La participación protagónica y participativa ciudadana para la transformacion revolucionaria del estado Venezolano

Desde el año 1999, cuando se aprobó la refundación de la república a través de la aprobación en consulta pública una nueva constitución de la república bolivariana de Venezuela, en su preámbulo da una premisa con mucha fuerza, en que somos un estado democrático de justicia social en el marco de una democracia participativa y protagónica, estas implicaciones tienen, de que ya esa democracia representativa, es la que se debe ir dejando atrás y todas las organizaciones d base sociales, constituidas , pasan a ir teniendo de manera gradual, mayor incidencia, mayor fuerza, mayor protagonismo en todos los procesos de los asuntos públicos de la vida nacional y esto implica el estado como tal.

 

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Los servidores y servidoras públicas, son parte del poder popular , están dentro de lo sectorial , forman parte de la instituciones del estado y también son parte del pueblo como tal de ese poder popular, es también importante que se tome en cuenta y se considere de que los servidores públicos y las servidoras publicas es esa parte, esa expresión del poder popular que esta dentro de las instituciones haciendo vida, pero que deben considerarse todos los elementos de carácter ético, de carácter moral, dentro de lo que es la vida política, económica, cultural, social dentro del territorio venezolano, a la luz de ese marco jurídico, que paulatinamente ha ido expandiendo e incorporando las capacidades del poder popular a estos asuntos públicos, es por ello que los diferentes aspectos debe considerarse a los hombres y mujeres que forman parte de la sociedad, que están indistintamente de su condición socioeconómica, puedan prepararse, considerando los valores éticos y morales para poder forjar una nueva cultura, que tal como esta establecida, en el marco del preámbulo de la constitución, los valores de la solidaridad, de la cooperación, de la corresponsabilidad todos ellos que están allí expresado, realmente puedan garantizar ese estado de justicia social que es lo que tanto buscamos.

 

En estos últimos 23 años de proceso revolucionario, se han citado cambios sobre todo en el marco jurídico del país. En la vida nacional se ha avanzado por ejemplo con la promulgación de leyes del poder popular , leyes que ha permitido considerar e incluir una mayor participación, una mayor expansión de las organizaciones sociales de base, en los distintos territorios, pero a la luz de estos avances de estos conocimientos de estos 23 años, de los que es la República Bolivariana de Venezuela, como ha sido ese tránsito de la vida de este poder popular que está inmersa en los asuntos públicos en las instituciones, para poder romper, con ese tutelaje del estado, la burocracia, la corrupción, la indiferencia de dar resultados pronto inmediato, cónsonos, pertinentes a lo que son los objetivos la planificación trazada, en este caso como lo es el proyecto histórico del socialismo bolivariano.

 

 Están realmente nuestros servidores y servidoras publicas de manera constante, de manera sostenida en un proceso de preparación, de formación de ejecución, de seguimiento de cada una de estas políticas públicas, que se desprenden de estos lineamientos legales y donde se considera que ellos son parte fundamental para poder dar esa transformación ese salto cualitativo de lo que realmente sea un estado más eficiente, más responsable, más transparente de rendición y de cercanía directa con las bases como los es el poder popular para poder garantizar ese suma de felicidad posible y todas esas garantías expresada como por ejemplo en las leyes, en la constitución y en el plan de desarrollo económico y social de la nación de esas políticas públicas.

La participación ciudadana, surge como respuesta a las deficiencias de la gestión pública, se puede identificar como una consecuencia de la desconfianza, malestar e insatisfacción con las políticas públicas que no han sabido dar respuestas a las demandas de la sociedad. Sumado a la corrupción de los servicios públicos conduce a estrategias de solución distintas, pero comparten el objetivo de atraer eficacia a la prestación de los servicios públicos, configurándose esta, para el control democrático y el mejoramiento de las políticas públicas.

