Políticas Públicas en atención integral de personas con diversidad funcional en venezuela y la formación de Capital en América Latina

Autor: Jorge Machado

 

.org/0000-0003-3035-4726" target="_blank">https://orcid.org/0000-0003-3035-4726

 

POLÍTICAS PÚBLICAS EN ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL EN VENEZUELA Y LA FORMACIÓN DE CAPITAL EN AMÉRICA LATINA

 

 

 Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Estratégico, Conjunto Residencial El Arsenal, Avenida 1, Código Postal 2105. Maracay, Venezuela.

 Correo electrónico: bufetedeabogado@hotmail.com

 

La diversidad funcional es un término acuñado recientemente, con el objeto de dar una nueva visión sobre el grupo de personas que por razones biológicas, accidentales o psicológicas realizan actividades cotidianas de forma diferentes a la media, dentro de un determinado contexto histórico. Cabe destacar que un principio, fueron identificadas como personas minusválidas o con discapacidad, conceptos que con el transcurrir del tiempo han sido considerado peyorativo, sin mencionar los prejuicios y posiciones arraigadas presentes en los sistemas de valores manejados por la población en general ante la presencia de individuos con esta característica, elementos que marcan patrones de aceptación y rechazo según sea el caso presentado por esta sector de la población o país.

 

Los países se clasifican en desarrollados, emergentes y pobres en función de su ingreso o PIB por habitante. Esto es, un país con un nivel de ingreso per cápita superior a USD 12.375 es considerado de renta alta, mientras que se clasifica como de renta baja si este indicador está por debajo de los USD 1.025. Si bien es cierto que esta categorización se limita a factores económicos y no aborda las esferas de desarrollo de las instituciones políticas ni las condiciones de vida o los indicadores sociales, también es verdad que existe una fuerte correlación entre el desarrollo económico, por un lado, y las condiciones de vida y las instituciones políticas o la calidad del gobierno, por otro lado.

 

No obstante, la evolución de la terminología aunado al conjunto de soportes psicológicos, filosóficos, pedagógicos, jurídicos y demás áreas del conocimiento que han estudiado esta situación, han servido de sustento para combatir ésta discriminación de la cual son víctimas las personas que la padecen, siendo el primer documento donde se aborda esta realidad la Carta de las Naciones Unidas (ONU) de 1945, donde su plantea la necesidad de fomentar el respeto de los derechos humanos de todos los individuos por igual sin que esta consideración se vea afectada por el sexo, religión, idioma o raza.

 

De igual forma, existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la misma fecha, que contiene una amplia afirmación de los derechos humanos, aunque carece de efecto vinculante sobre los Estados miembros. Posteriormente la Asamblea General aprobó el Acuerdo sobre Derechos Civiles y Políticos (que entró en vigor en 1976), así como acuerdos específicos sobre prevención y penalización del genocidio y sobre eliminación de cualquier forma de discriminación racial. Estos acuerdos fueron firmados por la gran mayoría de los países, entre los que no se encontraba Venezuela.

 

Es decir, la discriminación según Fernández (2018:19), es “un fenómeno de relaciones intergrupales, de relaciones entre diversos grupos sociales, y tienen sus raíces en la opinión que un grupo tiene sobre otro”, es decir, la mayoría es capaz de catalogar a los individuos de acuerdo con sus creencias y sistema de valores preestablecidos, que denotan la aceptación o rechazo de las personas de su entorno, quienes por mostrar capacidades diferentes y ser un grupo minoritario son en la mayoría de los casos rechazados.

 

El Estado

 

En las sociedades, los Estados surgen por la necesidad de imponer instituciones que permitan su funcionamiento óptimo y subsistencia. Existen tres tipos de instituciones que caracterizan a un Estado: i) las instituciones que regulan la provisión de bienes y servicios públicos necesarios; ii) las instituciones que regulan el cumplimiento del imperio de la ley, y iii) las instituciones que garantizan los principios básicos de los ciudadanos y limitan el poder del Estado a través de mecanismos de control, de transparencia y de desconcentración del poder. Fukuyama (2012) presenta una discusión de la interacción de cada una de estas instituciones y la evolución a lo largo de la historia de la humanidad.

