Defendiéndonos de la democracia y del “nuevo derecho”

Los gruesos hechos que sacuden la “normalidad” del país [“político y nacional”], dejan al descubierto la fragilidad del constructo de nación que hemos logrado en más de dos siglos de historia, lo que nos atrevemos a significar con H. Maturana, repitiendo su pregunta fundamental: “qué está vivo”.

 

. Maturana, repitiendo su pregunta fundamental: “qué está vivo”.
Discurrimos en estos tiempos, cual puntos suspensivos, prisioneros entre los signos de toda interrogación posible y sin posibilidad de escape a la vida, digna y libre como respuesta, en tanto “necesidad y temor”, sus feroces carceleros, extraviaron y adrede, las llaves de todos los cerrojos.

Así, hemos imaginado y creado toda una infinita gama de respuestas que encuentran la mayoría de veces un correlato confirmatorio en toda suerte de externalidades; de otro modo, hemos sido interferidos agresivamente, no solo en la vida humana, personal y familiar, sino en la social y desde distintos puntos de ataque.

¿Cuál fue el detonante de la crisis? ¿La reforma tributaria? Sería tanto como dar crédito de verdad absoluta a que la batalla del Puente de Boyacá que selló el nacimiento de un nuevo país, tuvo su estopín en la algarabía del 20 de julio, suscitada entre un criollo y un español y por causa del florero cuyo préstamo fue negado.

La crisis, no es fácil develarla en su prístino origen, que sin duda alguna es multicausal, pero, lo que sí tiene grado de verosimilitud es que la pretendida “reforma tributaria”, no fue tampoco el nuevo “florero de Llorente”, ni la gota que rebosó la copa.

Es cierto que la Constitución de 1991 en su artículo 37 consagró como derecho fundamental la “protesta pacífica”, en los términos de: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente…”; es decir, estamos frente a un derecho fundamental y no habría discusión respecto de su entidad, pero, también es sabido que muchos de los derechos fundamentales no son absolutos y que el legislador puede condicionarlos, pero nunca jamás hasta el punto de aniquilarlos, extinguirlos o hacerlos ineficaces.

Los hechos violentos y desgraciados que han significado la muerte o el lesionamiento de seres humanos [manifestantes, vándalos, policías], el daño no solo al patrimonio económico de grandes, medianos y pequeños empresarios y dueños de negocios de mera subsistencia, no tienen justificación de ninguna clase, como tampoco el bloqueo de vías, la pérdida de alimentos transportados, el desabastecimiento de ciudades y poblados, el ataque a las misiones médicas, ni la muerte de personas enfermas y mucho menos la vida del que está por nacer y que muere dentro de una ambulancia a la que no se le otorga el paso, como tampoco impedir el paso a los vehículos cisterna que transportan el oxígeno medicinal y los que transportan leche o combustibles, etc., como tampoco se justifican, nunca jamás, los daños patrimoniales y extrapatrimoniales causados a bienes privados de grandes, medianos, pequeños empresarios y de familias en pequeñas unidades económicas, a los trabajadores y en general a las personas y ciudadanos que no participan activamente de la protesta. 

¿A quién corresponde la plena garantía que la manifestación pública sea pacífica? Es pregunta cuya respuesta, al menos, en el contexto de la civilidad y la democracia supone el acatamiento y el respeto al ordenamiento jurídico, cuya mayor exigencia de acatamiento y respeto ha de hacerse y ha de recaer sobre cada manifestante activo. 

De lecturas de los varios teóricos de los modernos “fundamentalismos constitucionales”, [a eso pretenden llevar los derechos fundamentales] y para el caso del derecho a la manifestación pública y pacífica en Colombia, es por lo menos necio pretender vender la imagen que la actual protesta haya surgido por mera civilidad y por mero y espontáneo contagio del sentir popular corrido a voces entre un vecindario. 

Que hay una organización y una logística y un alto componente financiero, no deja ninguna duda, como tampoco queda ninguna duda que son muchísimos más los intereses-motores que confluyen en la movilización nacional, los cuales no alcanzan a ser diluidos, ni difuminados bajo las arengas y consignas de causas de justicia social y del abierto populismo justicialista y por mucho que también exista una realidad inocultable de desempleo, inequidad, pobreza, “subversión-corrupción” público-privada que no solo abarca componentes económicos, sino también jurídico-legales y hasta a la misma función pública jurisdiccional, facilitada por la “lógica subjetiva de lo conveniente”, que altera el derecho fundamental a la seguridad jurídica y que es violencia que se suma a la violencia de todos los pelambres que nos azota, pero  que tampoco pueden justificar el desmadre de la protesta y menos generando coerción ilegítima  desde la dualidad “necesidad-miedo” y daño a quienes, ni comparten, ni participan de la protesta, por diversas razones y por más que todas ellas son iguales de respetables.

El mismo genio “vidente” de Bolívar le dedicó a la patria colombiana su sentido de futuro: “Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro”, expresión lapidaria del Libertador que conoció y advirtió sobre la gran capacidad de dividir y la debilidad para ser dividido que tiene el pueblo colombiano.

Hechos posteriores lo confirman y basta citar la “separación” de Panamá y su sórdido proceso que involucra hasta traición a la patria y con origen amarrado a la intestina guerra de los 1000 días y otros incidentes territoriales no menos importantes que han significado pérdida de gran parte del territorio nacional y hasta la más reciente respecto del archipiélago de San Andrés. 

