La Politización de la Justicia, grave problema nacional

Uno de los graves problemas que tiene nuestro país-como si no tuviéramos ya suficientes-  nuestra sociedad y nuestros políticos es que todo pretendemos arreglarlo por la vía política, la vía de los cuates. Para quienes tienen en sus manos la difícil tarea de impartir justicia-lo digo con conocimiento de causa porque me tocó vivirlo en carne propia-es sumamente complicado tener que resolver con un criterio político lo que debería de ser resuelto conforme a derecho. Lo más lamentable del asunto es que el político que en ese momento da la orden -y que no tiene ni la más remota idea de cómo se resuelven las cosas porque no conoce ni la ley - de que se hagan las cosas de cierta manera para quedar bien con sus cuates, con sus amigos o para hacer algún favor no mide las consecuencias de la decisión que tomo ya que al ser combatida la resolución hecha con miras de favoritismo mediante una apelación o un amparo, invariablemente el resultado será adverso y se le dará la razón a quien desde un principio la tenía, entonces la supuesta “ayuda’’ se convirtió en un problema mayor cuya responsabilidad le será fincada al juzgador que en su momento no tuvo de otra más que obedecer órdenes. Lo más lamentable del caso es que quien dio la orden asume entonces el papel del bueno ante la sociedad al ordenar el cese inmediato y el escarnio de aquel funcionario público  que solo acato sus órdenes. Comento esto por lo que está sucediendo el día de hoy en Chihuahua en donde se está sometiendo a un verdadero linchamiento político y ciudadano a tres jueces que tuvieron la osadía de actuar conforme a derecho. Lo grave de esta historia es que los mexicanos no conocemos nuestros derechos y no tenemos la información suficiente para saber cómo podemos defendernos y tampoco nos queda claro que en muchas ocasiones lo justo no es legal, esto significa que una resolución puede ser injusta pero apegada a derecho. Si hablamos de cuestiones penales, hoy por hoy, quien es el responsable de que se haga justicia es el ministerio público y si bien es cierto que ya los códigos de procedimientos penales están permitiendo la participación de las víctimas para la aportación de pruebas, también es cierto que la mayor responsabilidad sigue recayendo en el ministerio público. Figura jurídica que no ha tenido la capacidad de responder a los reclamos ciudadanos y si no me creen revisen los datos estadísticos y se darán cuenta de que de cien casos si acaso en dos o tres logra la victima la reparación del daño. Someter al escarnio público, a la vergüenza, al descredito a estos jueces no creo que ayude en nada y si por el contrario pueda hacer reflexionar a quienes hoy tienen en sus manos la difícil tarea de impartir justicia y darse cuenta de que están sentados en un barril de pólvora. Hasta donde los jueces estarán dispuestos a seguir recibiendo ordenes de arriba y después apechugar cuando son lanzados a los leones. No quisiera estar en el pellejo de dichos juzgadores de chihuahua que además de ver por los suelos sus carreras profesionales, han tenido incluso que pedir asilo político en estados unidos porque saben y sienten que se está cometiendo en su contra una injusticia mayúscula. Luego entonces es sumamente importante saber que si de pronto usted mi querido lector –dios quiera que no suceda- se ve involucrado en un asunto penal y usted es la víctima, tiene usted que pedirle al ministerio público que le dé la mayor información para que sepa cómo resolver el problema y no está por demás contratar los servicios de un abogado para que le asista, pero mucho ojo porque de pronto andan por allí rondando una cantidad enorme de coyotes que lo único que saben hacer es defraudar a la gente y si usted tuvo la desgracia de ser el causante del problema entonces tiene derecho a un defensor de oficio para que le asista, le asesore y le defienda. Lo más importante es no dejarse y preguntar hasta quedar plenamente satisfecho.


. Para quienes tienen en sus manos la difícil tarea de impartir justicia-lo digo con conocimiento de causa porque me tocó vivirlo en carne propia-es sumamente complicado tener que resolver con un criterio político lo que debería de ser resuelto conforme a derecho. Lo más lamentable del asunto es que el político que en ese momento da la orden -y que no tiene ni la más remota idea de cómo se resuelven las cosas porque no conoce ni la ley - de que se hagan las cosas de cierta manera para quedar bien con sus cuates, con sus amigos o para hacer algún favor no mide las consecuencias de la decisión que tomo ya que al ser combatida la resolución hecha con miras de favoritismo mediante una apelación o un amparo, invariablemente el resultado será adverso y se le dará la razón a quien desde un principio la tenía, entonces la supuesta “ayuda’’ se convirtió en un problema mayor cuya responsabilidad le será fincada al juzgador que en su momento no tuvo de otra más que obedecer órdenes. Lo más lamentable del caso es que quien dio la orden asume entonces el papel del bueno ante la sociedad al ordenar el cese inmediato y el escarnio de aquel funcionario público  que solo acato sus órdenes. Comento esto por lo que está sucediendo el día de hoy en Chihuahua en donde se está sometiendo a un verdadero linchamiento político y ciudadano a tres jueces que tuvieron la osadía de actuar conforme a derecho. Lo grave de esta historia es que los mexicanos no conocemos nuestros derechos y no tenemos la información suficiente para saber cómo podemos defendernos y tampoco nos queda claro que en muchas ocasiones lo justo no es legal, esto significa que una resolución puede ser injusta pero apegada a derecho. Si hablamos de cuestiones penales, hoy por hoy, quien es el responsable de que se haga justicia es el ministerio público y si bien es cierto que ya los códigos de procedimientos penales están permitiendo la participación de las víctimas para la aportación de pruebas, también es cierto que la mayor responsabilidad sigue recayendo en el ministerio público. Figura jurídica que no ha tenido la capacidad de responder a los reclamos ciudadanos y si no me creen revisen los datos estadísticos y se darán cuenta de que de cien casos si acaso en dos o tres logra la victima la reparación del daño. Someter al escarnio público, a la vergüenza, al descredito a estos jueces no creo que ayude en nada y si por el contrario pueda hacer reflexionar a quienes hoy tienen en sus manos la difícil tarea de impartir justicia y darse cuenta de que están sentados en un barril de pólvora. Hasta donde los jueces estarán dispuestos a seguir recibiendo ordenes de arriba y después apechugar cuando son lanzados a los leones. No quisiera estar en el pellejo de dichos juzgadores de chihuahua que además de ver por los suelos sus carreras profesionales, han tenido incluso que pedir asilo político en estados unidos porque saben y sienten que se está cometiendo en su contra una injusticia mayúscula. Luego entonces es sumamente importante saber que si de pronto usted mi querido lector –dios quiera que no suceda- se ve involucrado en un asunto penal y usted es la víctima, tiene usted que pedirle al ministerio público que le dé la mayor información para que sepa cómo resolver el problema y no está por demás contratar los servicios de un abogado para que le asista, pero mucho ojo porque de pronto andan por allí rondando una cantidad enorme de coyotes que lo único que saben hacer es defraudar a la gente y si usted tuvo la desgracia de ser el causante del problema entonces tiene derecho a un defensor de oficio para que le asista, le asesore y le defienda. Lo más importante es no dejarse y preguntar hasta quedar plenamente satisfecho.
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Este artículo se publica en los semanarios el cozumeleño y el playense






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