 

Los tipos de Estado se van configurando en función del peso relativo que se da a cada uno de estos elementos básicos. Si se concentra en el individuo y considera que solamente responde a los incentivos, se deriva hacia estructuras políticas que defienden las libertades y los derechos de propiedad resultando en Estados minimalistas, como los propuestos por Thomas Hobbes, John Locke y, más recientemente, Robert Nozick.

 

La labor fundamental de este Estado es ser guardián, lo que, según esta doctrina liberal, garantiza la ruta a la prosperidad de las sociedades. Por el contrario, si se pone el foco en el Estado por encima de los individuos, se termina con regímenes totalitarios, mientras que un mayor peso en los aspectos de justicia redistributiva y la solución de los problemas de acción colectiva, resulta en Estados más grandes y con mayores intervenciones en las distintas esferas de la sociedad. Lo importante es entender cómo se da esa interacción entre los individuos, y entre estos y el Estado, para comprender cómo se generan los procesos de desarrollo sostenido.

 

Ante esta realidad, existen una diversidad de postulados donde se plantean que aun cuando las personas presentan variaciones en las funciones que realizan o en el manera de efectuar una actividad, evento o cosa, deben tener las mismas oportunidades para acceder al sistema educativo y al mercado de trabajo, por lo que no se deberían ser objeto de discriminación, sea está motivada en función de su sexo, raza, edad, religión, condición social, entre otros.

 

En la actualidad existen países como es el caso de España, donde la forma más idónea para romper con los paradigmas sociales existentes hasta hoy sobre la diversidad funcional, fue la reorganización de su marco jurídico, incluyendo nuevas disposiciones legales donde se aborda directamente este tema, estableciéndose puntualmente un conjunto de condiciones que permitan regular las acciones de la población dentro de un nuevo contexto de inclusión, respeto, integración e igualdad que como individuos de la sociedad merecen este grupo de personas.

 

No obstante, durante los últimos años se han incrementado los esfuerzos por reducir la discriminación de las personas con diversidad funcional por determinadas incapacidades físicas, es decir estas personas tienen dificultad para ciertas actividades consideradas por otras personas como totalmente normales, como viajar en transporte público, subir escaleras o incluso utilizar ciertos electrodomésticos. Sin embargo, el mayor reto para estas personas ha sido convencer a la sociedad de que no son una clase aparte. Históricamente han sido compadecidos, ignorados, denigrados e incluso ocultados en instituciones.

Según Fuller (2019:28), en “América Latina ha sido difícil que la sociedad reconociera que las personas con diversidad funcional tienen las mismas capacidades, necesidades e intereses que el resto de la población”; sin embargo reciben un trato discriminatorio en aspectos importantes de la vida, ya que existen instituciones tanto públicas como privadas que se resistían a contribuir con la preparación o capacitación en el ámbito educativo.

En los últimos diez años esta situación ha ido mejorando gracias a cambios en la legislación, a la actitud de la población y a la lucha de las personas con diversidad funcional por sus derechos como ciudadanos e individuos productivos. Este tipo de personas, buscan que se les respete el ejercicio de sus derechos, por lo que luchan por establecer los siguientes principios: ser evaluados por sus méritos personales, no por ideas estereotipadas sobre discapacidades; conseguir que la sociedad realice cambios que les permitan participar con más facilidad en la vida empresarial y social (facilitar el acceso con sillas de ruedas al transporte público, a edificios y a espectáculos) y, finalmente, integrarse con la población que busca capacitarse cada día, por lo que requiere no se excluido del sistema educativo.

