La Gestión Pública en Venezuela durante el lapso 2015 -2019 Vinculante al Modelo Socialista Bolivariano del Siglo XXI

La gestión pública en Venezuela durante el lapso 2015 – 2019, ha sido de desafíos, tras la guerra económica declarada por un sector que adversa el modelo Socialista Bolivariano del siglo XXI, cerco financiero, agresión a la moneda, derrota del partido de gobierno en las elecciones parlamentarias del 2015, la caída del precio del petróleo con una reducción hasta del 90% de los ingresos del país, son algunos de los hechos negativos que se presentaron en este periodo.

 

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En tal sentido desde una realidad totalmente desfavorable, la gestión pública local en Venezuela siempre ha sido considerada como la instancia mas cercana a los ciudadanos; así lo plantea la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela de 1999, ahora bien esta cercanía propuesta desde lo constitucional debe ser aprovechada para que los problemas relacionados a la gestión pública, puedan ser resueltos con la prioridad requerida; así como el elaborar políticas publicas locales efectivas o de alto impacto. De allí la importancia de la participación ciudadana involucrada en una dinámica mediante la cual, en forma consciente y voluntaria, intervienen en todos los procesos que les afecta directa o indirectamente.

 

Un ejemplo claro entre la participación ciudadana y gestión pública, es la puesta en marcha de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), este programa fue el planteamiento de la agenda económica bolivariana, en respuesta al bajo poder adquisitivo de los alimentos por parte de los ciudadanos. Donde el poder popular organizado con una estructura definida se encarga de la recolección del dinero, pago y distribución de los alimentos, que emiten las autoridades locales, para luego ser entregado a los ciudadanos del sector; y de esta manera solventar en parte la crisis alimentaria que atravesaba el país, por los problemas descritos con anterioridad.

 

En ese periodo de tiempo también el país se vio afectado por las llamadas guarimbas con fines intervencionistas, las cuales presentaron en los principales estados del país, donde arbitrariamente se blogueaba los accesos en la vías públicas, donde sectores de las ciudades quedaban aislados de acceder a servicios de salud, a organismos de orden publico y donde no se permitía el paso de los entes del estado, ni del sector privado perteneciente alos diferentes rubros de servicios, para solventar alguna falla presente en la zona. Esta situación paralizo al país desde el punto de vista, económico, social; afectando de manera significativa al comercio, centros educaciónales, salud entre otros.

 

Para el estado poder poner fin a esa situación, se llamó a la participación ciudadana a elecciones de lo que se denomino la Constituyente de Paz, donde los ciudadanos manifestaron a través del voto un contundente rechazo a las guarimbas, las cuales cesaron luego de los resultados electorales.

 

La participación de los ciudadanos en el país, previos a 1999, siempre tuvo un alto contenido político,donde únicamente se consultaba a losciudadanos sobre temas electorales, es decir elegir a sus autoridades, o al menos era la costumbre de que se le convocaba para cambiar el gobierno.



A partir de 1999, y tomando buena parte de lo considerado por la Comisión para la Reforma del Estadoen años anteriores, y que buscaba mayor eficiencia y eficacia en manejo de los recursos públicos, se le da un impulso constitucional al ser incluida dentro de la carta magna; dedicándosele diversos apartados en la que se destacan la importancia que representa el hecho de formar parte de las decisiones públicas, además de también de validar diferentes instancias y opciones que tiene la ciudadanía para incorporarse en la formulación de políticas públicas dentro su ecosistema natural.

La participación no queda limitada a los procesos electorales, ya que se reconoce la necesidad de la intervención del pueblo en los procesos de formación, formulación y ejecución de las políticas públicas, lo cual redundaría en la superación de los déficits de gobernabilidad que han afectado nuestro sistema político debido a la carencia de sintonía entre el estado y los ciudadanos.

 

La norma constitucional es muy clara al dar al ciudadano herramientas para hacer valer su opinión y sus propuestas, para ello estas iniciativas deben venir acompañadas de más descentralización de competencias para las localidades, a fin de que dicha participación sea más efectiva y por ende con mayor sentido de compromiso ciudadano; en ese sentido, es importante traer a colación lo que establece la CRBV 1999, en su artículo 158, el cual dicta en relación a la descentralización como una “política nacional, que debe profundizar la democracia, acercando al poder a la población, creando mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales” (p.32).

Otro claro ejemplo de participación establecido en nuestras leyes, fue durante el triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, en la que se incorpora la estructura del Estado Comunal que involucra una red conformada por consejos comunales, la comuna, la ciudad comunal y los sistemas de agregación comunal. Basado en el ejercicio de la soberanía directamente por el pueblo; y el segundo, basado en el ejercicio de la soberanía indirectamente por el pueblo, mediante representantes electos por sufragio universal.

Desde el marco legal, se otorga a las comunidades esta forma de organización, como enfoque de la  participación de los ciudadanos en los asuntos públicos en términos de política, para tomar las decisiones que afectan a la mayoría, condicionada por un espíritu de cooperación y mancomunidad, solidaridad e inclusión, pluralidad y respeto, así como de un sentido de pertenencia y defensa de la localidad; donde el ejercicio del diálogo permita reafiliar al propio ciudadano en términos de compromiso, asumiendo espacios para el encuentro y el ejercicio constante de prácticas democráticas desde el ámbito local

En el mismo orden de ideas la gestión pública local y su adecuado funcionamiento, permite que quienes se sirven de ella reconozcan la validez de sus acciones mediante la medición constante de la calidad de los servicios públicos y de las políticas públicas que se ejecutan, en nombre de la gestión gubernamental.

La gestión pública debe invita asumir el espacio administrado con visión gerenciar; estimular la inclusión los ciudadanos en la toma de decisiones sobre acciones trascendentales y que pueden cambiar el entorno donde se desenvuelve; desde la perspectiva local, generar necesarias coincidencias y contradicciones que ayudan a debatir sobre las condiciones de los servicios públicos, así como medir la efectividad de sus acciones en la materialización de políticas públicas incluyentes y de carácter progresivo; la fiscalización de sus actos en virtud de sus resultados; ser el epicentro ejecutivo de la localidad que  permita coadyuvar en las necesidades básicas de la comunidad cuando esta no pueden por sí solas resolver situaciones de apremio; la gestión pública local debe intervenir como coordinador en el diseño de la localidad, con visión de futuro de la localidad de manera mancomunada y sistémica.

La participación ciudadana debe asumir con mayor compromiso los espacios de decisión y de construcción de políticas públicas locales, que permitan visualizar seriamente una verdadera co-gestión de la agenda pública local; en pro de las soluciones de las diferentes problemáticas sectoriales, desde los micro hasta lo macro, cuyo aporte sume al desarrollo de la nación.

UNETE



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