La primera fase de la democracia liberal representativa conquistada después del golpe de estado a Pérez Jiménez, fue concebida como una forma de “estado de bienestar”. La gente creyó que la democracia le proveería de todos los bienes y servicios que necesitaba para progresar. Los primeros tiempos con una importante participación de la ciudadaníaera muy restringida, casi exclusivamente se concentraba en la participación electoral (voto), en relación al accionar estatal como un usuario del mismo, a quien se minimizaba su intervención directa, salvo en algunas Comisiones o Consejos de asesoría, quienes ocasionalmente planteaban propuestas legislativas, y que en definitiva, se convirtieron en actores acostumbrados a ejercer indirectamente su participación a través de sus representantes oficiales que se encapsulo en las elites de poder y generó apatía.

Es por ello que la democracia concebida como el mar de oportunidades y de bienestar, quedó congelada en la insatisfacción de los ciudadanos, donde su presencia como órganos contralores en la ejecución de obras o en la prestación de servicios públicos resultaba insignificante.

La participación ciudadana, es aquella dirigida a promover y crear nuevos mecanismos para que la gestión pública conozca mejor las actividades de sus administrados, obtenga la colaboración de éstos en la ejecución de algunas tareas o bien directamente para que se sustituya al Estado en la ejecución de determinadas funciones. Dejando claro, que la participación ciudadana bajo esta concepción, no pretende instituirse como un medio para sustituir a la administración, sino que logra sentido, en tanto se advierte la necesidad de optimizar la administración burocrática en razón de la pérdida de eficacia de sus mecanismos tradicionales.

De esta manera, la participación ciudadana adquiere un espacio de desarrollo, estrictamente ubicada como una herramienta de la gestión. En síntesis, se puede afirmar que predomina la idea de considerar la participación, como un instrumento fundamental para mejorar la capacidad de gobierno ya que además de ser un derecho, es un instrumento de optimación de la gestión pública.

Desde el punto de vista jurídico formal, se han configurado las bases legales para la participación ciudadana y protagónica. Ahora bien, la evaluación de cómo estos instrumentos operen en la realidad será una demostración más de la sociedad en procuración de la corrección de las desviaciones o vicios que se observen en el desarrollo del proceso constitucional y de las normas que de ellas han derivado permite afirmar, tomando en cuenta las tres fases de la gestión pública señaladas (formulación, ejecución y control), que los ciudadanos pueden involucrarse en cada una de ellas. La diferencia es quizás de grado, pero se observa, en el plano normativo una tendencia a que la participación cobre mayor intensidad en las áreas de formulación y control.

La participación ciudadana y su incorporación práctica en el sistema político, surge precisamente a raíz de las limitaciones de la democracia representativa en su relación con la ciudadanía.

 

En el contexto contemporáneo, por unos ciudadanos con una mayor motivación para participar en la toma de decisiones colectivas y la problemática que enfrenta la gestión pública de dar respuestas pertinentes y eficaces a las demandas de las comunidades. Como consecuencia, la participación ciudadana asoma como la principal estrategia para canalizar estas transformaciones.

Sin embargo, su implementación en la práctica indica que no es fácil complementar la democracia representativa ni superar los formalismos de su institucionalidad. Factores sociales, institucionales, políticos y ciudadanos, influyen en cómo se desenvuelven los procesos de participación ciudadana.

Precisamente desde esa constatación se desprenden los principales desafíos. Uno de los cuales tiene relación con seguir profundizando en el conocimiento y la evidencia empírica sobre las condiciones políticas, sociales e institucionales, bajo las cuales los mecanismos de participación ciudadana logran encauzar las demandas de las comunidades, a la administración pública y complementar las clásicas instituciones representativas.

La participación ciudadana no es un concepto nuevo ya que a lo largo de la historia ha estado presente y hoy en nuestro país con la Constitución de 1999 tiene una connotación particular, sin embargo, se le da una mayor importancia al aspecto político en el proceso de toma de decisiones, en detrimento del factor social y el económico.

La participación de la sociedad civil venezolana actual, se ha convertido en un instrumento de la profundización de la democracia participativa, impulsada por el proceso constituyente venezolano; convirtiéndose en una exigencia de la Constitución, la cual prevé instrumentos para el funcionamiento de los órganos constitucionalesy así, a lo largo de su texto va dando cauce a los diferentes mecanismos participativos, no sin antes haber dispuesto en su Preámbulo como fin supremo refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica

UNETE



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