La formación de Capital en América latina y los mecanismos de prevención de la delincuencia organizada en la defensa integral de la Nación

Autor : Dislay Solórzano

 

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LA FORMACIÓN DE CAPITAL EN AMÉRICA LATINA Y LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA DEFENSA INTEGRAL DE LA NACIÓN

 

Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) - Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Estratégico, Conjunto Residencial El Arsenal, Avenida 1, Código Postal 2105. Maracay, Venezuela.

 Correo electrónico: dislaysolorzano@gmail.com

 

La delincuencia organizada ha existido durante toda la humanidad. En toda la historia ha estado presente, sufriendo transformaciones conforme a cada periodo y de acuerdo con los tipos de sociedad. Hasta la pasada década, en la mayor parte de los países este forma de delinquir es considerado un problema de extranjerismo para el caso de Latinoamérica, ya que solo se escuchaba hablar de casos como del sur de Italia (la mafia), de las comunidades chinas de ultramar (las triadas) y de los Estados Unidos (Cosa Nostra de los EUA) por mencionar algunos ejemplos.

 

En los estudios de los macroeconomistas se señala que la acumulación de capital físico ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento económico a largo plazo. No obstante, en estos análisis se enfrenta una restricción en los datos: para dilucidar a ciencia cierta cuál ha sido dicho papel es preciso contar con una base empírica temporal y geográficamente más amplia. Este trabajo sirve a tal objetivo al ofrecer nuevas series de alcance secular sobre la formación de capital en América Latina. En el artículo se realiza una descripción de las series con que se identifican sus movimientos de largo, mediano y corto plazo. Un rasgo que domina la trayectoria de la inversión es su pronunciada inestabilidad hasta 1950. Un segundo aspecto destacable es el mayor dinamismo inversor durante la segunda mitad del siglo XIX, que supera incluso el que tuvo lugar durante la “edad dorada” (1950-1980).

 

América Latina parece haber sufrido un estancamiento crónico en los últimos 50 años. Así, en 1970, la región representaba el 5,5 % del comercio mundial y el 7,3 % de la producción mundial. Medio siglo después, a finales de 2019, las cifras prácticamente no han cambiado, con porcentajes del 5,6 % y 7,3%, respectivamente (OMC, 2020; Banco Mundial 2020a)1 . En términos de productividad laboral, América Latina parece incluso demostrar un retroceso.

 

En el siglo XIX, se llegó a considerar este tipo de delincuencia como efecto derivado de las necesidades de la pobreza y se señaló que quienes no disponían de bienes suficientes para satisfacer sus necesidades y las de su familia por las vías legales y pacíficas, se vieron empujados con frecuencia a delinquir. Los delincuentes en la teoría más antigua eran personas perversas, que cometían crímenes de una forma deliberada, porque se decían estaban poseídos por el demonio o espíritus malignos. Hoy en día esta realidad ha cambiado y se pueden encontrar que

Muchas de estas personas son utilizadas por las organizaciones criminales quienes al ver las condiciones y apremios económicos que puedan tener estos, le ofrecen apoyo financiero a cambio prestar servicios de acarreo y/o ventas de sus identidades para legitimar capitales provenientes del delito. (Torres, 2018, p.48).

Ahora bien, en la nueva era de la globalización, las fronteras se han abierto, las barreras comerciales han caído y la información se transmite rápidamente por todo el mundo al alcance de una tecla, los negocios están floreciendo y también lo está la delincuencia organizada transnacional. Se están forjando fortunas como resultado del tráfico de drogas, la prostitución, las armas de fuego ilícitas y todo un conjunto de delitos transfronterizos, todos los años los delincuentes organizados blanquean enormes sumas de dinero de procedencia ilícita.

Si en el pasado se les consideró una amenaza a escala local actualmente la delincuencia organizada se ha convertido en una cuestión transnacional muy compleja. Los países han llegado a reconocer. En Venezuela se ha observado un incremento dramático en los procesos delictivos, por lo que es motivo de preocupación. De acuerdo con el Tribunal Supremo de Justicia (2019)

Las dimensiones internacionales y la aparición de nuevas modalidades que presenta la delincuencia organizada, se ve favorecida por la carencia en muchos países de sistemas eficaces de justicia penal, de legislaciones que impugnen las organizaciones delictivas, de instrumentos esenciales en la prevención y combate de la delincuencia organizada y de rígidas reglamentaciones bancarias. (s/n)

Características de los ingresos de capital y respuestas de política.

