.

(Primer párrafo) La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

(Tercer párrafo) La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto  de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

(Cuarto párrafo) Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.

(Quinto párrafo) Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije (el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.

(Sexto párrafo) En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes…

(Décimo párrafo) La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones:

I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.

VI….



 

El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las disposiciones del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia ejecutoriada.

VII….



La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y  regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.







 

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria;

VIII. Se declaran nulas:

a)  Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, Gobernadores de los Estados, o cualquiera otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas;

b)  Todas las concesiones: composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, y núcleos de población.

c)  Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el período de tiempo a que se refiere la  fracción anterior, por compañías, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de  cualquiera otra clase, pertenecientes a núcleos de población.

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a título de dominio por más de diez años cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas.

XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas por los Gobiernos anteriores desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación, por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público.

Artículo 42.

(Primer párrafo) El territorio nacional comprende:

V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional y las marítimas interiores;

Artículo 48.  Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XVII.   Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos, para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

III.   Autorizarlo (sic al Ejecutivo Federal)  también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas.

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

(Sexto párrafo) Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

Artículo 115…

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.

G.  Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de éstas con la federación y el Distrito Federal en  la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115, fracción VI de esta Constitución, en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y participen con apego a sus leyes.

Artículo 123.

XXXI.  La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a:

b) Empresas:

3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación.





A partir de  lo anterior se puede señalar que la trascendencia del Agua se reconoce expresamente dentro de nuestra Ley Fundamental bajo las siguientes formas jurídicas:

A.    Derecho Humano

B.     Propiedad Nacional

C.     Bien Nacional inalienable e imprescriptible

D.    Territorio

E.     Servicio Público

 

El Agua como Derecho Humano:





El texto vigente del artículo 4o Constitucional, entro en vigor el día 9 de febrero de 2012, como consecuencia del Decreto de reformas a la Constitución, publicado en el Diario Oficial del día 8 del mismo mes y año.





Este Decreto constituye la 12a reforma al artículo 4o, y establece el derecho de las personas al agua para consumo personal y doméstico. Cabe mencionar que en ninguna de las 11 anteriores, ni en el texto original, se hizo mención del concepto “agua” en este precepto Constitucional.





Por otra parte, cabe recordar que a raíz de las reformas a la Constitución Política, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el Capítulo I del Título Primero, de nuestra Carta Magna que se denomina: De los Derechos Humanos y sus Garantías, y que el artículo 4o queda comprendido dentro del mismo.





Se trata, en consecuencia, de un Derecho Humano reconocido en nuestra Constitución Política, cuyo texto, atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 1o Constitucional, deberá interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.





Estimo además que podría considerarse que este Derecho Humano se encontraba ya implícito dentro del derecho a la Vida, en tanto que esta no puede concebirse sin la existencia de este liquido vital: el agua; pero que no había sido recogido expresamente como tal con antelación: como un Derecho Subjetivo Publico o un Derecho Humano, porque su escasez en relación con el número de integrantes de la Población así como las condiciones sociopolíticas existentes, no lo hacían entonces necesario.





Como un antecedente internacional del Derecho Humano del Agua, se puede mencionar la resolución A/RES/64/292 [NACIONES UNIDAS, A/RES/64/292] adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 108ª sesión plenaria del 28 de junio de 2010, mediante la cual: “1. Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos;…”(2)

 

Nuestra Constitución establece además, que este Derecho Humano al Agua para consumo personal y doméstico, se traduce en obligaciones de hacer a cargo del Estado y responsabilidad del Gobierno; no podría entenderse de distinta forma ya que los otros elementos del Estado: a) la Población es el beneficiario de la disposición Constitucional, y b) resultaría un paralogismo pretender adjudicarle la misma al Territorio del cual además el liquido vital es una parte dinámica.

  

Apuntes sobre los elementos del Derecho Humano al Agua:





Tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 4º Constitucional, citado con antelación, se puede afirmar que este Derecho Humano al agua se refiere al consumo personal y doméstico y consiste en que toda persona tiene derecho a:





A.- su acceso, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible

B.-. su disposición y saneamiento





Establece además el precepto Constitucional citado que  El Estado (sic Gobierno): garantizará este derecho y que la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.





Por lo tanto, resulta una facultad del gobernado oponible y exigible al estado y a sus autoridades quienes tienen la obligación de acatar u observarlos.(3)





Considero pertinente también resaltar que como “Derecho Humano” que es, la disposición del artículo 4o Constitucional aplica exclusivamente para las personas físicas, más no así para las personas morales que son creaciones abstractas dentro del mundo jurídico que carecen en sí mismas, de la calidad “humana” que indudablemente corresponde a los seres vivos.





Estimo también que la obligación gubernamental para definir mediante la Ley las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, debe traducirse en normas legales que de forma directa e inequívoca le garanticen al Gobernado el disfrute de este  Derecho en forma suficiente, salubre y a tarifas asequibles, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, tal y como lo establece el artículo 1º de nuestra Constitución Federal.





Una ley vale no tanto por lo que establece textualmente, sino por lo que efectivamente consigue, de allí se desprende su eficacia; por los argumentos antes mencionados y considerando el carácter eminentemente normativo de nuestra Constitución, la Ley Reglamentaria del artículo 4o debe hacer honor a la cualidad esencial de las normas jurídicas, y dotarle de plena eficacia estableciendo sanciones claras y precisas para las autoridades que no cumplan con la obligación que esta norma Constitucional les impone.

 

Por lo que concierne a las garantías para hacer valer el Derecho Sustantivo establecido en el artículo 4º Constitucional, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(4), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, estas son el Derecho Adjetivo que consiste en:

 

A) El Juicio de Amparo

 

B) La queja individual o colectiva(5) ante los organismos defensores de los Derechos Humanos

 

C) Queja individual o colectiva y/o Juicio ante los organismos internacionales para la protección de los Derechos Humanos.(6)

 

Sobre las reformas antes mencionadas, merecen mención especial por su trascendencia la introducción de figuras como el amparo adhesivo y los intereses legítimos individual y colectivo; la adopción de nuevos conceptos en torno a la violación de derechos por omisión de las autoridades.(7)







Referencias:

 

[1] El ciclo del agua: The water cycle; http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclespanish.html

2 Citada por: Herrera Ordóñez, Héctor; Reformas Constitucionales y el Reconocimiento del Derecho Humano al Agua Potable: Implicaciones Jurídicas y Sociales, Implicaciones jurídicas en materia de justicia hídrica.

http://www.atl.org.mx/coloquio/attachments/132_132_AGUA-REF-CONST-AG12.pdf

3 Burgoa, Ignacio, Las Garantías Individuales, 28ª. Edición, Ed. Porrúa, México, 1996, p. 504 y 505.

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_193_06jun11.pdf

5 CNDH; La queja es un documento en el cual una o varias personas describen actos u omisiones cometidos por una autoridad o servidor público y que consideran violatorios de sus derechos humanos. http://www.cndh.org.mx/lacndh/comqueja/comquej.htm

6 México es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 24 de marzo de 1981, y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998. Igualmente, ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 9 de abril de 2002. El artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Para cumplir con lo anterior, los Estados Partes deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones. http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html

7 http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/







Etiquetas:   Derechos Humanos   ·   Agua   ·   Gobierno

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