Al respecto se puede señalar que la educación es un hecho social, de fundamental significación en el proceso de desarrollo de la humanidad, en tanto acontece en un contexto histórico-cultural, impregnándola de la filosofía e ideología de la época con el objeto de mantener el sistema social. A fin de alcanzar este objetivo, se busca la sistematización del hecho educativo a través del surgimiento de la institución escolar, a la cual se le asigna la responsabilidad de delinear y formar al tipo de hombre que requiere una sociedad determinada en los diferentes momentos históricos; en tal sentido, el hombre ha debido responder a las exigencias que la institución escolar le plantea.

Sin embargo, ante estas exigencias se evidencian diversas maneras de responder, dependiendo de las condiciones particulares de cada educando en cuanto a su desarrollo intelectual, su adaptación social, sus habilidades y destrezas para el aprendizaje; así como también sus condiciones económicas, de salud y socioculturales; las cuales determinan formas diferenciadas a través de las cuales cada alumno se desempeña en el entorno académico.

En atención a estos elementos que condicionan el aprendizaje de los estudiantes, la escuela debe abordar las diferencias individuales, así como aquellas situaciones que han sido consideradas limitantes para el progreso del estudiante, en tal sentido se han desarrollado diferentes formas de atender dichas limitaciones no sólo a través del proceso de investigación sino también con el aporte de diversas disciplinas y ciencias entre las cuales se considera la Pedagogía, la Psicología, la Biología, la Sociología, el Trabajo Social y las Ciencias Médicas.

En el contexto específico de la Pedagogía, han surgido modalidades específicas de atención para aquellos niños(as) que por sus condiciones físicas o intelectuales presenten limitaciones para atender a las exigencias del sistema educativo, tal es el caso de los estudiantes que presentan discapacidad intelectual pero que se encuentran incorporados al aula regular de clase y requieren el apoyo pedagógico no sólo del docente de aula regular sino también de otros especialistas como psicólogo, orientador y Psicopedagogo.

La integración del estudiante con discapacidad intelectual responde a la necesidad de transformar la práctica pedagógica de acuerdo a lo establecido en el Currículo Básico Nacional Bolivariano (2007), en el cual el modelo curricular se encuentra fundamentado teóricamente en la perspectiva humanista y constructivista en la cual se respete la caracterización de la población con necesidades educativas especiales; al tiempo que reconoce sus potencialidades, diferencias individuales, ritmo de aprendizaje y asume la diversidad como elemento enriquecedor en la convivencia humana.

En este sentido, el gobierno venezolano, decreto la Ley para Personas con Discapacidad, aprobada el 15 de noviembre de 2006, por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial N° 38.598, el 5 de enero de 2007, cuando entra en vigencia, aborda, en noventa y seis artículos de los cuales ocho se refieren directamente a las obligaciones que deben cumplir las empresas públicas y privadas aspectos en materia de derechos y garantías en el área de trabajo y capacitación. Además, se contemplan disposiciones en materia de salud, educación, accesibilidad y vivienda, economía, participación ciudadana, sobre el sistema nacional de atención integral de las personas con discapacidad, así como las sanciones para aquellos que incumplan la ley.

Todos estos aspectos se interrelacionan con el factor de la equidad, que se pretende generar a través de una norma y no como resultado del factor social y organizacional, producto del sistema educativo, laboral y de desarrollo. En este sentido, el artículo 81 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) expresa que:

Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado con la participación solidaria de las familias y la sociedad, les garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley.

Es decir, la Carta Magna tiene por objeto regular los medios y mecanismos, que garanticen el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades, el disfrute de los derechos humanos y lograr la integración a la vida familiar y comunitaria, mediante su participación directa como ciudadanos y ciudadanas plenos de derechos y la participación solidaria de la sociedad y la familia.

