. Su rol, históricamente asociado a la gestión operativa del riego, ha evolucionado hacia un enfoque más amplio e integral, alineado con los principios de sostenibilidad, participación ciudadana y corresponsabilidad territorial.
La Visión del Perú al 2050, impulsada por el CEPLAN, plantea una sociedad que gestiona sus recursos naturales con enfoque de cuenca, equidad intergeneracional y resiliencia climática. En este marco, el agua no es solo un insumo productivo, sino un bien común cuya gestión demanda articulación entre el Estado, las organizaciones sociales y los propios usuarios. Las Juntas de Usuarios, con presencia territorial y legitimidad social, están llamadas a asumir un protagonismo renovado en este horizonte.
En cuanto a la gobernanza del agua, las Juntas deben fortalecerse como espacios de gestión colectiva, con capacidad de toma de decisiones basada en criterios técnicos, ambientales y sociales. Esto exige procesos de capacitación continua, renovación generacional, inclusión de mujeres y jóvenes, y mecanismos transparentes de rendición de cuentas. La gobernanza no puede limitarse a lo institucional; debe traducirse en la práctica cotidiana del uso responsable del recurso, en la protección de las fuentes y en la mediación de conflictos entre actores con intereses diversos.La coordinación con el Estado y las comunidades es otro pilar fundamental. Las políticas públicas en materia hídrica serán ineficientes si no se construyen desde el diálogo con quienes gestionan el agua en el territorio. Las Juntas pueden convertirse en interlocutores legítimos para co-diseñar políticas, fiscalizar obras de infraestructura, implementar tecnologías sostenibles y promover acciones de adaptación al cambio climático. Asimismo, su vínculo con las comunidades campesinas y rurales las sitúa en una posición estratégica para articular el conocimiento ancestral con la innovación moderna, generando sinergias valiosas para la seguridad hídrica.En términos de desarrollo sostenible, el aporte de las Juntas trasciende lo agrícola. Al gestionar el agua de forma eficiente, equitativa y concertada, contribuyen a la seguridad alimentaria, al bienestar rural y a la sostenibilidad de los ecosistemas. Además, al participar en la planificación territorial, la conservación de cuencas y la promoción de prácticas agroecológicas, se convierten en actores clave para construir resiliencia frente a los desafíos ambientales y socioeconómicos del futuro.El camino hacia el 2050 exige una transformación profunda de los modelos de gestión del agua. Las Juntas de Usuarios no pueden ser vistas como actores pasivos o meramente operativos; deben ser reconocidas como agentes de cambio, capaces de liderar procesos territoriales que integren la equidad, la sostenibilidad y la participación. Solo así será posible construir un país donde el agua no sea fuente de conflicto, sino de vida, desarrollo y dignidad para todas y todos.