 

¿Qué tan importante es el ingreso de capitales a América Latina en esta etapa? Para intentar responder a esta pregunta, la gráfica I presenta la evolución del total de flujos de capital neto a la región durante el período 1980-2011, con información del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las entradas netas de capital se definen para estos propósitos como la suma de la cuenta corriente y la variación de las reservas internacionales como porcentaje del PIB. El comportamiento de esta variable no es muy distinto al considerarse todas las economías emergentes y en desarrollo. Por otro lado, las tendencias de los flujos de capital total y capital privado neto a América Latina son muy parecidas.

 

Es igualmente alarmante el impacto que las actividades delictivas tienen en las economías nacionales, y en la estabilidad y la seguridad interna de los estados. Venezuela no escapa de esta realidad. Hay conciencia de la vulnerabilidad y de que, a nivel interno, es necesaria una estrategia coherente y permanente que promueva la incorporación de todos los sectores de la vida nacional en la búsqueda de soluciones apropiadas para enfrentar esta situación. Para comprender el hecho social de la delincuencia organizada, es necesario definir en términos entendibles, delincuencia organizada, siendo una de las comúnmente aceptada la sugerida en la Convención de Palermo, suscrita en noviembre de 2000. Según ese texto, incurre en ella todo

Grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. (p.47)

Es decir, la auténtica delincuencia organizada es internacional y tiene tal poder que puede desestabilizar a un país, apoyándose en dos vías: la violencia y la corrupción. Por ende, en todos los países, esta situación busca mecanismos que le permitan su operación a través de la corrupción, el Robo a mano armada por tres o más personas, la estafa y otros fraudes tipificados en los códigos penales de cada nación.

La Convención sólo hace referencia explícita al lavado de dinero, la corrupción y la obstrucción de la justicia. Igualmente, sugiere que los estados deben tipificar como delito la mera asociación o concierto para violar las leyes, es decir, que el agruparse para delinquir sea penado por la ley, elemento ya establecido en las legislaciones de Estados Unidos (RICO Act) e Italia (artículos 416 y 416 bis del Código Penal). (Mayorca, 2017, p.2).

En Venezuela, la Superintendencia de Bancos emitió una Circular No. SBIF-UNIF-DPC-0463). (2002, Enero 22). Donde enunciaba los delitos que habían identificado como de delincuencia organizada, reconociéndose entre ellos a: el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sus materias primas, insumos, productos químicos esenciales, solventes y precursores o de otra naturaleza, desviados y utilizados para su producción. La importación, exportación, fabricación y comercio ilícito de armas y explosivos. La estafa y otros fraudes. Los delitos bancarios o financieros del Título V, Capítulo I, Sección Segunda de la ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. El robo a mano armada por tres o más personas, tipificado en los artículos 457, 458 y 460 del Código Penal. La Corrupción política y administrativa.

Con posterioridad a la emisión de esa circular la Asamblea Nacional promulgó la Ley Contra la Delincuencia Organizada (2005), norma que amplia en el Titulo II de la misma el espectro de los delitos de este tipo y que incluyen los delitos antes mencionados. Clasifica los delitos de la siguiente manera: (1) Delitos contra los recursos o materiales estratégicos: Tráfico ilícito de metales, piedras preciosas o materiales estratégicos; (2) Delitos contra el orden socio económico, (3) Delitos contra el orden público, (4) Delitos de Tráfico de armas o explosivos, (5) Delitos contra las personas, (6) Delito de Sicariato, Autores Intelectuales, (7) Delitos contra la administración de justicia, (8) Delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia, (9) De los delitos contra la libertad de industria y comercio.

Es de hacer notar, que la anterior lista constituye parte del universo de actividades con los que un sector de la población puede procurarse recursos financieros de manera ilegal. Por ende, se puede señalar que la situación y la complejidad de la delincuencia organizada ha crecido, cobrando más fuerza y volviéndose aún más compleja, lo que afecta el desarrollo socioeconómico del país. Lo que era un fenómeno particular se ha convertido en un evento transnacional cuyo ámbito de operaciones involucra todos los niveles de las sociedades, como entes internos de cada país y sube a las esferas internacionales generando lazos difíciles de identificar y por ello, de romper.