En virtud de este se puede señalar que la atención hacia la población de las personas con diversidad funcional, solo se direcciona hacia un enfoque socioeconómico al considerar en la práctica el carácter tecnocrático de la Educación como medio de ascenso económico y no como medio de humanización del hombre y el trabajo con un carácter utilitario, sinónimo de empleo, es decir, que las personas con discapacidad al entrar a la adolescencia y la adultez tienen la capacidad de convertirse en entes productivos, por lo que se le debe preparar en un oficio, desarrollando sus habilidades y destrezas para luego incorporarlos al mundo del trabajo.

Por otra parte, este enfoque socioeconómico, es también el resultado de cómo las organizaciones internacionales tales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia, la cultura, (UNESCO) , la Organización Internacional del trabajo, (O.I.T), la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), y la Organización de Estados Americanos, (OEA), han asumido la Educación y el trabajo, bajo la premisa de formar un hombre de acuerdo a las necesidades de crecimiento económico del país, sin embargo, en Venezuela esta realidad solo se ha quedado en políticas y promesas. Por lo antes expuesto, es necesario recalcar la necesidad de desarrollar política educativa para la atención integral de las personas con diversidad funcional Sin dudarlo, la educación sea considerada como un proceso social que permite que todas las personas puedan acceder a la misma. Según Pérez (2021:23)

Muchos la utilizan con fines propios, otros en busca del cumplimiento de objetivos comunes, y otros en busca de poder; aunque no todos consiguen lo que buscan ya, que la educación únicamente incrementa la capacidad de supervivencia y permite a aquellos que mejor la manejan alcanzar ventaja y poderes sociales.

Sin embargo, en la actualidad existen grupos de personas con diversidad funcional, que han sido discriminadas que no poseen elementos motivadores que le permitan obtener un conocimiento real sobre un oficio o profesión. De manera pues, que la discriminación según Fernández (2018:19), es “un fenómeno de relaciones intergrupales, de relaciones entre diversos grupos sociales, y tienen sus raíces en la opinión que un grupo tiene sobre otro”.

Los grupos en cuestión pueden ser parte interna de otra sociedad mayor (mujeres, ancianos, pobres, homosexuales y ahora personas con deficiencias físicas). Por lo general, todos los postulados, señalan que las personas deben tener las mismas oportunidades para acceder al mercado de trabajo, y no se debe ser objeto de discriminación por razón de sexo, raza, edad o creencias religiosas.

Durante los últimos años se han incrementado los esfuerzos por reducir la discriminación de las personas por causa de la edad, o por determinadas incapacidades físicas, es decir las personas con discapacitados tienen dificultad para ciertas actividades consideradas por otras personas como totalmente normales, como viajar en transporte público, o subir escaleras. Sin embargo, el mayor reto para estas personas ha sido convencer a la sociedad de que no pueden seguir históricamente, ignorados, denigrados e incluso ocultados en instituciones.

Ahora bien, la sustentación epistémica que caracteriza objeto de este estudio se relaciona con la discriminación, por la falta de conocimientos sobre las variantes que envuelven esta situación, los que les impide subsistir en el ámbito económico, pues las empresas evaden la responsabilidad de emplear un 5% de estas personas y algunas solo emplean a quien tenga discapacidad mínima, es decir sordos mudos, con problemas leves, entre otros y se olvidan de las personas que realmente requieren de un empleo para subsistir y tener un buen nivel de vida y con esto, se les niegan servicios de salud, se les dificulta el acceso a la educación de ellos y de sus hijos, en caso de obtenerlo.

