La costumbre se hace ley, reza la máxima
entre los abogados y la gente sabe perfectamente que cuando accede una vez a
otorgar un favor, un derecho o una prestación, ya aceptó que esa situación se
puede convertir en definitiva. Así, el dueño del terreno que permite que los
vecinos de atrás, para no tener que rodear, crucen su finca, constituye a favor
de esos vecinos lo que en derecho se denomina servidumbre de paso, que obliga
al predio de abajo a permitir al de atrás, que por él pasen los pobladores, las
aguas y toda suerte de vehículos. Ya creado el derecho, no puede extinguirse
así cambie de dueño el predio, pues el afectado es el terreno, no el
propietario.
Así, cuando la sociedad va buscando
nuevos derroteros, cuando necesita una nueva forma de hacer las cosas, empuja a
la legislación, la convierte en punto de discordia, la nulifica con la realidad
y logra que se cambie la ley.
Los cambios algunas veces son oportunos,
otras, los políticos tardan demasiado en comprender la necesidad del pueblo de
obedecer leyes justas y las más, retrasan los cambios por conveniencia de su
partido, de sus personas o porque ahí encuentran el negocio que requieren para
vivir como políticos, lo que vale decir que es vida ajena a la de la mayoría de
los mortales.
Hoy nos encontramos con que el once de
enero de dos mil doce el Congreso de la Unión se ha hecho eco de los reclamos
de uno de los sectores más lastimados de nuestra sociedad: los jubilados y
pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Resulta que cuando una persona entró a
laborar hace ya muchos ayeres, le dijeron que su jubilación sería garantizada
por el estado. Al tiempo, cambiaron las circunstancias por ajustes
presupuestales y cambió la ley, para salvar al Instituto y para proteger al
gobierno.
Luego, volvió a cambiar y se crearon las
Afores, esas cuentas individuales de pensiones que, al parecer, no han tenido
gran éxito en los países de donde las mal copiamos pero que aquí, se siguen
utilizando.
Sin embargo, en el cambio de una a otra,
aparece que las aportaciones a Infonavit, instancia de gobierno dedicada a
recibir fondos de trabajadores y patrones para lo relativo a vivienda, el
gobierno decidió, mediante un artículo octavo transitorio, que debían enviarse
al gobierno para soportar las pensiones, lo que desvirtuó por completo el
espíritu de las aportaciones.
Cuando la gente y obvio, los abogados,
empezaron a reclamar la devolución de esos fondos, tanto la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje como los Juzgados de Distrito y toda la maquinaria
jurídica oficial, se encaminaron a defender y sostener que ese artículo octavo
transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de
enero de mil novecientos noventa y siete, era válido, cuando lo cierto es que
no da oportunidad de defensa al ofendido para privarlo de un derecho adquirido,
tal y como lo ordena el artículo 14 Constitucional.
Así las cosas, a fuerza de buscar los
medios jurídicos necesarios, de impugnar todos y cada uno de los aspectos que
sostenían los juzgadores, de acudir ante la Suprema Corte para hacer valer el
reclamo, se logró que se considerara inconstitucional el envío de esos fondos
al gobierno y que se entregaran al pensionado. Sin embargo, por la naturaleza
misma del amparo, que sólo protege a quien lo solicita, la inmensa mayoría de
los pensionados no ha recurrido a autoridad o instancia alguna para recuperar
su dinero, lo que sí es válido.
Hoy, la sociedad ya hasta la saciedad,
empujó y logró que el Congreso, tal vez por ser año electoral, emitiera el
pasado once de enero de dos mil 2012, decreto por el que ordena los mecanismos
para la devolución de los fondos mal direccionados a favor de sus verdaderos
dueños, indicando los pasos a seguir.
Todavía falta acabar de comprender a
cabalidad los alcances del decreto, la forma de devolución y los beneficiados,
pero sí le digo a Usted, mi querido lector, que la sociedad ha logrado un
triunfo más, ha hecho que se cambien para bien, las leyes injustas que lastiman
a quien menos puede.
Hemos pugnado desde nuestra trinchera y
obtuvimos amparos favorables. Ahora sólo falta obtener la devolución de los
fondos, lo que según será en próximos días. La defensa que busca ayudar a quien
lo necesita y que además, logra recuperar el patrimonio del obrero, del débil
en la relación laboral, a más de ser altamente satisfactoria profesionalmente,
es la que logra convertir en realidad la justicia social.