Observándose, entonces, cierta relación entre la pobreza sufrida por algunos sectores de la sociedad venezolana y el incremento sostenido de la delincuencia, sin que esto signifique que ser pobre implique ser delincuente. Sólo revela que el poco dinero que poseen estas personas para sufragar sus necesidades le presionan para atender sus carencias. Sin considerar la presión que puede ejercer tener un cuadro familiar y no disponer de los recursos financieros para alimentarlos. Este cuadro socio-económico constituye un caldo de cultivo en una población con un nivel educativo bajo en situación de pobreza. (Torres, 2017, p.14). Esta enfermedad social es aprovechada por las organizaciones criminales para reclutar individuos y ponerlos a su servicio bien sea colocándolo en empresas aparentemente legales (empresas fachadas) y/o aprovechando que presten o vendan sus identidades (personas interpuestas) para efectuar aperturas de cuentas de ahorro, cuentas corrientes o solicitar lo servicios del sistema financiero sin que aparezcan los verdaderos dueños de los capitales.

La problemática social narrada reclama una política pública seria, por parte del estado donde el sector privado entienda conjuntamente con el público que debe procurar los cambios para que exista una mejor distribución de la riqueza, una mejor remuneración de la población económicamente activa, atacar los niveles de pobreza y muy especialmente la extrema, elevar los niveles académicos de la población, incrementar los puestos de trabajo, concertar las garantías de seguridad jurídicas y económica.

La dirigencia política, empresarial y los líderes comunitarios deben entender que la problemática social existente amenaza la paz social del país y por ende su propia seguridad; y no es con programas o planes de seguridad policial momentáneos que se resolverá esta situación. El problema reclama el aporte de sus mejores hombres, realizando políticas públicas acertadas y no acciones coyunturales basadas en la política para ganar el respaldo de la población.

Ahora bien, Enfrentarse al crimen organizado exige un cambio de mentalidad en los políticos, en las fuerzas de seguridad, en las bases de la sociedad, en los comerciantes, jueces, fiscales del Ministerio Público, los entes militares y sobre todo en la cultura de los pueblos, porque la mentalidad de las personas es mucho más compleja. Por ello, es importante tener presente que todo lo que desorganice la sociedad establecida, desarraigue a las personas, destruya la familia y debilite las normas y los valores establecidos alentará la aparición de organizaciones criminales, como medio para obtener dinero fácil que permita una vida, aunque corta, muy suntuosa.

Finalmente, como reflexión final se puede indicar que la situación socio-económica que presenta el país supone un esfuerzo mayor que invite a la participación de sus mejores voluntades para reducir los niveles de pobreza hasta llevarla a cero. Supone el desarrollo de políticas públicas que enfrenten la falta de empleo, la falta de capacitación de un buen sector de la población y sobre todo el combate frontal del crimen organizado debido a que ese cóctel de pobreza y delincuencia augura tiempos difíciles

 

  

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

Formacion_de_capital_en_america_latina.pdf

https://scioteca.caf.com/bitstream/handle123456789/1659/El%20desaf%20desarrollo.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (1993). Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, los delitos bancarios y financieros. Gaceta Oficial N° 4.636 Extraordinario de fecha 30 de septiembre de 1993.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2000). Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, Gaceta Oficial (37000) 26/7/2000

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2001). Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras. Gaceta Oficial N° 5.555 de fecha 13 de Noviembre de 2001. Decreto N° 1.526 03 de noviembre de 2001

 Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2003). Ley Contra la Corrupción (2005) Gaceta Oficial N° 5.637 Extraordinario de fecha 07 de abril de 2003.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2005) Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada; Gaceta Oficial Número: 38.281 del 27-09-2005

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2012). Ley Penal del Ambiente. Gaceta Oficial N° 39.913 del 02 de mayo de 2012

Convención de Palermo o Convención de Las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. Naciones Unidas. Resolución 55/25 de la Asamblea General, de 15 de noviembre de 2000

Gayraud, Jean Fracois.(2015). El G-9 de las mafias en el mundo. Barcelona. Ediciones Urano, 2015. Pp 220-228.

Mayorca, R. (2017). Delincuencia organizada y poder político en Venezuela. Programa de Cooperación en Seguridad Regional. Hans Mathieu Caracas. Venezuela. Pp.6

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (2002).Circular No. SBIF-UNIF-DPC-0463). (2002, Enero 22).

Torres Jiménez, Rafael S. (marzo 2018). Economía Paralela y su Impacto en el Tejido Social del Estado Venezolano. Trabajo no publicado. Valencia – Venezuela. Autor. p.48

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