En este sentido, se puede señalar que el Estado no supervisa el cumplimiento de esta ley y les niega las personas con discapacidad los medios económicos para subsistir dignamente, lo que significa que la mayor parte de ellos viven en condición de pobreza, un elemento decisivo en el destino de las personas con discapacidad y como a millones de seres humanos en el planeta, que los condena a situaciones degradantes e injustas, lo que obliga al investigador a plantearse la siguiente interrogante: 

En todo este entramado se señalan los elementos esenciales con los que debe contar una política pública haciendo énfasis en la fase de la implementación desde que enfoque, modelo, elementos, etapas y otras herramientas con las que debe contar esta fase, que permita estudiar y llevar a buen término el análisis de sus ciclos por etapas o fases, realzar sus ventajas y virtudes así como identificar actores, intereses, arenas de poder y lógicas de poder, en el tema específico de la integración laboral de las personas con discapacidad.

Otro aspecto por resaltar, que la diversidad funcional es un término alternativo al de discapacidad que ha comenzado a utilizarse por iniciativa de los propios afectados, Con el término diversidad funcional se propone una nueva visión que no es negativa, que no implica enfermedad, deficiencia, parálisis, retraso, entre otras con independencia del origen patológico, genético o traumático de la diversidad en cuestión.

No obstante, no se niega el hecho de que se habla de personas que son diferentes a la norma estadística y que por ello realizan algunas sus funciones de manera diferente a la media de la población. Sin embargo, hay persisten en diferentes ámbitos la discriminación, dejándose de lado que desde de la perspectiva ideológica de la Diversidad Funcional se considera esencial apoyar la independencia en todos los ámbitos de la vida cotidiana: educación, trabajo, edificación, transporte, comunicación, información, ocio, dando a cada persona las herramientas que precise para desarrollarse en esos ámbitos, de manera que tome el control de su propia vida.

Este contexto de aperturas, aunado a la proyección de las realidades plasmadas por las personas con discapacidad funcional, de la cual como investigador e informante clave se hace referencia, trae consigo la necesidad generar tejidos teóricos humanistas de políticas educativas llevadas a cabo para la atención integral de las personas con diversidad funcional, de manera de conocer directamente desde las vivencias cotidianas los sucesos, favoreciendo la construcción de nuevos postulados que ayuden a la integración de este sector de la población al proceso de transformación productivo del país.

Ante los planteamientos anteriores, surgió como propósito describir los principios y teorías que sustentan las políticas educativas para la atención integral de las personas con diversidad funcional, tomando como base la categorización de los aportes teóricos que se sustentan las políticas educativas para la atención integral de las personas con diversidad funcional.

 

Conclusiones

 

Lo primero que se puede concluir del análisis presentado es una buena noticia. La historia reciente de la desigualdad en América Latina indica que las políticas públicas pueden modificarla. En particular, la reducción de la desigualdad observada durante la primera década de este siglo se puede vincular principalmente a dos componentes de la política social: el gasto en educación, que resultó en un aumento de la escolaridad de sectores pobres de la población, y la expansión de las transferencias monetarias focalizadas en la población pobre. El aumento en años de escolaridad de la población pobre es uno de los factores que está detrás de la reducción de la brecha salarial por nivel de educación y esto último, dada la caída en los retornos relativos de la educación (la llamada prima educacional), es, a su vez, uno de los factores que está detrás de la reducción de la desigualdad del ingreso laboral.

 

 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

Centro de estudios monetarios latinoamericanos Asociación Regional de Bancos Centrales

https://www.cemla.org/PDF/discusion/DDI-2010-07-01.pdf

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela, 662, noviembre, 1999.

Currículo Básico Nacional (1997). Ministerio del Poder Popular para la Educación. Caracas. Venezuela.

Fernández, H. (2018) Metas del Milenio. Reunión de Conferencia Internacional de educación. Ginebra.

Fuller, J (2019), Diversas maneras de actuar que son manifestaciones de la jerarquía. Tomos I y II. Colección Textos Universitarios en Ciencias Sociales. Editorial Harla. México.

Ley Aprobatoria de la “Convención Interamericana Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999)

Ley para Personas con Discapacidad (2007). Aprobada el 15 de noviembre de 2006, por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta oficial N° 38.598, el 5 de enero de 2007.

UNETE



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