Un nuevo Sistema Policial Mexicano; Las policías municipales como factores de cambio y la posible replicación de sistemas policiales de América Latina

La reforma en materia de Seguridad Pública promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde el año 2018 y llevada a la realidad el 27 de Mayo de 2019 con el Decreto publicado en el DOF por el que se expidió la Ley de la Guardia Nacional[1], se dio como una muestra clara de combate a la delincuencia organizada que tanto ha caracterizado a México en los últimos veinte años.


.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1], se dio como una muestra clara de combate a la delincuencia organizada que tanto ha caracterizado a México en los últimos veinte años.
El objeto de la Guardia Nacional, se puede encontrar claramente en el Artículo 4° de la Ley de GN, que estipula lo consiguiente; Artículo 4.- La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría.[2]

Ante la creación de la ya expuesta Guardia Nacional, surgieron debates y pensamientos diversos en la materia, principalmente salió a la luz la inconformidad y miedo de la ciudadanía por la clara militarización que se llevó acabo en las calles de todo México. Si bien se buscaba disminuir con la inseguridad y combatir de frente al crimen organizado, se llegó al daño colateral de la desconfianza de los ciudadanos para con los cuerpos de la Guardia Nacional.

La reforma de seguridad así entonces debió apuntar a la configuración de una policía más civil, democrática y eficiente, con un amplio reconocimiento ciudadano, lo cual claramente no sucedió de tal forma.

Dejando en claro la necesidad de implementar un nuevo Sistema Policial Mexicano partiendo desde las libertades conferidas por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo noveno, que expone lo siguiente;

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia…”[3]

En base a ello, la mejor forma para construir políticas públicas en materia de seguridad ciudadana es el municipio, que es el punto a partir del cual se deben enfocar los esfuerzos de reconstrucción policial para trascender posteriormente a las esferas estatales y federales.

Buscando siempre una institucionalización de los cuerpos de policías dentro del propio municipio, siendo necesario de esta manera contar con elementos claves para comenzar con la reforma policial desde abajo. Un elemento primordial es la profesionalización policial la cual atiende a que un policía profesional es un agente bien formado y altamente capacitado, que lleva a cabo un trabajo orientado por las reglas. No solo es importante dejar por sentado claramente qué hace la policía sino cómo lo hace.

Cabe mencionar entonces uno de los principios policiales peeleanos, creados por Sir Robert Peel, ministro interior británico en 1829; La policía, en todo momento, debe mantener una relación con el público que demuestre que la policía es la ciudadanía y el ciudadano es el policía. Los policías simplemente son miembros de la ciudadanía a los que se les paga para que presten plena dedicación a los deberes que incumben a todos en aras del bienestar y la coexistencia.

Por ello se requiere y es bien tomar de ejemplos algunos de los Sistemas Policiales aplicados en diversos países de América Latina y el Caribe, que si bien parten desde la esfera municipal han demostrado tener éxito, tal es el caso de Brasil, donde los gobiernos estatales y municipales de Belo Horizonte y Río de Janeiro combinaron estrategias innovadoras de intervención policial –para promover mayor efectividad en el cumplimiento de ley– con programas de atención social –para transformar la relación entre las comunidades afectadas y el gobierno–. En otras palabras, se implementó una política integral combinando medidas de control y prevención con la participación de los distintos niveles territoriales, que a su vez promovió la creación de nuevas instituciones/unidades con mandatos específicos –entre ellos, la Integración de Gestión en Seguridad Pública, el Grupo Especializado de Policía para Áreas de Alto Riesgo y las Unidades de Policía Pacificadora– y la implementación de reconocidos programas como Fica Vivo.[4]

Otro caso también son el “Cuadrante” de Chile y Colombia—el objetivo central ha sido apoyarse en la comunidad para desarrollar estrategias de combate a la delincuencia fuertemente localizadas.[5]

Otra forma policial implementada y conocida en América Latina es la llamada Policía Comunitaria, siendo esta un cambio organizacional, cultura policial y en el proceso de toma de decisiones sobre la prestación misma del servicio de vigilancia y la cercanía con la comunidad, donde las prioridades y los medios para alcanzarlas son definidos por la comunidad y la policía asignada a dicha área. Es decir, es un proceso y no un producto, que se organiza alrededor de tres elementos: participación ciudadana, resolución de problemas y descentralización.

Habiendo mencionado todo lo anterior queda expuesto entonces que la militarización de las calles no funciona como factor de cambio social en la percepción de seguridad con la ciudadanía en América Latina. Mostrando así que la policía es un actor fundamental para que el Estado cumpla con sus obligaciones para con todas y todos. Sin embargo, es fundamental que cuenten con las facultades legales y el respaldo presupuestal necesario para hacer su tarea adecuadamente así como la aprobación de la población en general.

Partiendo también desde la premisa de salarios dignos y competitivos para los cuerpos policiales así como exhaustivas capacitaciones para la óptima realización de sus labores en todo momento, siendo indispensable y urgente la creación de una Universidad Policial Mexicana, encargada exclusivamente de capacitar y educar a los futuros cuerpos de policía que patrullen las calles de México, teniendo requisitos especiales para la selección de los estudiantes policiales así como apoyo para aquellas personas que deseen ser policías y cumplan con todos los requerimientos pero no el sustento económico.

Concluimos pues mencionando la urgencia de la creación de un nuevo sistema policial en México, sin desaparecer a la recién creada e importante Guardia Nacional pero atribuyéndole únicamente la enmienda de trabajar en contra del crimen organizado en nuestro país y dejando las tareas policiales con los civiles a cargo de los nuevos cuerpos policiales. Es hora de que la ciudadanía mexicana se sienta y esté segura en las calles, no se quiere más abuso policial, mas acoso hacia las damas y mucho menos corrupción de las instituciones que se encargan de protegernos.

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[1] Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 27 de Mayo de 2019; dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561285&fecha=27/05/2019

[2] Ley de la Guardia Nacional, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 27 de Mayo de 2019

[3] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 5 de Febrero de 1917

[4] Chinchilla L. y Vorndran D., Seguridad Ciudadana en América Latina y el Caribe; Desafíos e innovación en gestión de políticas publicas en los últimos 10 años, Banco Interamericano de Desarrollo, Noviembre 2018

[5] Casas, K., Gonzalez, P. y Mesías L., La transformación policial para el 2030 en América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo, Noviembre 2018

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