En un mundo donde la violencia, la opresión y la corrupción son prácticas comunes en varios regímenes, los sistemas judiciales nacionales a menudo se ven desbordados, manipulados o completamente ausentes, dejando a millones de víctimas sin el acceso a la justicia que merecen. Esta falta de acción de los estados se convierte en un argumento poderoso a favor de la necesidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) tenga la facultad de ejercer una jurisdicción universal y retroactiva.