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Además, la falta de una élite que pudiera
implementar un proyecto nacional hegemónico integrador y funcional, entre otros
factores, estableció formas violentas de relación entre peruanos que se
manifestó a través de una profunda crisis civilizatoria.
La sociedad peruana contemporánea registra
claramente este hito: antes de la barbarie de Sendero Luminoso y después de la
derrota de esta organización criminal. El mencionado movimiento subversivo
terrorista fue una amenaza fundamentalista que tuvo como fin la completa
desestructuración del Estado peruano.
Con la derrota de Sendero Luminoso, la eliminación
del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), otro de los movimientos
subversivos; el derrumbe del gobierno corrupto y violador de derechos humanos
de Alberto Fujimori, el retorno y alternancia de los gobiernos democráticos y
los esfuerzos por fortalecer las instituciones públicas en una democracia, el
Perú entró a un período de postconflicto, etapa transicional que todavía no ha
terminado.
A puertas de la celebración del Bicentenario de la
Independencia nos encontramos en un período de reconstrucción nacional, y el
grado de violencia presente antes, durante y después del conflicto armado
interno sigue marcando las relaciones sociales entre peruanos.
Asimismo, la violencia social ha trascendido los
esfuerzos, muchas veces lentos y frustrantes, del Estado y la sociedad por
fortalecer instituciones públicas que lleguen a todo el país y construir por
primera vez una ciudadanía inclusiva de las mayorías excluidas.
Así, si bien la tortura y los tratos crueles,
inhumanos y degradantes es la modalidad de violación de los derechos humanos
más extendida en el Perú, el Estado peruano realiza acciones insuficientes para
prevenirla y sancionarla, sin dar plena garantía de acceso a la justicia a las
víctimas y a la debida reparación en su dimensión integral. El Estado no cuenta
con lineamientos especializados para la rehabilitación de la persona torturada.
En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de
la Tortura, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) subrayó la importancia
del derecho a reparación, incluida la indemnización y la rehabilitación de las
víctimas de la tortura. El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General de la
ONU proclamó el 26 de junio como una forma de sensibilizar respecto del derecho
de reparación de las víctimas de este crimen contra la humanidad.
La Declaración Universal de Derechos Humanos en su
artículo 5 dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos y degradantes. De igual forma, la Convención Contra la Tortura y
otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, adoptada y abierta a la firma,
ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984
contribuye a que los Estados parte trabajen a favor de la abolición de la
tortura.
La Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) en La tortura en el Perú hoy: Diagnóstico y
propuestas (https://tinyurl.com/yfawzesf) señala en el cuarto
capítulo “Compromisos pendientes del Estado peruano y recomendaciones”: “Desde
1988 el Estado peruano es parte de la Convención contra la Tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; así como de su Protocolo Facultativo
desde 2006, los cuales tienen el mismo propósito de prevenir la tortura en
todas sus modalidades. Este Protocolo establece la obligación de los Estados
parte de constituir organismos nacionales para la prevención de la tortura”.
El texto también recomienda que el Estado debe
asegurar “que en todos los casos donde se haya determinado la responsabilidad
del mismo por actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes,
se cumpla con la obligación de proporcionar reparaciones adecuadas a las
víctimas”.
En el informe “Promoción y protección de todos los
derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo” (2020) (https://tinyurl.com/5ztsf4je) del Relator Especial sobre
la Tortura de la ONU Nils Melzer, se señala en la sección “Cibertortura”: “Una
esfera que suscita especial inquietud y no parece haber recibido suficiente
atención es el posible empleo de diversas formas de tecnología de la información
y las comunicaciones (‘cibertecnología’) con fines de tortura”.
El Estado peruano
debe procurar cooperar en la lucha contra toda forma de terrorismo.
