Jubilados solidarios - Política Nacional - Reeditor.com

. Incluso llegué a considerar acertada la medida impulsada. Pero ahora, tras conocer los ajustes del decreto, mi opinión inicial se ha vuelto chungona, vacilante, y lo que antes me parecía, ahora me parece menos. O sea, sí pero no. La propuesta de la ministra Ana Mato de que los jubilados y pensionistas que más cobran paguen los medicamentos, me pare correcto. Inicialmente así lo pensé. Pero cuando en el articulado de las medidas se aclara que las operaciones de “cambio de sexo” y los “abortos” van a seguir siendo gratuitas…., pues colorín colorado, ya no juego.

A todos nos gusta una atención sanitaria de excelencia. Es más, la demandamos. Disfrutarla también exige la colaboración de todos. Es indispensable la buena administración de los recursos, un exhaustivo control del gasto, así como la contribución económica de los usuarios. Siempre hemos creído, y en momentos de vacas flacas de forma especial, que las personas jubiladas con pensiones medias altas, deberían de pagar una parte de los medicamentos, entre otras cosas, para suavizar el agravio comparativo.

Como ejemplo de este agravio considero injusto que un trabajador, padre de familia, con hijos, y con salario milieurista o menor, esté obligado a pagar el 40% o el 50% de los fármacos, mientras que el jubilado, con pensiones muy superiores, los tengan gratis total. El asunto se agrava en el caso de las personas paradas, viudas, o mayores que carecen de recursos por no haber cotizado a la Seguridad Social y tienen que afrontar la parte proporcional del precio del fármaco. En este último caso la medida adoptada de no pago es totalmente positiva y acertada.

Todos debemos de contribuir, pero siempre dentro de un orden y de acuerdo con las posibilidades económicas familiares. Es lógico que los medicamentos para los enfermos mayores crónicos continúen siendo gratuitos. Lo contrario, en la mayoría de los casos, sería inviable. Lo mismo opino para esas personas en paro, sin recursos, o para esos miles de jubilados con pensiones de indigencia. En todos esos casos la gratuidad ha de ser total. Por eso no me parece acertada esa aportación de 8 euros al mes que se ha establecido para los jubilados hasta los 18.000 euros anuales, cantidad a recaudar un tanto insignificante que no resolverá el verdadero problema sanitario.

Por el contrario considero justo y proporcionado los 18 euros al mes para los jubilados con rentas superiores. Este decreto va a servir, entre otras cosas, para frenar la acumulación de medicamentos en los hogares, pero tiene que acompañarse de una reforma que ajuste y regule el número de dosis necesarias para cada tipo de dolencias.

Otra importante medida que contempla el proyecto es la que se refiere a evitar el ‘turismo sanitario’ que practican nuestros vecinos comunitarios y otros que no lo son. Este generoso gasto que se produce a través de la tarjeta sanitaria española por extranjeros con vivienda en España, precisaba desde hace tiempo un riguroso control.