Advertimos aquí y ahora: no tenemos afectos y menos vínculo alguno con las familias de “ismos” o “istas” partidistas, de centros o de extremas en el escenario nacional, con absolutamente ninguno y que, quiérase o no, son los actores protagónicos de la actual tragedia que viven: “el país político y el país nacional”. 

Unos y otros y desde cada orilla de nuestra pretendida vocación democrática, tienen significativas culpas en lo que nos acontece, en tanto son el mismo alimento y combustible que actualmente incendian a Latinoamérica, en un discurso circulante hecho de arengas y consignas, de odios y rencores, azuzador y enardecedor de un populismo justiciero, no de reivindicación, sino de vindicta. 

Seguir pensando que lo que nos pasa, es asunto parroquial, es la gran equivocación, pues Colombia como país tiene un alto valor en la geopolítica continental latinoamericana, valoración no oculta a las voces del Foro de Sao Paulo y otras cumbres guerrilleras que fungen como agentes del expansionismo del régimen cubano, proceso que ha copado varias décadas y fijó la atención de otras naciones democráticas del mundo. 

Llama la atención del “protestódromo nacional”, que la “primera línea: comité nacional de paro-arengas-consignas-acciones”, derivan su mayor fortaleza discursiva del ordenamiento jurídico, especialmente de la Constitución y del Bloque de constitucionalidad a cuya sombra el derecho fundamental a la protesta pública y pacífica como que ampara todas las demás contingencias (previsibles y previstas) de su devenir violento y como si naturalmente dichas acciones y sus consecuencias debieran permanecer no solo anónimas, sino impunes y los actores inmunes respecto de las responsabilidades por las ilicitudes. 

Han tirado la “cobija constitucional” de una punta, dejando “descobijados constitucionalmente”, a otra inmensa masa de ciudadanos que no comparten esta forma de expresión ciudadana, violenta e indiscriminada y de cuyos “derechos fundamentales”, no hemos oído, ni leído ningún pronunciamiento del “olimpo jurídico nacional de la protesta”. 

Así, a tono con las tesis del “neoconstitucionalismo” y del “nuevo derecho” y su concreción en los distintos países latinoamericanos como el “nuevo constitucionalismo decolonizador”, le asiste toda la razón a J. Ferrer para sostener que se ha extendido como una “de las plagas más mortíferas” y sin que sean menores las críticas de García Amado y otros y que alcanzan a Dworkin, Alexy, Atienza, etc., y en relación con los llamados principios y valores consagrados en la Constitución, desde donde se aprecia [ en los casos colombiano y chileno, etc.] el ascenso de las teorías de la “derrotabilidad del derecho o de la existencia de normas jurídicas derrotables, derrotadoras y derrotadas” en los ordenamientos jurídicos nacionales y con cierto respaldo en no pocas normas pertenecientes al conjunto del derecho internacional, que dejan en evidencia la fragilidad del ordenamiento jurídico colombiano y el restringido ámbito de acción legítima de las autoridades públicas y el ya casi imposible uso de la legítima fuerza coercitiva del Estado, por abrogación de facto del inciso 2° del artículo 2° de la Constitución. 

Diríamos que las autoridades de la República, instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, no pueden proteger a todas las personas residentes en Colombia, porque en el ordenamiento jurídico nacional, hay “normas derrotadoras, normas derrotables y normas derrotadas”, de tal modo que ante el derecho fundamental a la manifestación pública y [no]pacífica de parte del pueblo, ante sus “principios y valores subyacentes”, también y necesariamente deben sacrificarse [ceder] los demás derechos fundamentales y sus principios y valores subyacentes, estatuidos por igual para las personas que no participan de la manifestación pacífica [y menos de la no pacífica]  y con absoluta prescindencia  de que sean sus derechos fundamentales a la vida-salud, la libertad, trabajo, libre empresa, libre circulación y la misma dignidad humana, etc. y el no menos despreciable de acceder a la justicia en procura de dudoso resarcimiento de los perjuicios que han sufrido, pero, habrá de ser intentado, lo que de antemano conlleva que cualquier indemnización que se obtenga, no ha de ser más que una “autoindemnización” a la que poco han contribuido, ni habrán de contribuir los perpetradores de daños y perjuicios. 

En este escenario “Constitucional y jurídico-legal”, ¿Se precisará de infiltrar la manifestación con vándalos? ¿Cómo son las arengas, las consignas, los cánticos [efectos militares], que “artísticamente” ruedan en la manifestación, además de “órdenes e instrucciones” en alguna parte centralizadas? 

Es el nuevo derecho fundamental al “libre desarrollo de la manifestación…” 

Hablar de vándalos y hacer vandalismo terminó siendo el quid del asunto; es elemento táctico, estratégico y perfectamente anónimo, para estructurar el discurso deslegitimador de la autoridad del Estado, convocar a los correligionarios nacionales e internacionales y la atención de sus “propios tribunales” y sus “propios juristas”, además de los medios de todo el mundo. Es el mismo objetivo toral del escueto terrorismo a nivel mundial: publicidad. 

He aquí en todo su furor la fuerza descomunal de la “racionalidad práctica”, de la razón matemática de “la moral” en la “satisfacción de un principio y la lesión de varios principios”, la escueta “ponderación”, hacia la concreción de la “única respuesta correcta”, que no es otra que la impuesta por la fuerza de los hechos en la lectura del artículo 37 de la Constitución, cuyo texto ya no es el mismo, pues sus fines prácticos quedan reducidos a que: <
UNETE



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